ARA San Juan: una deuda dolorosa



La causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, con la muerte de sus 44 tripulantes, ha mostrado pocos avances e incomprensibles omisiones que hacen dudar de una efectiva búsqueda de justicia por parte de las autoridades.

Como reveló esta semana este diario, los testimonios acerca de las malas condiciones en las que se encontraba el submarino y los numerosos incidentes que padeció meses antes del fatal accidente plantean demasiados interrogantes sobre negligencias e incluso posible corrupción en su reparación y mantenimiento, al mismo tiempo que la investigación sobre las fallas en la búsqueda tras su desaparición y las razones del hundimiento siguen teniendo numerosos puntos oscuros.

El ARA San Juan perdió contacto con la Armada en la mañana del 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba desde Ushuaia al apostadero de la Base Naval Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. Tras un año de angustia e incertidumbre para los familiares y allegados de sus 44 tripulantes, la búsqueda llegó a su fin. El 17 de noviembre de 2018 se anunció que la nave de la empresa privada Ocean Infinity halló los restos a 907 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. El Ministerio de Defensa, muy cuestionado por el manejo de la situación durante la desaparición del submarino, anunció que no dispone de recursos para bajar al fondo del mar a investigar y menos para rescatar restos del navío.

De los testimonios que reprodujo este diario, queda claro que varios de los tripulantes habían adelantado a sus familias que el antiguo submarino, pese a una costosísima restauración realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner, estaba en malas condiciones antes de la tragedia, y que, ya en el gobierno de Mauricio Macri, la Armada decidió ignorar las advertencias y lo mantuvieron en servicio de vigilancia de las costas australes del país bajo duras condiciones climáticas. Cortes de luz, principios de incendio, fallas en las válvulas, entre otros problemas, generaron varios incidentes, que quedaron registrados en videos e imágenes de los celulares o documentos escritos por los tripulantes antes del hundimiento.

Hoy este diario revela que incluso el submarino quedó a la deriva por cuatro horas durante el viaje anterior a la tragedia.

Sin embargo, a pesar de que son varios los familiares que podrían aportar valiosas pruebas para la investigación, han sido prácticamente ignoradas por la jueza Federal de Caleta Olivia que tramita la causa. Esta semana, la exhibición del video que tomó el Ocean Infinity de los restos del submarino solo sirvió para sumar polémica. Los familiares de las víctimas se quejaron de cierta familiaridad de la magistrada con el personal de la Armada encargada de trasmitir las imágenes y algunas actitudes que consideraron irrespetuosas.

Al mismo tiempo, el análisis de los restos hizo que algunos expertos dudaran de la teoría oficial del “error humano” y la “fatalidad” como causa del naufragio. El abogado de la querella se quejó de que la jueza ignora sistemáticamente el pedido de que el material, con más de 67.000 imágenes y algunos videos, pueda ser procesado y analizado por expertos y peritos del exterior, con mayor capacidad técnica y experiencia que los locales, y para evitar las sospechas de que la Armada pudiera direccionar la investigación, ocultando su responsabilidad en el hecho. Como si esto fuera poco, las esposas e hijos de los 44 tripulantes fallecidos están en una situación económica muy compleja, dado el lento avance de la causa y la investigación, y la burocracia que ha demorado el pago de las pensiones, seguros e indemnizaciones.

A más de un año de la tragedia, las causas exactas del hundimiento del ARA San Juan y los errores en su reparación, mantenimiento y operación siguen en una nebulosa que solo acentúa el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos mientras prestaban un valioso servicio de custodia de los intereses del país y la soberanía en nuestras costas. Es penoso que a estas alturas el Estado argentino no haya podido entregarles el mínimo de certidumbre y justicia que merecen.


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