Aranguren declara por presuntas negociaciones incompatibles cuando era ministro de Energía
La causa se inició por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.
El exministro de Energía, Juan José Aranguren, presta declaración indagatoria en la causa que se investiga si participó de «negociaciones incompatibles con la función pública» por haber tomado desde el gobierno decisiones que habrían beneficiado a la petrolera Shell cuando todavía era accionista de esa compañía.
La indagatoria estaba prevista para mañana, pero el viernes pasado el juez Luis Rodríguez dispuso que fuera reprogramada para hoy a pedido de la defensa del propio ex funcionario, que invocó “problemas de agenda”.
Desde el entorno del exministro dejaron trascender que ya ofreció, por escrito, algunas explicaciones en el expediente y que en la audiencia de hoy tiene previsto responder todas las preguntas que se le hagan.
En la causa se investiga a Aranguren por supuestas «negociaciones incompatibles con la función pública», por haber encabezado el Ministerio de Energía cuando todavía era accionista de la empresa Shell.
La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, exCEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell», que vendería meses después.
Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.
También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia», lo que habría puesto «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».
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