Buscan cambiar los procesos en las causas por violencia laboral contra las mujeres

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En 2015 hubo apenas 8 expedientes ingresados por violencia laboral contra las mujeres en Neuquén capital. Al año siguiente fueron 47, en 2017 escalaron a 68 y el año pasado llegaron a 124. Este crecimiento en el número de denuncias no significa, para las víctimas, que el proceso sea satisfactorio. Las trabajadoras estatales, nucleadas en ATE, se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, para plantearle que el trámite de los casos no tiene pautas definidas y que la mayoría de las denuncias presentadas son desestimadas.

La ley 26.485 de Protección Integral incluyó como modalidad de violencia de género aquella que ocurre en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, contra las mujeres y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función, y el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión.

En la provincia la ley 2.786 incorporó esta clasificación. El fuero laboral es competente en estos casos. Los magistrados están en condiciones de ordenar medidas para el cese de los actos. En el primer trimestre del año ya ingresaron 37 expedientes por violencia laboral contra las mujeres en la capital.

“Nos archivan sistemáticamente las causas o porque los jueces entienden que no hay medida cautelar para aplicar, o porque lo consideran violencia laboral y no violencia de género”, aseguró Laura Rosello, secretaria de género de CTA Neuquén e integrante del espacio de género de ATE.

Agregó que la dinámica de la violencia, en estos casos, es distinta a la que sucede en otros espacios. “Son muy pocas las que denuncian violencia física o acoso sexual, la mayoría habla de diferenciación en la tarea, cuestiones que tienen que ver con la estructura patriarcal. El juzgado considera que su única obligación es aplicar medidas de protección. La mayoría de las medidas cautelares aplican al fuero de familia: la restricción, prohibición de acercamiento, los rondines”, dijo.

Rosello afirmó que en general “la persona que sufre una situación de violencia o bien inicia una licencia por violencia, que establece el convenio colectivo, o el agresor pasa a licencia. Como ya están separados por una licencia, los jueces se declaran sin competencia para arbitrar ninguna otra medida. Nos archivan las causas, lo que implica que el Ejecutivo no de curso a los sumarios, porque como el sistema judicial nos dice “no hay violencia”, el Ejecutivo nos dice “no hay violencia” y nos dejan en una encerrona bastante compleja. Hasta la sanción de la ley estos jueces de lo único que se ocupaban era de denuncias por ART, despidos, lejos estaban de entender la problemática que vivimos las mujeres en los ámbitos laborales”.

Busamia sostuvo que están analizando el trámite de los procesos. Una de las posibilidades es definir una nueva boca de ingreso de las causas: o que vayan directamente a la Oficina de Violencia de familia o al despacho especializado en el fuero laboral. También reforzar la sensibilización en perspectiva de género.