CALF en mediación con Cammesa

La cooperativa de la capital neuquina fue intimada por la administradora del mercado eléctrico por negarse a pagar el último incremento. Desde la entidad aseguran que está en riesgo la cadena de pago del sector y cuestionan directamente el valor del MW/h.

El sistema nacional eléctrico atraviesa un delicado momento a poco más de tres años de los cambios impulsados por el exministro de Energía, Juan José Aranguren, debido a los masivos cuestionamientos sobre el costo real de la energía. En 39 meses el precio del MW/h aumentó 2500% a razón de un promedio de 64% mensual.

La quita de subsidios y el reconocimiento de tarifas para los generadores, cuyas acciones crecieron en el mismo período cerca del 150%, crearon un atolladero del que para Cammesa, la administradora del mercado, será muy complejo de salir.

En números

$150
millones de pesos es la factura que debería pagar todos los meses la cooperativa tras el último incremento.
150%
creció en promedio la cotización bursátil de las generadoras eléctricas.

La cooperativa neuquina CALF, junto a otras distribuidoras, cuestionaron el último incremento aprobado por Nación para el servicio y resolvieron no pagar las diferencias. Mensualmente la factura que la entidad neuquina le pagaba por energía era de 105 millones de pesos. Con el incremento pasó a 150 millones de pesos. Desde febrero arrastra una deuda mensual de alrededor de 45 millones de pesos.

Ante esta decisión, Cammesa decidió judicializar los atrasos. En el sector se asegura que el organismo, que depende de Nación, inició alrededor de 200 reclamos. Las autoridades de CALF fueron citadas a la Capital Federal a una mediación judicial, instancia previa al juicio que busca ejecutar la mora, sin embargo el abogado de la cooperativa impugnó al mediador, que había sido nombrado a pedido del organismo nacional.

En concreto el cuestionamiento de CALF, al igual que el de la mayoría de las distribuidoras, es el precio de la energía. Aseguran que los costos del sector no están trasparentados y que su traslado terminará provocando un desfinanciamiento de todo el sistema si llega a romperse la cadena de pago, principalmente por los hogares de menores recursos.


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