“CAFI no quiere transparencia en el negocio frutícola”

Opinión

Hace ya muchos años que venimos trabajando para que el negocio frutícola, el más importante de Río Negro, sea más transparente. Estamos convencidos de que, por mayor o menor producción que exista, por más productividad por hectárea que se obtenga, por mejores precios o tipos de cambio efectivos que haya, por más mercados demandantes y más; sin transparencia, uno de los pilares de la cadena de valor, como es la equitativa distribución de la renta hacia su interior, no podrá lograrse.

Y lo anterior implica una fruticultura menos sustentable y competitiva. Todos los problemas que la afectan son importantes y es bueno atacarlos; ahora bien, creemos que el de la falta de transparencia es esencial.

¿Por qué? Porque en los circuitos productivos regionales, como el de la fruticultura, existe un serio problema que tiene que ver con la falta de competencia en el mercado, con la existencia de lo que se denominan “fallas de mercado” y que atentan seriamente contra las relaciones sociales y de producción que tal mercado crea.

Es que la existencia de oligopsonios (que es cuando existen muchos oferentes y pocos demandantes), colocan a los productores primarios –la columna vertebral del negocio– en una posición asimétrica de poder respecto de los empacadores/exportadores.

De esta manera, la renta del negocio en su globalidad es percibida, capturada, por los sectores más concentrados e integrados, en detrimento de los pequeños y medianos productores. Las leyes provinciales 3611 y3993 persiguieron, entre otros, el fin de que existiera un cierto “equilibrio”, una armonía al interior de la cadena, que favoreciera las posibilidades de negociación de aquéllos. Un contrato, un precio de referencia, una ruta de certeza que posibilitara a los verdaderos hacedores de la producción obtener un precio razonable por sus ventas, que al menos cubriera sus costos, para que de esta forma la rueda siguiera girando.

Eso, que parece tan obvio, no existía; los productores entregaban (y entregan) su fruta a resultado, a “resignación”, en función de lo que el empresario dijera que había sucedido. Los costos recaían en general sobre los productores si la cosecha y la venta no eran lo suficientemente buenas y, al contrario, cuando la temporada resultaba dulce, eran los empresarios integrados, en general, los que se quedaban con la parte del león. Se apropiaban de una “renta oligopsónica”, según lo indican los manuales de economía.

Lo peor es que, pese a ello, el resultado no han sido mejores precios y mayor producción, sino todo lo contrario; la producción disminuye y los precios quedan librados a la “caridad” empresarial. Todo esto ha producido concentración de la actividad, la expulsión y achique de la cantidad de productores.

El Estado no puede mirar para otro lado. Y la ley 3993 es, a no dudarlo, su forma de intervención y regulación. Una herramienta de política económica que busca que la renta, la ganancia del negocio, se reparta con cierta justicia. Y cuando el Estado se ausenta o no aplica las normas, se sabe que los que ganan son los que mayores espaldas poseen.

Es en el marco de este breve relato que hace ya algunas semanas se produjo un fallo del Superior Tribunal de Justicia a favor de la posición de una productora y en contra de la empresa Ecofrut SA. En el mismo se determinó que se debía pagar al productor una diferencia surgida entre los precios efectivamente pagados al mismo y los que surgen de la Mesa de Contractualización.

La Justicia definió la relación productor-empresa como contrato de compra-venta y, por lo tanto, juzgó que debía existir un precio determinado. Se falló en contra de la entrega de fruta “a resultado o consignación”, que implica que, una vez realizada la venta ya sea al mercado interno como para exportación, el empresario liquida lo que quiere y no lo que corresponde en función de la simple resta entre precio de venta y costos de empaque, frío y comercialización.

El fallo del STJ junto con los de primera y segunda instancias son muy claros y contundentes y por eso perturban tanto a CAFI, porque ponen al desnudo un sistema de comercialización absolutamente inequitativo para con el productor. Es un “caso líder” que sin duda marcará un antes y un después en las relaciones contractuales de la fruticultura rionegrina.

Se falló, al fin, en contra de la arbitrariedad, en un sentido de estricta aplicación de la filosofía y la letra de la ley 3993, ni más ni menos. Pero que, además, pone la cuestión blanco sobre negro, ya que la empresa hubiese ganado el juicio con tan sólo presentar la documentación que acreditara que el precio al que vendió la fruta fue el que le liquidó al productor. Y esto no ocurrió porque… seguramente era mayor. Este “detalle” CAFI se olvida de comentarlo en sus críticas al fallo judicial.

Fallo que ha sido festejado y apoyado por todo el arco político provincial, oficialista y opositor y por los productores primarios, desde luego.

Fallo que para nosotros es un respaldo absoluto a la constitucionalidad y legitimidad de la ley de Contractualización Nº 3993. Va de suyo que la CAFI sigue opinando en contra de la ley y de su constitucionalidad. Pero la realidad, la verdad, es que la Justicia en su máxima instancia falló en favor del eslabón más débil de la cadena de valor frutícola y en contra de los abusos de posición dominante de los grandes empresarios.

Para finalizar, es menester recordar la importancia vital, que tiene cada día más, el que a nivel nacional el Congreso sancione una ley de Transparencia Comercial que beneficie de la misma manera a todas las economías regionales que funcionan en forma similar a nuestra fruticultura y que otorgue un “paraguas” indiscutible a la hora de regular la relación siempre conflictiva entre productor y empacador/exportador.

Aquí y con dicha norma, la ganancia será la de todo el sistema de producción y venta de fruta y con él, el de todos los rionegrinos.

Bautista Mendioroz. Presidente del bloque ACD. Legislatura de Río Negro