Cancelan parte las Letes del Plan Castello

Nación restituyó US$ 13 millones que Río Negro invirtió en Letras. Faltan 74 millones, que se entregarían en pesos.



El gobernador Weretilneck y su ministro Domingo. Ambos respiraron con el compromiso nacional de liberar la reserva provincial.

Nación restituyó parte de las reservas del plan Castello que Río Negro tenía atesoradas en Letras en dólares (LETES), que quedaron atrapadas por el plan de “reperfilamiento” de agosto.

La devolución alcanzó a 13 millones de dólares mientras otros 74 millones siguen en poder del Estado nacional. Esa disponibilidad equivale a unos 4.370 millones de pesos.

Economía rionegrina confía en su cesión durante octubre y noviembre, según el compromiso nacional asumido en la semana pasada y se prevé la firma de los convenios respectivos para los próximos días.

Queda precisar si la devolución será totalmente en pesos y, en ese caso, cual será la cotización de los 74 millones de dólares en Letes, adquiridos por Río Negro en julio y cuyo vencimiento total debía darse el pasado viernes. Originalmente, el gobierno rionegrino preveía disponer de esos fondos de las Letras, apartando lo necesario para sus próximas obligaciones y el resto concretar otra inversión. Pero, en agosto, la Nación aplicó el “reperfilamiento” y postergó vencimientos de esos títulos, fijando una restitución de un 15% en setiembre y el resto quedará para diciembre y marzo.

El viernes, Río Negro percibió una primera parte y fue en dólares, que se explica por las necesidades de la provincia en la cancelación en noviembre de la cuota semestral de los intereses del plan Castello, que superan los 11 millones de dólares.

El resto de la inversión todavía en las Letes “reperfiladas” representan actualmente unos 4370 millones de pesos. Según lo pactado, Nación entregaría entre octubre y noviembre esa reserva rionegrina, que es administrada por un Fondo Fiduciario para las obras del Castello.

Parte de esos recursos -según las proyecciones de Economía- están destinados a pagos a las constructoras por sus ejecuciones. El sobrante -que constituye la mayoría y que no debería ser inferior a 3.000 millones de pesos- exigirá una compleja decisión para la administración, pues significará recurrir a inversiones seguras en pesos pero, también, con cierta rentabilidad para garantizar su poder adquisitivo frente a las actualizaciones de costos que después liquidan las empresas.


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