Ruta del dinero K: avalaron el video de “La Rosadita” como prueba

La Cámara Federal de Casación Penal avaló hoy como prueba la filmación que muestra a Martín Báez, entre otros, contando 5,3 millones de dólares en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Fuentes judiciales indicaron que la Sala IV del máximo tribunal penal rechazó un planteo que había hecho Sebastián Pérez Gadín, hijo del contador de Báez y uno de lo protagonistas del video, para que se anularan esas imágenes como prueba en base a la supuesta violación del derecho a la intimidad.

Esa grabación fue hecha en 2012 por las cámaras internas de las oficinas de la financiera y la emitió Canal 13 -en enero último en el noticiero Telenoche-, pero en la justicia había sido objetada como prueba por la defensa de los imputados.

La difusión al público hizo que el juez federal Sebastián Casanello diera un nuevo impulso a la causa y llamara a indagatoria al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, que terminaron procesados con prisión preventiva.

Pero la defensa de Pérez Gadín hijo, otro de los procesados en la causa por supuesto lavado de activos (conocida como “ruta del dinero K”), la había objetado como prueba válida y presentó un recurso en la justicia.

Ahora los camaristas de la Sala IV de Casación, Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, descartaron que el video signifique una “violación al derecho a la intimidad”.

El cuestionamiento hacia esa filmación “no logra, de ningún modo”, demostrar su supuesta ilicitud, dijeron.

“No se puede aducir con éxito la invalidez indiscriminada de una prueba incorporada al proceso si no se demuestra fundadamente que, en el caso concreto, dicha incorporación resulta incompatible con los principios constitucionales que deben primar ante los procedimientos judiciales”, dijeron los camaristas.

Tanto Casanello como la Sala II de la Cámara Federal habían avalado el video como una prueba válida, y ahora Casación lo ratificó.

Luego de la difusión del video y la declaración como “arrepentido” del intermediario Leonardo Fariña, el 18 de abril último Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y a Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martín y Sebastián; el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita), César Fernández, y el titular de la empresa aérea Top Air, Walter Zanzot.

Esa resolución está siendo revisada por la Sala II de la Cámara Federal, mientras que Casanello avanzó en otro capítulo de la supuesta maniobra de lavado de dinero por la transferencia de casi 209 millones de pesos de parte de la empresa suiza Helvetic Services Group SA a las cuentas de Austral Construcciones.

Báez admitió que su empresa recibió aquellos fondos y aseguró que se trató de un préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”, pero justificó que se trato de una operación bancarizada y negó ser el dueño de Helvetic, la sociedad que según el financista Federico Elaskar -otra de las personas que develó supuestas operaciones de Báez- compró su financiera SGI.

Casanello debe resolver la situación procesal de los Báez y de otros imputados en esta maniobra, como el abogado Jorge Chueco, mientras sigue vigente el pedido de captura del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic.

Esta semana, además, declaró en la causa el ex titular de la AFIP y actual jefe de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, cuya situación procesal también debe resolverse.

El juez consideró al llamarlo a indagatoria que Echegaray habría dado protección a Báez al supuestamente desactivar una investigación sobre una red de facturas “truchas” descubierta en Bahía Blanca.

Foto: Télam.

El cementerio de la ciudad santacruceña de Río Gallegos, donde yacen los restos de Néstor Kirchner, fue allanado hoy en busca de más documentación para la causa que investiga el financiamiento y funcionamiento del mausoleo del expresidente.

Los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) realizaron el operativo en las oficinas administrativas del camposanto pero en ningún momento accedieron al mausoleo, informaron fuentes del caso a DyN.

También llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del área de catastro de la Municipalidad de Río Gallegos, por disposición del juez federal Sergio Torres que lleva la causa en que se investigan las obras del mausoleo.

Foto: Télam.

Ya el 15 y 23 de abril pasado el magistrado había ordenado allanamientos tanto en oficinas de la Gobernación santacruceña como en la sede de Austral Construcciones SA, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, que habría levantado el mausoleo.

En esta causa la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra imputada de supuesta violación a la Ley de Etica Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones.

Foto: Télam.