Universidades: cómo evaluar la calidad

En 1995 se sancionó en Argentina la ley que estableció el marco regulatorio para evaluar y asegurar la calidad de las instituciones universitarias. La responsable de ello fue la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y su consolidación ha coadyuvado a que la evaluación del sistema universitario haya sido considerada como eje de una política de Estado.

Existe una primera dimensión orientada a la evaluación de las instituciones con miras a su mejora. Para ello se realizan las evaluaciones externas en la totalidad de las universidades, cada seis años.

Una segunda dimensión se refiere a la acreditación de carreras. El eje central gravita en torno a la calidad a partir estándares preestablecidos y es obligatoria para las carreras de grado declaradas de “interés público” y también para las de posgrado.

La tercera dimensión se refiere a la evaluación de nuevos proyectos institucionales, con miras a que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha de nuevas instituciones.

Si bien es cierto que estos procedimientos traen como resultado un compromiso de mejoras, merece especial atención la tasa de abandono en la universidad argentina, que para el total del país era del 38 % en 2013, con un 28% en Capital y Gran Buenos Aires y del 45 % en la región de Cuyo y Patagonia. Al respecto, numerosos especialistas sostienen que debiera considerarse el índice de abandono como un factor clave de calidad en los procesos de evaluación de las instituciones.

La Coneau viene desarrollando diferentes modalidades de cooperación en el plano regional. Un ejemplo de ello es el acuerdo entre los ministerios de educación de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia para participar del sistema de acreditación de la calidad de las carreras universitarias (Arcusur). En el período 2008/2011 se acreditaron 36 carreras de grado, y si bien es cierto que constituye un avance, los procedimientos de acreditación entre pares evaluadores son muy lentos y la movilidad académica y estudiantil entre los países es muy baja.

En Chile, el proceso de consolidación de la calidad de la Educación Superior se inició en 2006, con la ley N° 20.129, que estableció un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que tendría por objeto examinar la calidad de la educación superior mediante acreditación de instituciones y programas de pre y pos grado; entregar información pública del sistema y el licenciamiento de instituciones. A una década de su implementación, el resultado no ha sido del todo satisfactorio. Se constataron debilidades que motivaron fuertes críticas de estudiantes, académicos y algunos rectores de universidades, que estiman que no ha cumplido con las expectativas; críticas fundadas –entre otras causas– por una falta de recursos suficientes y una normativa legal que ha resultado ser incompleta.

El programa de gobierno 2014/2018 de la presidenta Michelle Bachelet incluyó “la reforma educacional” que prioriza el inicio de la gratuidad en la educación superior, considerando el alto costo de las carreras y el elevado nivel de endeudamiento de los estudiantes. Para poner término a esta inequidad, hubo un acuerdo gobierno-oposición para implementar gradualmente la gratuidad a partir de este año. Así se beneficiaría a 178.000 estudiantes de sectores más vulnerables de la población para que se matriculen en las universidades que adhirieron. La cobertura llegaría al 70 % del estudiantado.

El establecimiento de sistemas de certificación de la calidad educativa constituye un gran avance en ambos países. En Europa existe un espacio tendiente a armonizar los sistemas universitarios basados en la creación de un sistema comparable de títulos y un sistema de créditos europeo tendientes a promover la movilidad de los estudiantes. En este sentido, la formulación de políticas de estado para promover la cooperación conjunta entre Chile y Argentina, resultaría prioritaria en pos de lograr una educación de excelencia.

* Licenciada y docente universitaria de Administración de Empresas, posgrado en Políticas Educativas (UTDT), y abogado, magíster en Derecho Público (Univ. de Chile), profesor de Derecho Político y Administrativo, respectivamente

Foto: Télam