Bajan imputación a Bardeggia, con incumplimiento y multa de $12.500

Una imputación de fraude a la administración pública en contra de un funcionario provincial concluirá con un acuerdo judicial, bajando la acusación a incumplimientos de los deberes y la pena de inhabilitación a cargo público por un mes y una multa de 12.500 pesos.

La investigación judicial se extendió por seis años y se centró en la acusación al ex interventor del IPPV, Luis Bardeggia por la permuta de tierras con el municipio de Roca en el 2012. La denuncia fue planteada por el ex legislador Alejandro Betelú.

En principio, cuatro jueces coincidieron en “fraude a la administración pública”, empezando en el 2015 con el procesamiento dictado por Fabio Igoldi y ratificado al otro año por la Cámara en lo Criminal -integrada por Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Carlos Reussi- aunque este tribunal anuló el “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Estableció así una revisión por parte de la Fiscalía y se ingresó en el nuevo Código procesal, cuya estrategia se confirmó ayer cuando el fiscal Juan Pedro Peralta afirmó no tener pruebas para sostener la acusación de fraude y planteó el incumplimientos del artículo 249, que equivale a un mes de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 12.500 pesos. Propuso un abreviado que fue aceptado por los defensores Juan Carlos Chirinos y Angel Curci. Falta ahora la resolución del juez Adrián Dvorzak.

El delito finalmente quedó reducido a la omisión de las intervenciones de Obras Públicas y de la Fiscalía de Estado en el expediente del IPPV. Antes, la Cámara entendió que “Bardeggia dispuso de modo impropio las tierras” de la provincia y generó “un millonario perjuicio al erario público” al favorecer “indebidamente” al municipio de Roca. Explica que el predio cedido “estaba valuado en casi 16 millones de pesos” y el entregado “solo trepaban a un poco más de cuatro millones”.

Al cierre de la audiencia, Bardeggia resaltó “el daño” que se lo ocasionó en estos seis años y cargó contra el fiscal Hernán Trejo y el camarista Bustamante. Contrapuso al primero con que a él lo imputó pero que “no formuló cargos en ocasión de las cesión a extranjeros de tierras fiscales, entre ellos, al grupo Burco”. Bardeggia -como legislador- denunció esas transferencias.

El ex interventor -que fue luego diputado nacional- negó todo perjuicio al Estado y sólo admitió falencias administrativas, a partir que “ se debían completar rápidamente los trámites para obras escolares”. Explicó que las tierras originalmente eran del municipio, cedidas al IPPV para viviendas.

Corta audiencia, tras una postergación inicial al mediodía porque Bardeggia no había llegado. Dvorzar dispuso esperar tres horas y retomar a las 16,30. Pero, se hizo antes y a las 16 había concluido, sin otra presencia que el juez y las partes.

En el 2011, en el gobierno de Carlos Soria, Bardeggia asumió como ministro de Producción y Alberto Weretilneck lo pasó al IPPV. Aún en el 2012, esa administración mantenía estrecho vínculo con Martín Soria.

La causa tuvo su derivación roquense, pues Igoldi en el 2015 dispuso allanamientos a ese municipio porque las tierras logradas fueron vendidas a Changomas. Ese trámite judicial tuvo sus cruces ya que coincidió con el proceso electoral y se exigió la intervención del STJ porque en los tribunales roquenses se resistían al allanamiento. Al final, con la diligencia, las autoridades locales entregaron la documentación y Soria cuestionó al magistrado, a Weretilneck y a Betelú.