Banqueros y policías

Para algunos, el asunto es muy sencillo: es deber de los banqueros conocer todos los detalles sobre las actividades económicas de sus clientes y también lo es del Banco Central enterarse de todo cuanto hacen las entidades que conforman el sistema financiero argentino.Otros, de ideas igualmente nítidas, insisten en que es necesario que los bancos respeten el derecho a la privacidad de los depositantes – pero no, huelga decirlo, de los deseosos de conseguir préstamos – y que el Banco Central se limite a temas más bien macroeconómicos. He aquí la razón básica del contraste entre la reacción de ciertos políticos, los cuales dan por descontado que si se efectúan operaciones de lavado de dinero en el país es por culpa del presidente del Banco Central, Pedro Pou, y aquella de algunos banqueros que parecen creer que, lo mismo que los psicólogos y los confesores católicos, no les es dado decir una sola palabra a nadie sobre los «secretos» ajenos que lleguen a sus oídos. Mientras que distintos políticos juran no tener la más mínima duda en cuanto a la responsabilidad de Pou, actitud que, desde su punto de vista, es lógica pero que no soñarían con asumir cuando fuese cuestión de las consecuencias concretas de medidas tomadas por sus congéneres, los financistas afirman sentir alarma por lo que consideran podría desatar una invasión intolerable de su propio ámbito por una horda de legisladores resueltos a descubrir lo que a su juicio constituiría evidencia irrefutable de criminalidad.

Por supuesto, en el mundo real las reglas que se aplican suelen ser menos tajantes de lo que quisieran los ideólogos de uno y otro bando. En países auténticamente capitalistas, las autoridades vigilan desde cerca a los bancos, y éstos a sus clientes, sin por eso desconocer que nunca lograrán averiguar absolutamente todo, y por su parte los banqueros se cuidan de revelar datos a menos que tengan motivos muy buenos para creer que corren el riesgo de convertirse en cómplices de delincuentes. Se trata de una situación incómoda tanto para los gobernantes como para los banqueros y para minimizar los perjuicios que provocarían conflictos es preciso que todos actúen con cierta moderación, confiando lo más posible en la buena voluntad de los demás y aceptando que con toda probabilidad los eventuales errores se deberán a los fallos inevitables de los controles, no a la negligencia o peor de las autoridades o de los directivos de los bancos.

Pues bien, el Banco Central sí ha intervenido en ocasiones a fin de recordarles a Raúl Moneta y a otros banqueros que les convendría conocer mejor a sus clientes, sobre todo a los habituados a operar en sociedades domiciliadas en lugares frecuentados por los deseosos de ocultar el origen de sus fondos, de suerte que Pou ha podido defenderse en base a los textos de los mensajes que fueron enviados por la institución que encabeza al Banco República y a su afiliado, el Federal Bank. Aunque el interés que mostró el Banco Central en las actividades de Moneta y las críticas que formuló sobre la presunta falta de control podría interpretarse como una maniobra destinada a encubrir su propia voluntad de estimular el lavado de dinero en el país, para probarlo de manera convincente sería necesario contar con evidencia mucho más concreta que la actualmente disponible. Después de todo, también existe la posibilidad de que en ocasiones el Banco Central de la República Argentina, lo mismo que sus equivalentes de todos los demás países, haya sido engañado por criminales de guante blanco. He aquí el motivo por el cual tanto los banqueros privados como los economistas que están dispuestos a convivir con el capitalismo moderno se sienten seguros de que la ofensiva contra Pou tiene más que ver con la política que con la necesidad innegable de obligar a los lavadores de dinero realmente sucio a intentar blanquearlo en otra parte. Les ha perturbado la extrema vehemencia de los ataques porque a su entender es desproporcionada con relación a la evidencia, porque no les resulta convincente la idea de que el presidente del Banco Central sea forzosamente partícipe de todos los delitos financieros perpetrados en el país y porque dan por descontado que de ser Pou dueño de un perfil político distinto a sus adversarios no se les hubiera ocurrido tratar de removerlo.