Buscan modificar norma impositiva por discapacidad
Elevaron un proyecto al Deliberante. Fue a partir de una multa que recibió un ciudadano por no renovar la exención.
El defensor del Pueblo de la ciudad, Ricardo Riva, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para reformular la ordenanza que fija un plazo de revisión cada dos años para la exención impositiva de personas con discapacidad.
Riva propuso que la discapacidad se trate “en forma independiente del resto de los contribuyentes” a fin de lograr “una mayor amplitud de derechos y la eliminación de barreras y trabas” para el acceso a los beneficios que fijan las leyes. La nota ingresó al Concejo el 29 de julio.
El planteo de modificación legislativa se originó por el caso de un ciudadano que no realizó el trámite de exención impositiva de patentes en el período entre 2013 y 2015, lo que le generó una deuda y ejecución judicial que alcanzó a los 9.000 pesos.
Dato
- $ 9.000
- fue la ejecución judicial que le llegó al damnificado de Neuquén por no presentar su certificado en 2013.
En la nota que Riva elevó al presidente del Deliberante, Guillermo Monzani, destacó que sería “ilegal” establecer una vigencia de dos años para el trámite de exención impositiva que hace la persona discapacitada porque la ordenanza 10.383 indica que la gratuidad será permanente “cuando subsistan las circunstancias para el otorgamiento”.
Se trata de un hombre con una discapacidad congénita que afecta la motricidad y se agrava con el tiempo, porque no tiene cura.
Por esta razón la Junta Coorrdinadora para la Atención integral del discapacitado (JUCAID) le extendió en 2012 un certificado por el plazo de 10 años.
El Defensor no sólo planteó que “es ilegal” el pedido de renovación del certificado para acceder a la gratuidad sino que emitió la resolución 205 de la defensoría del Pueblo en la que se propone a las autoridades de la ciudad “analizar los temas de personas con discapacidad y considerarlo de un modo integral, como lo señala la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
En la nota del proyecto, el defensor delPueblo capitalino insistió en que al damnificado “no le admitieron la exención impositiva de patentes (de un automóvil Chevrolet Zafira) por no haber realizado el trámite con anterioridad, lo que le generó una deuda de 4.258 pesos que se fue a 7.000 por la demanda y costas de honorarios”.
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