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Bombardeo de Plaza de Mayo, un crimen de lesa humanidad



Héctor Jorge Colás*

El 16 de junio de 1955, treinta y cuatro aviones de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea Argentina arrojaron catorce toneladas de bombas y dispararon miles de municiones de sus ametralladoras sobre la Casa Rosada y Plaza de Mayo, provocando casi medio millar de muertos y aproximadamente 1.500 heridos.


Los principales referentes de la rebelión eran el ministro de Marina, contralmirante Aníbal Olivieri; el vicealmirante Benjamín Gargiulo, y los tenientes primero de navío Emilio Eduardo Massera, secretario de Olivieri, y sus ayudantes Horacio Mayorga y Oscar Antonio Montes, entre otros.  
El plan era asesinar al presidente constitucional, Juan Domingo Perón. Una vez normalizado el país se haría la convocatoria a elecciones generales con la proscripción del peronismo.


Incidió en la planificación del golpe cívico-militar-clerical el enfrentamiento de Perón con la Iglesia. La suspensión de la enseñanza obligatoria de religión y moral, la obligación del pago de impuestos a los templos y organizaciones religiosas, la intención de separar a la Iglesia del Estado, la ley del divorcio y el reconocimiento sucesorio a los hijos extramatrimoniales, pusieron en pie de guerra a la jerarquía eclesiástica y a muchos de sus fieles.
En abril de 1955, el gobierno propuso pasar el feriado del Día de la Bandera al 18 de junio.


Los líderes de la rebelión deciden, entonces, que bajo el pretexto de un “desagravio a la bandera” una flota de aviones sobrevuele la Catedral metropolitana. Era la señal para el ataque contra  la Casa Rosada y la Plaza de Mayo.


La descarga de bombas comenzó a las 12.40 y se sucedieron tres oleadas hasta las 17.45. Muchos aviones llevaban inscripta la sigla “Cristo vence”.
Pero el movimiento fracasó.  Perón logró refugiarse en los subsuelos del edificio sede del Ejército, hoy Libertador.


Unos 90 aviadores logran fugarse en aviones  de la Armada al Uruguay, donde son asilados por el gobierno de Luis Batlle.
Esa misma noche mientras se destruían e incendiaban iglesias, Perón pronunció un discurso pacificador, pero firmó el decreto para que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, juzgara y procesara a los 150 militares sediciosos.


En agosto fueron condenados por el Tribunal Militar a destitución e inhabilitación y prisión los cabecillas de la rebelión. Ningún civil fue procesado.
El 17 de junio de 1955 el diario Clarín de Buenos Aires, en su editorial, calificó al bombardeo como “monstruoso e inhumano”.


Señalaba que por “primera vez en las luchas civiles argentinas, un sector de las Fuerzas Armadas esgrime los elementos que el Estado da para la defensa nacional, en un ataque a mansalva contra multitudes indefensas”.
“Unánime fue el grito de horror y de repudio provocado por el crimen, palabra que debe aplicarse a la acción de quienes mataron sin discriminación a hombres, mujeres, niños y ancianos. Si en las guerras entre naciones es condenable el bombardeo de las ciudades abiertas, en un levantamiento contra las autoridades legalmente constituidas el suceso asume características de horrendo vandalismo”.


Hace 65 años, treinta y cuatro aviones de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea arrojaron 14 toneladas de bombas y dispararon a civiles, provocando un millar de muertos y 1.500 heridos.



Catorce días después de los bombardeos la mesa directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición, en un extenso comunicado señalaba entre sus principales fundamentos que: “El radicalismo y el país quieren que la sangre argentina sirva, como en horas gloriosas, a la causa de la democracia y de la libertad”.


El documento firmado por el entonces presidente de la agrupación política, Arturo Frondizi, y el secretario Federico Monjardin, no hace mención ni lamenta los muertos y heridos en ese triste episodio de la vida nacional.
En la parte resolutiva la Declaración de la Unión Cívica Radical señala en su artículo 1º que: “La responsabilidad de los trágicos sucesos del 16 de junio de 1955 es enteramente del gobierno. 2º.- El radicalismo reitera su solidaridad con cuantos sufren cárcel .3º.- La UCR continúa su lucha por el restablecimiento de la moral y la democracia en la vida de la República”.  
Este crimen de lesa humanidad fue un suceso que, por muchos años, pasó inadvertido. Se le restó trascendencia o fue ocultado deliberadamente por políticos y gobiernos.


Muy pocos artículos y voces periodísticas recordaban esa luctuosa jornada en la que el odio y la irracionalidad se impusieron sobre la mesura, la razón y la ética.


* Periodista de Viedma. 


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