La Justicia archivó denuncia «de incompatibilidad» contra Claudio Ciccarelli, primo de «Fred» Machado

El fiscal Francisco Marano archivó la denuncia presentada por el legislador peronista Luciano Delgado Sempé por presuntas incompatibilidades de Claudio Cicarelli porque era un agente público provincial cuando accedió a una concesión para la explotación de una cantera de arenas silíceas.

La presentación en el Ministerio Público se formalizó el año pasado cuando Cicarrelli quedó en el centro de la polémica por su parentesco con el empresario Federico «Fred» Machado, acusado de narcotráfico y, luego, extraditado a Estados Unidos.

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Cicarelli dejó el Estado en 2025, tras una concesión otorgada en 2024

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En ese momento se conoció que Cicarelli disponía de una cantera mientras ocupaba un puesto en la administración pública, que abandonó después de las denuncias. El 6 de octubre del 2025 «finalizó su vínculo» laboral con el ministerio de Desarrollo Humano, mientras la sociedad Gold And Sand que integraba accedió el 21 de noviembre del 2024 a una concesión de arenas sicileas, otorgadas por Minería SRL.

Frente a la denuncia de Delgado Sempé, el fiscal Marano no avanzó en una conclusión y archivó la presentación, dejando la evaluación de la incompatibilidad a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Según su dictamen, no se reunieron elementos que permitan sostener la existencia de un delito ni avanzar con la pesquisa penal, a partir de una denuncia por «violación a la Ley de Ética Pública, incompatibilidades administrativas o la posible comisión de delitos» por el uso de información o recursos del Estado para beneficio personal».

El eje del fiscal estuvo en la existencia de incompatibilidades previstas en la Ley de Ética Pública y, en principio, se concentró en las conclusiones de los organismos consultados y, luego, sostuvo que ese «análisis corresponde en primera instancia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es el órgano de aplicación de esa normativa».

Repasó que «no existían denuncias previas ni sumarios en trámite» y, además, la FIA indicó que no desconocía si el aludido Cicarelli «era o fue empleado» del Estado provincial.

También valoró que no se detectaron anomalías ni en el trámite de las concesiones ni que estuviera alcanzado por las restricciones del Código Minero, como también, se verificó que hubiera estado obligado a presentar declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética Pública.

Al final, el fiscal entendió que la denuncia fue «prematura» porque los planteos debieron presentarse en sede administrativa antes de evaluar una eventual responsabilidad penal.

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Respuesta de Delgado Sempé

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Por su parte, el denunciante Delgado Sempé cuestionó el archivo fiscal porque deja sin respuesta aspectos centrales del planteo y consideró que existían elementos suficientes para profundizar la pesquisa.

Criticó que el fiscal no haya avanzado sobre aspectos contables y societarios, y que no se haya ampliado a otros funcionarios que intervinieron en los procesos administrativos vinculados a las concesiones.

«El resultado concreto es que no hay hoy una investigación penal en marcha, sino un expediente archivado ‘por ahora’ y una derivación a un organismo administrativo cuyos tiempos y alcances son inciertos», remarcó.

Para Delgado Sempé, el archivo implica una lectura restrictiva del rol de la Justicia penal en casos que involucran posibles conflictos de intereses en la función pública. En ese sentido, sostuvo que la derivación del análisis a la esfera administrativa dilata definiciones de fondo.

El legislador insistió en que existen indicios que ameritan una investigación más profunda y no descartó avanzar por otras vías para que el caso continúe.