Blindaje político y gremial al ADOS frente al inminente remate
En una conferencia de prensa, expusieron la situación de la cooperativa de Salud ante la posibilidad que se avance en la subasta del edificio. Hubo un fuerte respaldo del arco político. Los convenios con el PAMI están cada vez más cerca.
Hubo un fuerte respaldo para evitar el remate del edificio del ADOS. (Oscar Livera)
La quiebra del policlínico ADOS realizada en 2004 dejó una gran deuda. Gran parte de ella fue saldada por la cooperativa a cargo del centro de Salud mediante el pago de un canon mensual por el uso del edificio. Rige una ley que impide el remate de edificios destinados a la Salud hasta marzo de 2022. Sin embargo, desde la cooperativa anunciaron que la jueza avanza con el proceso de remate y que la fecha está fijada para el 9 de noviembre. Hoy hubo un fuerte respaldo y blindaje de políticos y gremios al ADOS. Se anunciaron inminentes convenios con el PAMI, para hacer frente al intento de remate
En una conferencia de prensa, Patricia Obreque, presidenta cooperativa a cargo del ADOS explicó detalladamente la situación actual de la causa y también insistió con que se está trabajando fuertemente con el PAMI para encontrar una solución alternativa al remate del edificio.
Sin embargo, no estuvo sola sino que recibió un fuerte respaldo político y sindical. Estuvieron presentes Florencio «Chiche» Pérez, titular del PAMI Neuquén; Ignacio Hermidas representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; el senador Oscar Parrilli; la delegada del ministerio de Trabajo Asunción Miras Trabalón; la secretaria de gobierno de Centenario y candidata a diputada Tanya Bertoldi, los concejales y concejlas Marcelo Zúñiga, Cecilia Maletti y Ana Servidio, los diputados y diputada Mariano Mansilla, Sergio Fernández Novoa y Soledad Salaburu; el Defensor del Pueblo Ricardo Riva; representantes de la APDH; los sindicatos ADUNC, Prensa y ATEN; y una gran cantidad de trabajadores del lugar.
Obreque explicó que desde el 2004 «la cooperativa ha estado haciendo un abono mensual por un canon locativo» y que con ello se saldó la deuda a «ex empleados de ADOS y otros acreedores» y resaltó que lo único pendiente de liquidar son «los honorarios correspondientes a los síndicos y los abogados intervinientes en la quiebra».
Además, remarcó la vigencia de la ley 3284 que impediría que el remate cualquier remate en instituciones de Salud hasta marzo de 2022. Al respecto, la presidenta de la cooperativa señaló «más allá de que en la legislatura se hayan sancionado dos leyes que impiden la subasta de los edificios que están comprometidos con la atención y la prestación de servicios de salud, la jueza actual interviniente en la causa continúa con el proceso judicial y obviamente hoy nos encontramos a prácticamente días que la jueza determine la subasta del edificio».
RÍO NEGRO ya había intentado comunicarse con la jueza María Eugenia Grimau para conocer sobre los avances del expediente judicial, pero esta remitió al medio a consultar los expedientes, algo que en pandemia sólo pueden realizar abogados. Este medio hizo un nuevo intento de comunicación con la funcionaria pública y aún aguarda respuesta.
Tal como confió Obreque, el remate del edificio «implicaría dejarnos sin la fuente de trabajo a todos los asociados y demás personal tercerizado que dependemos de este lugar». Son 350 familias las que dependen del ADOS. Además, la clínica es la principal prestadora de PAMI, lo que significaría que unos 30.000 afiliados se quedarían sin lugar para ser atendidos.
«Queremos informarle a la jueza de la quiebra que no estamos solos, que no estamos rendidos, que no nos han vencido y que acá, estos trabajadores daremos todo de nosotros para continuar brindando este esencial servicio para nuestro pueblo», remarco luego en un comunicado.
La titular del ADOS explicó también que propusieron pagar la deuda con un porcentaje de la facturación pero que la jueza no hizo lugar a esa modalidad. Y, a su vez, contó que estuvieron buscando opciones de financiación antes de enterarse que el remate estaba cada vez más cerca.
Hace algo más de una semana, se anunció que el PAMI se involucraría para salvar a la clínica del remate. Y, en este sentido, luego de la conferencia de prensa se confirmó que se están realizando un gran abanico de convenios con PAMI para evitar el remate del edificio. Se espera que en los próximos días se conozcan los detalles de esos convenios.
“Vaciaron, entregaron y fundieron un policlínico modelo. Los trabajadores lo recuperamos, mantuvimos su historia, su espíritu y sus objetivos. A cambio, en lugar de ayudarnos, hemos recibido solo castigo, de parte una parte del poder judicial que debería cuidarnos. Ahora los trabajadores, en conjunto con el gobierno nacional, vamos a evitar que se siga considerando que pagar una deuda a un grupo de abogados, es más prioritario que la vida de nuestros abuelos y abuelas», expresó Obreque en un comunicado.
Además, la presidenta de la cooperativa precisó que la deuda que queda por saldar del proceso de quiebra es diez veces menor que el valor del inmueble que se pretende rematar. «El pasivo 1,5 millones de dólares y
la subasta como monto inicial tiene 11 millones de dólares, hay una gran diferencia«, señaló.
Y por ello, aseguró: “es fácil sospechar que el nuevo destino no tendrá nada de humanitario y servirá para agrandar la multimillonaria especulación inmobiliaria que hace cada vez más injusta y cara la vida en esta ciudad. Los trabajadores de ADOS soportamos todo tipo de persecuciones y amenazas, solo por el hecho de ser trabajadores y haber entregado nuestra vida al objetivo para el que fue creado este lugar”.
El diputado Mariano Mansilla anunció este lunes que en las próximas horas formalizará el inicio de un juicio de destitución (Jury) contra la Jueza Civil María Eugenia Grimau, responsable del proceso concursal de la ex ADOS.
Indicó que se fundamenta en el mal desempeño y desconocimiento del derecho de la magistrada que intenta rematar el inmueble en el que funciona actualmente el hospital, a pesar de que una Ley Provincial suspendió cualquier tipo de remate o ejecuciones de centros médicos. Mencionó que la Legislatura lo estableció así por amplia mayoría mediante las leyes 3239 y 3284 (que extendieron el plazo).
A estos puntos, Mansilla sumará como causal de destitución una cesión millonaria de honorarios realizada por la jueza. «Le donó a otra colega honorarios millonarios que tenía regulados como abogada, antes de asumir como jueza, por la suma irrisoria de diez mil pesos», aseguró Mansilla.
Mariano Mansilla fue el abogado que representó a la cooperativa durante los primeros diez años (desde el año 2000).
“Más de 30.000 jubilados PAMI han recibido asistencia del ADOS este último tiempo, es el hospital más antiguo de nuestra ciudad y opera como regulador de un mercado muy voraz que es la medicina privada”, expresó Mansilla.
Y agregó: “Defender el ADOS y a estos heroicos médicos, enfermeros y trabajadores de la salud es una obligación moral, lo salvaron poniéndose al hombro su administración cuando el gobierno de esa época miraba para otro lado. Hicieron un gran aporte en la pandemia y todos los aplaudimos y ahora una jueza quiere dejar sin trabajo a 350 familias», sostuvo.
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