Brutal crimen, primer juicio popular en San Martín
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Un homicidio a manos de una patota, que conmocionó a los sanmartinenses y cuyo pedido de elevación a juicio es inminente, será el primer hecho criminal a juzgar por un jurado popular en esta ciudad, tras la reforma procesal penal que entrará en vigencia el próximo 14 de enero. Así lo adelantó el fiscal de Cámara de San Martín de los Andes Fernando Rubio. La víctima fue un vecino de Cordones del Chapelco que había salido en defensa de su hijo. Fue ultimado a golpes y puñaladas por un grupo compuesto por dos adultos, los imputados en el caso, y dos menores de edad. El hecho ocurrió el 30 de julio pasado, alrededor de las 23. Según la investigación fiscal, encabezada por Ignacio Oyuela Noble y supervisada por el fiscal de Cámara, la víctima, Sergio Carrasco, fue golpeada con piedras, patadas y trompadas y recibió dos puñaladas. El ataque se produjo luego de que saliera de su casa, hasta donde su hijo había corrido para refugiarse del grupo que lo perseguía. En la vereda, el padre fue golpeado, pudo regresar al interior de la vivienda y salió con un caño en la mano. En ese momento le dieron dos puñaladas. Los imputados son Matías Rubén Castillo (23 años), como presunto autor de “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”, y José Luis Rodríguez (18), con igual figura pero en calidad de partícipe primario. La única pena prevista para ese delito es la prisión perpetua y por eso intervendrá el jurado popular, ya que tras la reforma así se deben juzgar los delitos contra las personas que prevean condenas superiores a los 15 años. Al jurado lo integrarán doce personas. Para ser declarados culpables, al menos ocho integrantes deberán votar en forma afirmativa. Las otras dos personas que habrían participado del ataque son un varón y una mujer menores de edad, motivo por el cual sus conductas se juzgan en el ámbito penal juvenil. En ambos casos el Ministerio Público Fiscal efectuó el pedido para hacer un juicio de responsabilidad, para que cuando sean mayores de edad se resuelva la pena a imponerles, si correspondiere.
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Un homicidio a manos de una patota, que conmocionó a los sanmartinenses y cuyo pedido de elevación a juicio es inminente, será el primer hecho criminal a juzgar por un jurado popular en esta ciudad, tras la reforma procesal penal que entrará en vigencia el próximo 14 de enero. Así lo adelantó el fiscal de Cámara de San Martín de los Andes Fernando Rubio. La víctima fue un vecino de Cordones del Chapelco que había salido en defensa de su hijo. Fue ultimado a golpes y puñaladas por un grupo compuesto por dos adultos, los imputados en el caso, y dos menores de edad. El hecho ocurrió el 30 de julio pasado, alrededor de las 23. Según la investigación fiscal, encabezada por Ignacio Oyuela Noble y supervisada por el fiscal de Cámara, la víctima, Sergio Carrasco, fue golpeada con piedras, patadas y trompadas y recibió dos puñaladas. El ataque se produjo luego de que saliera de su casa, hasta donde su hijo había corrido para refugiarse del grupo que lo perseguía. En la vereda, el padre fue golpeado, pudo regresar al interior de la vivienda y salió con un caño en la mano. En ese momento le dieron dos puñaladas. Los imputados son Matías Rubén Castillo (23 años), como presunto autor de “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”, y José Luis Rodríguez (18), con igual figura pero en calidad de partícipe primario. La única pena prevista para ese delito es la prisión perpetua y por eso intervendrá el jurado popular, ya que tras la reforma así se deben juzgar los delitos contra las personas que prevean condenas superiores a los 15 años. Al jurado lo integrarán doce personas. Para ser declarados culpables, al menos ocho integrantes deberán votar en forma afirmativa. Las otras dos personas que habrían participado del ataque son un varón y una mujer menores de edad, motivo por el cual sus conductas se juzgan en el ámbito penal juvenil. En ambos casos el Ministerio Público Fiscal efectuó el pedido para hacer un juicio de responsabilidad, para que cuando sean mayores de edad se resuelva la pena a imponerles, si correspondiere.
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