Pactos políticos, justicia débil y malestar ciudadano en Río Negro

Javier Genoud – DNI 17.506.130

GENERAL ROCA

En Río Negro, el espectáculo de la política y la justicia revela una escena tan preocupante como la descripta en Neuquén con la llamada cocina de la reforma constitucional de 2006.

Múltiples juicios políticos a magistrados, con resultados dispares

Desde 1996 hasta hoy la provincia atravesó al menos 19 juicios políticos contra jueces y funcionarios judiciales, por motivos que abarcan desde corrupción de menores hasta estafas y violencia de género. Algunos terminaron en destituciones, otros en suspensiones breves y otros en absolutorias. Un dato contundente: en un relevamiento, ocho jueces fueron destituidos, seis suspendidos, uno apercibido y cuatro absueltos en procesos del Consejo de la Magistratura, lo que evidencia la existencia de problemas de conducta interna dentro del Poder Judicial y una respuesta institucional que, en muchos casos, parece no abordar de manera profunda esas situaciones. Para amplios sectores de la sociedad, estos antecedentes alimentan la percepción de que la justicia no siempre actúa con la firmeza y la transparencia que se espera, especialmente cuando se trata de casos sensibles.-

Ejemplos de conductas políticas cuestionadas éticamente

No es menor que un gobernador histórico como Horacio Massaccesi —perteneciente a la UCR y tres veces gobernador de Río Negro— haya sido condenado por malversación de fondos por haber incautado recursos del Banco Central para pagar sueldos en un momento de crisis en 1991, fallo que incluyó inhabilitación para ejercer cargos públicos. Aunque ese episodio es anterior a los últimos veinte años, para muchos ciudadanos ejemplifica cómo decisiones políticas de alto impacto se toman al filo de la legalidad o por fuera de los mecanismos de control habituales, dejando un legado conflictivo y habilitando una cultura donde el fin parece justificar los medios.-

Parlamento y decisiones legislativas polémicas

Recientemente, la Legislatura rionegrina aprobó la eliminación de una tasa judicial destinada al gremio Sitrajur, generando protestas de trabajadores judiciales y un fuerte debate político y sindical sobre quién decide y con qué criterios se reforman normas que afectan derechos laborales. Aquí, nuevamente, aparece una lógica que despierta cuestionamientos: grandes cambios que se votan en bloque, con apoyos multipartidarios, sin que necesariamente exista un debate público extenso ni instancias amplias de consulta ciudadana. La gente no protesta contra la política porque sí. Protesta porque percibe que las decisiones que importan se toman lejos de su mirada, lejos del escrutinio público y muchas veces sin rendición de cuentas clara. Pactos que no se ven, negociaciones de cargos que no se explican, promesas institucionales que nunca se cumplen y un entramado de poder que se recicla a sí mismo: todo esto alimenta desconfianza. No es demagogia. Es un reclamo por transparencia, por democracia real, por una justicia fuerte y por responsables políticos y judiciales que no se escuden detrás de tecnicismos legales ni mayorías circunstanciales para legislar o administrar de espaldas a la sociedad.-

Si la política sigue funcionando como un club cerrado con puertas que sólo se abren desde adentro, entonces no debería sorprender que la sociedad esté harta, exigente y cada vez más decidida a demandar cambios estructurales, no parches cosméticos.-