Caso Arbos: sobreseyeron a imputados

Se trata de los gremialistas Walter Cortés, Ovidio Zúñiga y Víctor Carcar y del exintendente de Bariloche Omar Goye. Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron en 1999 cuando gestionaron dos subsidios de cerca de 2 millones de dólares.

El paso del tiempo desmoronó los pilares de la causa Arbos y la Corte Suprema advirtió la situación cuando admitió los recursos de queja que los defensores de los gremialistas Walter Cortés, Ovidio Zúñiga y Víctor Carcar y del exintendente de Bariloche Omar Goye habían presentado y anuló el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

El fallo de la Corte Suprema permitió a Cortés, Zúñiga, Carcar y Goye recuperar la libertad. El máximo tribunal del país no analizó la culpabilidad o no de los sometidos a proceso. Sólo recordó que es doctrina de la Corte que “no puede hacerse recaer en el imputado la demora en la tramitación del proceso, cuando el impulso diligente del mismo está a cargo del Estado”. Y ordenó a la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que haya un nuevo fallo, que se dictó ayer.

Los jueces de ese tribunal Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Diego Barroetaveña dictaron la sentencia de acuerdo a lo dispuesto por la Corte y resolvieron hacer lugar a los recursos de casación deducidos por los defensores particulares y anularon la sentencia impugnada. En consecuencia, declararon la extinción de la acción penal “por violación al plazo razonable” y sobreseyeron a Cortes, Carcar, Zúñiga y Goye, que recuperaron la libertad a finales de diciembre pasado.

Cortés, Goye y Zúñiga habían sido detenidos a mediados de junio de 2016 y fueron enviados al penal federal de Esquel. Mientras que Carcar estuvo prófugo y, por eso, le dictaron la declaración de rebeldía y captura. Cayó preso a principios de julio del año pasado.

Pasaron 14 años desde que ocurrieron los hechos denunciados hasta el 7 de abril de 2014 cuando el Tribunal Oral Federal de Roca condenó a Cortés, Zúñiga, Carcar y Goye a 4 años de prisión como coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (reiterado en dos oportunidades) además de la inhabilitación para ejercer cargos sindicales.

Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron en 1999 cuando gestionaron dos subsidios por un monto de casi 2 millones de pesos-dólares ante la Administración de Programas Especiales (APE) dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, para el Policlínico Arbos de Bariloche.

Según la acusación fiscal, los subsidios fueron desviados a dos empresas fantasma, que se habían creado hace poco tiempo y era dirigida entonces por Cortés y Carcar, y se evaporaron.

El abogado Gonzalo Madrazzo no está incluido en la sentencia que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó ayer, porque fue condenado en noviembre de 2016 en un juicio abreviado a 3 años de prisión porque admitió su culpabilidad en los hechos atribuidos por la fiscalía.

Y esa sentencia quedó firme.

Dos hechos motivaron el juicio

Walter Cortés, Ovidio Zúñiga, Víctor Carcar y el exintendente Omar Goye fueron juzgados por dos hechos que ocurrieron en 1999. De acuerdo a la acusación de la fiscalía entre febrero y mayo de 1999 gestionaron fraudulentamente un subsidio en favor del Arbos, cuyo directorio estaba integrado por Zúñiga, Carcar y Cortés y Goye era el contador.

El segundo subsidio lo pidieron para costear un trabajo de consultoría que preveía un proyecto arquitectónico y de planificación asistencial para Arbos. Los fondos se entregaron a la empresa “fantasma” Surtsey SA, que dirigía Goye y Gonzalo Madrazo.

Dato

archivo

Análisis

(In)justicia

Datos

1,9
Los millones de dólares en subsidios que Nación envió al Arbos durante 1999 y fueron a empresas fantasmas.
Se corroboró una vez más el apotegma que reza: la demora en la justicia es injusticia.
Río Negro tiene una patética experiencia en ese terreno. De las casi 180 causas vinculadas a delitos contra la administración pública en la provincia, muchas padecieron años de letargo en los fueros judiciales. Impugnaciones, excusaciones, vacantes no cubiertas, dificultades en la composición de salas, modorra o desidia conspiran contra la inmediatez que requieren estos expedientes. Con más razón si se aspira a la recuperación de los bienes sustraídos al patrimonio público.
Casos como Lotería, sobresueldos, Flavors, contrataciones de obras escolares, sobreprecios en el asfalto de San Antonio, represión policial en Bariloche, y largos etcéteras, llevaron o llevan años de indefinición. El caso Arbos ha sido, tal vez el ejemplo más dramático: la Corte define el sobreseimiento de los responsables ¡a casi 20 años del delito denunciado! Y las condenas que llevaron a prisión a Cortés, Zúñiga, Cárcar y Goye llegaron 14 años después, desde luego violando todo plazo razonable.
En épocas del vértigo de los “cuadernos de Centeno”, el tenor de la resolución del caso Arbos nos suena a surrealismo. Y, lo que es peor, nos revela que el caso quedó impune.
(Redacción Central)

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