Bariloche pierde lugar en el gabinete de Weretilneck
La renuncia de Silvina Arrieta dejó solo a un representante de la ciudad entre los ministros del gobierno rionegrino. Ningún barilochense superó los dos años en el cargo.
Bariloche pierde lugar en el gabinete de Weretilneck
El anuncio del gobernador Alberto Weretilneck terminó por marcar la retirada del tercer barilochense que ocupó el Ministerio de Turismo. Ángel Robira Bosch, Mariana Giachino, y ahora Silvina Arrieta pasaron a engrosar el listado de funcionarios que no culminaron su mandato.
Los tres barilochenses llegaron con el aval del empresariado local. Un espaldarazo que no pasó por alto Weretilneck en cada oportunidad.
En promedio, cada Ministro de Turismo mantuvo una gestión de dos años. En todos los casos fueron los funcionarios quienes presentaron sus renuncias y, a excepción de Arrieta que ejercía como Secretaria de Turismo, los candidatos llegaron desde el sector privado.
La exministra dejará el cargo luego de un año fuera de la escena pública en Bariloche. En abril del 2016 enfrentó una dura acusación, que incluyó una orden de desalojo a una anciana de 95 años, y desde entonces continuó al frente de la cartera pero evitando exponerse en su ciudad.
La acusación de Carolina Zirn marcó a fuego a Silvina Arrieta. Apuntó contra ella como una de las presuntas responsables de la venta de las tierras que ocupó desde 1974.
El abogado de la anciana dijo, oportunamente, que la mujer vendió el 25 por ciento de una propiedad del barrio Pinar de Festa a la exministra y le firmó un poder especial irrevocable con efecto post mortem para que pudiera escriturar.
En 2006, la mujer le vendió a Arrieta el otro 25 por ciento de la parte del terreno que le pertenecía a cambio de 50.000 pesos y le firmó otro poder, creyendo que se trataba de una forma de recibir ayuda con la administración del predio.
Arrieta se limitó a decir que intentó ayudar a Zirn pero que la mujer estaba siendo “digitada” para acusarla, se encargó de demostrar que fue sobreseída dos veces ante denuncias por fraude y abuso de confianza, y hasta dijo contar con el apoyo del gobernador.
El caso tomó estado público en abril pasado, tras la notificación del desalojo, y tuvo amplia repercusión en la comunidad.
En las semanas siguientes se organizaron campañas para reunir firmas y suspender la medida, e incluso la Apdh terminó por intervenir exigiendo que los poderes públicos lleven “tranquilidad definitiva” a la mujer respetando los pactos internacionales por sus derechos sociales.
El caso se cerró con el acuerdo al que llegaron con los nuevos titulares de las tierras, quienes permitieron que Zirn permaneciera en su casa hasta el día de su muerte.
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