Busamia: “No vemos la necesidad de cubrir las vacantes de jueces penales”

Roberto Germán Busamia se mueve con soltura entre gráficos de barras, estadísticas separadas por fuero, expedientes ingresados, cantidad de sentencias… El más nuevo de los cinco vocales del Tribunal Superior -aún no completó un año en el cargo- tiene en la cabeza buena parte de los números que reflejan la actividad del Poder Judicial. Todavía se sorprende con algunos datos porque mantiene la mirada fresca de quien viene de la actividad privada, aunque es cauteloso con los diagnósticos que pueden sonar críticos hacia la propia (nueva) tropa.

“Acá está el número de jueces…”, dice y señala un cuadro de los muchos que preparó para exhibir a “Río Negro” en esta entrevista. “Mire los totales: MF2 son de Cámara, ahora del Tribunal de Impugnación. En 2013, antes de la reforma procesal, había 12, ahora 10, bueno en realidad 9 porque ya renunció Alejandro Cabral para irse al fuero federal. Los MF3 son los jueces de Garantías, de 20 pasaron a 27. Usted decía en una nota que las estadísticas pueden servir para responder a la pregunta de si hacen falta más jueces o no…”

Se refiere a la nota de la que, desde hace dos semanas, habla todo el Poder Judicial y a la que Busamia sale ahora a responder: ¿cuántas horas trabajan los jueces en Neuquén?

P: ¿Cuál es su conclusión, hacen falta o no más jueces?
RGB: No se percibe que vaya a haber una explosión de trabajo. No vemos hoy, con el volumen de trabajo que se analiza, en el período 2016/2019, que haya necesidad de incrementar la planta, y si se generan vacantes, no estamos considerando que esas vacantes sean cubiertas.

Busamia abona el concepto: “En los acuerdos (del TSJ) del 2019 se ve que cuando hay una renuncia de un juez, la vacante se reserva, no se llama a concurso. Es una modalidad de trabajo que estamos tomando. No veo que el sistema requiera una necesidad de recursos humanos de jueces y estamos en una etapa de ajuste de las Oficinas Judiciales, donde tampoco se percibe una necesidad de mayor personal cuando la cantidad de trabajo que se procesa es el mismo, no ha habido un incremento alarmante desde entonces”.

Para el presidente del Tribunal hay un solo organismo que podría mover los engranajes del sistema e incrementar el volumen de trabajo. Lo expresó así: “Quien puede inyectar mayor trabajo que genere la necesidad de revisar las estructuras actuales es el Ministerio Público Fiscal, si es que por decisiones de política criminal comienza a solicitar mayor volumen de audiencias de las que se están solicitando, o ingresa mayor cantidad de legajos que los que ingresa actualmente. Si eso no cambia, no se advierte bajo qué parámetros se podría modificar este sistema de trabajo”.

La fiscalía general todavía no exhibió sus estadísticas de trabajo. Hay versiones de que podría hacerlo esta semana, y lo mismo tendría previsto hacer la defensoría pública.

Esta saludable actitud de salir a mostrar números de actividad comenzó en Zapala, cuando la Oficina Judicial de esa ciudad reveló, entre otros números polémicos, el dato de cuántas horas trabajan los jueces en audiencias de juicio. Busamia considera que el dato es parcial e induce a error, tal como piensan casi todos los jueces de la provincia.

“El informe de Zapala brinda uno de los parámetros para poder componer el tiempo de trabajo total que realizan los jueces”, dijo. “Esa información no fue revisada por las otras Oficinas Judiciales como para estandarizar las fechas de corte. Por otro lado, como dice la Asociación de Magistrados, el tiempo en audiencia es una fracción, y probablemente no la mayor, del trabajo que realizan diariamente. Hay que tener en cuenta el trabajo de redacción de sentencias escritas, el tiempo de deliberación, el tiempo de estudio de las decisiones que deben adoptar, etcétera”.

Busamia desagregó además que “Zapala refleja el tiempo de trabajo en audiencia de los jueces de Garantía” pero se está incluyendo a determinados jueces que no tienen obligación legal o no pueden ser equiparados a jueces de Garantias, como los del Tribunal de Impugnación; a jueces que no estuvieron en todo 2018; a jueces del Niño y el Adolescente. Entonces el dato que se dio a conocer tiene una serie de distorsiones. Si se quiere dar el número efectivo de trabajo en audiencia, debe ser diferenciado del tiempo de trabajo total de los jueces. Debería depurarse bastante profundamente la grilla que se dio a conocer”.

P: ¿Se van a seguir difundiendo las estadísticas de trabajo?
RGB: Por supuesto, cualquier Ofiju está autorizada a difundir la información de su propia gestión. Hay que buscar una unificación en la información de alcance provincial. Si se van a dar a publicidad, como entendemos que corresponde que se den, datos de Ofijus y Colegios de Jueces, los referentes y responsables de esas organizaciones deben participar y estar informados y dar su opinión.

Dos jueces del Tribunal de Impugnación y una jueza de Garantías están en condiciones de jubilarse dentro de los próximos dos años y sus vacantes quizá no sean cubiertas. Otras tres magistradas del fuero penal están con licencias prolongadas en este momento. Dos de un fuero especial casi no tienen audiencias para realizar. Aun con todas esas salvedades, el sistema está en marcha y, según el presidente del TSJ Roberto Germán Busamia, se dictan sentencias “en plazos muy razonables comparativamente con otras provincias, y las resoluciones son de calidad”.

Medir el “éxito” del sistema puede arrojar resultados sorprendentes.

En el caso de las sentencias no hay opiniones unánimes sobre cuál es el mejor indicador de la calidad, y la velocidad con que se dicta no es un valor en sí mismo aunque obviamente es preferible la inmediatez antes que la morosidad.

Los jueces trabajan a demanda. No fijan audiencias a su gusto, sino que dependen de que las partes (fiscalía y defensa) lo soliciten, y de que la Oficina Judicial les asigne día y horario.

De acuerdo con el relevamiento que hizo el TSJ a partir del informe de la Oficina Judicial de Zapala, un legajo promedio tiene 5 audiencias entre que comienza y finaliza, y no siempre con el mismo o los mismos jueces. Tampoco todas las audiencias son de la misma complejidad.

El volumen de trabajo podría aumentar si el Ministerio Público Fiscal inyectara más causas en el sistema. Es probable que esta semana el fiscal general José Gerez haga públicas sus propias estadísticas, sobre las que hay muchas especulaciones.

No está claro, por ejemplo, por qué cae de manera tan abrupta la cantidad de causas que llegan a juicio respecto de las formulaciones de cargos. O por qué apenas entre el 1% y el 5% de los delitos se judicializan.

La fiscalía tiene muchos mecanismos de resolución alternativos: mediación, criterios de oportunidad o archivo, pero esos números no son conocidos en forma masiva. Sólo por rumores se sabe que el 70% de las denuncias se archivan.

¿Es real esa cifra? ¿Cuál es el motivo? No se sabe. Lo que se desprende del trabajo de otros organismos es que alrededor del 90% de los casos que llegan a juicio terminan en condena. Esa sería una de las tasas de “éxito” del sistema.