Caso Mariano Ferreyra: Oyarbide investigará a los jueces de casación por sobornos

El juez federal Norberto Oyarbide tendrá que investigar a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal para esclarecer si existieron coimas para liberar a acusados en la causa del crimen de Mariano Ferreyra.



ARGENTINA

Según se supo en Tribunales, la sala VI de la Cámara del Crimen ordenó que sea la Justicia Federal la que investigue el supuesto hecho de coimas en la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero.

Y la investigación quedó en manos del juez Oyarbide, aunque habrá que esperar si acepta la delegación de esa pesquisa y, en todo caso, qué medidas dispone.

La causa busca determinar si los jueces de Casación Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo recibieron sobornos a cambio de favorecer eventualmente a imputados por el crimen de Ferreyra.

Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010 cuando protestaba junto a militantes del Partido Obrero y otras agrupaciones para que fueron incorporados a planta permanente empleados tercerizados del tren Roca.

Dos meses después comenzó a investigarse -a través de escuchas que se realizaban para esclarecer el crimen- si el propio titular de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza (todavía en libertad) planificaba una operación para conseguir la intervención de determinados jueces de Casación y comprar sus voluntades en el momento en que debían resolver los pedidos de excarcelación de la patota.

De acuerdo a la hipótesis de la causa, se habrían concretado los delitos de “tráfico de influencias y pago de sobornos en grado de tentativa”, mediante una supuesta maniobra en la que habrían intervenido para evitar que Pedraza fuese a prisión.

Por esa maniobra fueron procesados Pedraza y el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme, el ex funcionario de Casación Luis Ameghino Escobar (h), el contador de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini, y el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.

En la causa se allanó el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, donde se encontraron 50 mil dólares, que habrían provenido de la Unión Ferroviaria, y que -se sospecha- estaban destinados al pago de coimas.

El juez en lo criminal Pablo Ormaechea se había declarado en un primer momento incompetente, pero sus superiores de la Cámara del Crimen ratificaron su continuidad.

En mayo el mismo juez firmó la resolución en la que consideró que “mutó” la plataforma fáctica de los hechos y entendió que el caso debía pasar al fuero federal.

El fiscal Horacio Azzolin desde el comienzo de la pesquisa pidió imputar a los jueces de Casación y se opuso al pase del fuero federal.

Azzolin también solicitó “investigar la existencia de algún beneficio que podrían haber obtenido descendientes del juez Riggi con relación a algún proyecto vinculado al rubro de la construcción en el que la UOCRA estuviera involucrada” y “acceder a los legajos completos de todos los recursos presentados ante la Cámara Nacional de Casación Penal, durante la feria judicial de verano del año 2011, en la causa ‘Ferreyra’”.

Según publicó Página/12, en tres años y medio en el fuero ordinario, catorce jueces y diez tribunales superiores se excusaron de intervenir en el caso por sus lazos con los implicados.

En abril de 2013, un tribunal oral condenó a una patota de la Unión Ferroviaria como responsable del homicidio, y consideró partícipe necesario al sindicalista ferroviario José Pedraza, a quien sentencio a 15 años de prisión.

El caso está siendo revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Fuente: DYN


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