El mundo al revés
En otras circunstancias, el que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se haya convertido en una militante enfervorizada de pagar la deuda pública cueste lo que costare, y que tal postura le haya merecido el respaldo apasionado de quienes hasta hace poco se proclamaban resueltos a luchar contra el maligno capitalismo apátrida, podría tomarse por una señal de que la Argentina estaba por reintegrarse, con entusiasmo desbordante, al sistema internacional, pero en las actuales sólo ha servido para sembrar más confusión. Para la “mayoría sui géneris” y “rejunte político” legislativo que según Cristina “sólo quiere obstruir” para que “no funcionen las instituciones”, no es cuestión de lo conveniente que sería abandonar la estrategia del ex presidente Néstor Kirchner de tratar a los acreedores como si fueran estafadores miserables resueltos a depauperar todavía más a los argentinos, sino de la negativa de su esposa a resignarse a que vivamos en una república y que por lo tanto le sea necesario respetar la Constitución. En la arenga que se difundió el jueves por la cadena nacional, Cristina dio a entender que de ahora en adelante gobernará sin prestar atención al Congreso y a la Justicia. Tal actitud es idéntica a la del entonces presidente peruano, Alberto Fujimori, cuando en abril de 1992 cerró el Congreso de su país por obstaculizar su programa político. Por fortuna, es nula la posibilidad de que Cristina lo emule con la ayuda de las fuerzas armadas. Le guste o no –y la verdad es que no le gusta para nada–, no tiene más alternativa que soportar la presencia del “rejunte político” al que tanto desprecia. Las distintas agrupaciones opositoras se ven frente a un dilema muy ingrato, lo que no sería el caso si fueran tan “destituyentes” como dice la presidenta. Mientras que algunos dirigentes, como el peronista bonaerense Francisco de Narváez, creen que les corresponde “conservar la mesura”, absteniéndose de “echar más leña al fuego”, otros, entre ellos la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no están dispuestos a dejarse intimidar. De imponerse la tesitura recomendada por De Narváez, la oposición correría el riesgo de brindar una impresión de impotencia, lo que permitiría al gobierno kirchnerista actuar como una dictadura comparable con la instalada en el Perú por Fujimori, pero si la mayoría legislativa, y la Justicia, opta por privilegiar sus atributos constitucionales, no habrá forma de impedir que la crisis que se ha desatado culmine con “la destitución” de la presidenta o, lo que sería menos traumático, con elecciones adelantadas, ya que es apenas concebible que la situación que se ha creado se mantenga hasta diciembre del 2011. Para desprestigiar a la oposición, Cristina insiste en que lo único que sabe hacer es criticarla, ya que sus líderes no han planteado alternativas coherentes a las políticas oficiales. El argumento así supuesto resulta eficaz. Muchos sospechan que la razón principal por la que los radicales, peronistas disidentes, macristas y seguidores de Carrió juran querer que la presidenta termine su mandato en la fecha estipulada tiene menos que ver con su compromiso con las instituciones, que con el temor a ser obligados a encargarse de un país que tarde o temprano se verá constreñido a someterse a un ajuste brutal o precipitarse en otra crisis económica inmanejable. Si Cristina posee una estrategia racional, ésta consistirá en emplear todos los medios a su disposición para convencer a la ciudadanía de que la oposición fragmentada es tan débil que sencillamente no estaría en condiciones de gobernar la Argentina y que, por antipáticos que parezcan, ella y su marido son los únicos que tienen las agallas necesarias para una tarea tan hercúlea. A menos que la oposición logre mostrar que los Kirchner están equivocados y que sí sería capaz de formar un gobierno a un tiempo fuerte y coherente, el desánimo que siente la ciudadanía ante el conflicto entre una pareja burdamente autoritaria por un lado y una mayoría legislativa desorientada, por el otro, asegurará que pronto oigamos nuevamente el grito desesperado de “¡Que se vayan todos!” con el que, a fines del 2001 y comienzos del 2002, tantos manifestaron su falta de confianza no en algunos políticos determinados sino en toda la clase política nacional.
