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Caso Mandagaray: desmilitarizar la Policía
Melisa Fernández Marrón *
Estamos acostumbrados a lidiar con la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Toda una genealogía de prácticas ilegales y arbitrarias, y otras formas de proceder amparadas por la normativa, son prueba de ello.
Pero, ¿qué ocurre cuando el maltrato o la muerte se ciñen del lado policial?, como la tragedia del oficial ayudante Gabriel Mandagaray de la Policía de la provincia de Río Negro.
No es un caso aislado; exterioriza que acciones similares con más o menos alevosía la sufren “otros” integrantes de la institución, desconocidos, sin la posibilidad de que salgan a la luz o se esclarezcan con prontitud.
En la policía rionegrina, los ejercicios y vejaciones -como los expuestos por la prensa en estos días- son corrientes y conocidos en los procesos de instrucción de suboficiales, oficiales y cuerpos especiales.
Quizá, en estos últimos, un quehacer de elite cimentado en la valentía, la bravura y el coraje arroje mayores dosis de humillación y desubjetivación, cuyo propósito no es otro que poder soportar el rechazo y los agravios a los que se enfrentaran en los futuros conflictos sociales.
El caso del joven oficial nos recuerda la vigencia del “baile” que apela a la instrumentalización de la persona. Es decir, una ejercitación repetitiva de determinadas actividades de “campo” o disciplinamiento para robustecer el carácter y propiciar un “espíritu de cuerpo” (entendido como una valoración que trasciende lo individual y vuelve la vivencia en colectiva, confiriéndole así sentido de pertenencia).
Episodios como estos habilitan dos interrogantes nodales, entre otros posibles.
Primero: el cuestionamiento por esa identidad corporativa que es fuente de sentido de los actores involucrados y que, en paralelo, genera modos de encubrimientos, imposturas y tramas de opacidad.
Segundo: en una institución que transita con formatos cuasi militarizados resulta imperioso revisar el perfil de policías que se busca y demanda, así como los modus operandis que formarán a ese nuevo miembro.
Todo intento de reformas en la formación policial debería exceder a los tiempos de una jefatura, y, aun más, a los tiempos políticos de las altas jerarquías. De eso dan cuenta las experiencias en el pasado.
En Argentina, la desmilitarización de las policías continúa siendo una deuda pendiente de los gobiernos democráticos.
Se impone la necesidad de una perspectiva institucional como gubernamental que reconozca las matrices y tradiciones históricas de la instrucción, y desafíe y enfrente los derechos humanos como horizonte político dentro de las fuerzas de seguridad.
* Profesora y Doctora en Historia – UNRN -Instituto de Políticas Públicas y Gobierno. Sede Atlántica
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