Caso Otoño: la historia de una mala praxis judicial

Una fiscal de Roca reactivó la causa. Sin embargo, el estado de las pruebas no es alentador. Desde la desaparición de la joven de Fernández Oro, en 2006, y su posterior femicidio se cometieron errores en la investigación. El proceso nunca llegó a juicio.

Cada año, los vecinos y organizaciones sociales se movilizan en la ciudad para reclamar justicia por el femicidio.

Cada año, los vecinos y organizaciones sociales se movilizan en la ciudad para reclamar justicia por el femicidio.

Las impericias en la investigación policial y los yerros del proceso de instrucción judicial contribuyeron a que el femicidio de Otoño Uriarte siga impune, a casi 15 años del hallazgo de su cuerpo en un canal de riego, en el paraje El Treinta de Cipolletti. Se trata de una causa emblemática en la región que tuvo juicios políticos, archivos, nulidades, controversias y un sinnúmero de cambios de funcionarios. En la actualidad, una fiscal de Roca intenta reactivarla apoyada en las nuevas tecnologías.

El miércoles pasado, luego de más de siete años sin novedades, la fiscal de Roca, Teresa Guiffrida, al frente del proceso desde octubre de 2020, dispuso que se analicen los restos para definir si hay posibilidad de realizar otros estudios complementarios a los ya existentes. La causa hoy pende de una efímera esperanza tecnológica que pueda aportar nuevas pruebas, aunque parezca improbable. No solo por el tiempo que pasó, sino porque la conservación de los restos no garantiza que puedan ofrecer nuevos indicios.

La investigación se inició en 2006 con la desaparición de Otoño Uriarte, de 16 años. La joven vivía en Fernández Oro, iba al colegio secundario y jugaba al vóley.

La policía, por esos meses, siempre la buscó con vida y nunca barajó la posibilidad de encontrarla en el escenario que se les apareció en abril de 2007.

En ese momento estaba al frente de la comisaría de Fernández Oro Ives Vallejos, luego promovido como primer jefe de la Regional Quinta cuando se creó esa unidad en Cipolletti. Durante un largo tiempo también estuvo a cargo de la comisión que investigaba el homicidio el comisario Daniel Jara, que fue designado el máximo jefe policial durante la gestión provincial de Alberto Weretilneck e incluso resistió los primeros meses de Arabela Carreras.

La jueza de instrucción fue María del Carmen García entre 2006 y 2010 y por ese entonces su secretario fue Santiago Márquez Gauna, actual jefe de fiscales en Cipolletti. Quizás el hombre que más conoce la causa a pesar de que el fiscal general Fabricio Brogna (con anuencia del procurador Jorge Crespo) pasó todas las actuaciones a la fiscal roquense Teresa Guiffrida.

Por la fiscalía, en esos años, intervinieron los fiscales Oscar Cid y el fallecido José Rodríguez Chazarreta, quien fue el que más impulso le dio a la investigación e incluso presentó otra hipótesis alternativa (ver aparte).

En un primer momento la policía salió tras las pistas del mismo grupo de sospechosos que se mantiene hasta la actualidad porque uno de sus integrantes tenía en su poder la bicicleta en la que Otoño se movía el día que desapareció.

La jueza García -entre 2007 y 2010- procesó dos veces a ese grupo de sospechosos conformado por Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.

La primera vez la Cámara Criminal, que en ese entonces revisaba la actividad de los jueces y juezas de instrucción, declaró nulo el procesamiento puesto que se les había imputado el homicidio y el encubrimiento, algo jurídicamente imposible. “Era como estar en la misa y en la procesión”, recordaron los memoriosos de tribunales.

Luego, la jueza modificó el hecho y los volvió a procesar, aunque la Cámara objetó la escasa prueba que había en contra de los acusados. Vencida con esos dos intentos, la magistrada tomó una licencia y ya nunca más regresó. El Consejo de la Magistratura la sometió a juicio político y la destituyó por inhabilidad psíquica sobreviniente.

Para ese entonces, año 2010, la secretaria de la Cámara Criminal Primera, Sonia Martín, fue propuesta, en la urgencia, para hacerse cargo como jueza sustituta no solo de la causa Otoño sino de todo lo que había en el Juzgado de Instrucción N°2.

Ese Juzgado fue el primer organismo judicial penal que tuvo la Cuarta Circunscripción cuando se separó de Roca y quedó abarrotado de causas el mismo día que empezó a funcionar.

Los sospechosos de siempre quedaron con falta de mérito que era una figura intermedia del anterior código procesal penal y finalmente en 2014 la jueza Martín, que ya era la titular del juzgado, firmó los sobreseimientos por falta de pruebas.

En una actuación casi estelar, el fiscal Chazarreta interpuso una casación, llegó al Superior Tribunal de Justicia y logró que, antes del cambio de código procesal en 2017, la causa se salvara en manos de Márquez Gauna que ya era jefe de fiscales.

Rita Custet, defensora general, hoy jueza del Tribunal de Impugnación, llevó la causa a la Corte Suprema de la Nación en la búsqueda de una resolución favorable para los imputados.

Después de años en el máximo tribunal nacional se conoció una mínima resolución de una carilla que, entre vericuetos legales, habilitaba a seguir investigando. De ahí la causa pasó de Cipolletti a Roca.

Río Negro pudo averiguar que entre la deficiencia del proceso de instrucción no se siguió una pista que podría haber cambiado la historia: la pericia del auto del sospechoso Calfiqueo. Allí se hallaron indicios sobre la presencia del cuerpo de Otoño en el coche. Sin embargo, esa prueba nunca fue agregada a la causa. Por este procedimiento se inició una investigación paralela que a la fecha se desconoce su desenlace.

La descomposición del cuerpo fue otro obstáculo para esclarecer el crimen. Según fuentes forenses, la disgregación de la prueba, por el paso del tiempo, la conservación y los estudios previos, hacían imposible tener resultados rigurosos para las pruebas de semen. “Era muy difícil hallar restos. Lo más probable es que cualquiera pudiera ser compatible por la degradación del pelo”, indicó una fuente con conocimiento en el procedimiento. La expectativa de la fiscalía es que a partir de nuevas tecnologías puedan acotar el margen de error.

El femicidio de Otoño fue entre su desaparición el 23 de octubre de 2006 y el hallazgo del cuerpo seis meses después. Está comprobado que llevaba mucho tiempo sin vida porque el cadáver estaba muy descompuesto. Tanto que la identificación la confirmó un estudio de ADN: aunque su padre Roberto la reconoció por las prendes de vestir y un colgante.

El miércoles pasado, más de siete años desde la última pericia, la fiscal solicitó un nuevo informe forense sobre los restos de la joven.

Los resultados de ese estudio pueden ser la última carta para evitar que el femicidio de Fernández Oro quede impune.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los médicos del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de Cipolletti se constituyeron el miércoles en la Morgue Judicial de Roca para iniciar el proceso de evaluación de los estudios de restos óseos y de los orificios en el cráneo de la víctima.

Fernández Oro tiene varios murales en memoria de la joven Otoño Uriarte. Foto: Florencia Salto

La pista de la trata de personas y el jury al fiscal Cid


El fiscal Oscar Cid también fue sometido a juicio político al igual que la jueza García. De todas formas, el funcionario corrió mejor suerte porque en la acusación le pidieron 20 días de suspensión por mal desempeño y el Consejo de la Magistratura lo terminó absolviendo por mayoría. En la actualidad sigue en funciones en la circunscripción.

En el jury a Cid le atribuyeron supuestas demoras en el envío de transcripciones telefónicas de un diálogo entre un policía de apellido Vivanco y el encargado del cabaret Las Vegas de Choele Choel, en la cual se hablaba sobre la presencia de menores en ese local.

Surgió de la acusación que Cid fue notificado sobre estas escuchas el 29 de noviembre de 2006 y que remitió una copia recién dos meses después. Los fiscales de Valle Medio, Guillermo Bodrato y Miguel Flores, señalaron que tomaron conocimiento de las escuchas el 19 de abril de 2007 a través de la prensa.

Cid, por el contrario, aseguró que mantenía contacto fluido con sus pares de Valle Medio y que Flores le había brindado información sobre la trata de personas en la ciudad de Choele Choel. También detalló que solicitó la intervención de la Justicia Federal. La fiscalía federal, que pocas veces rinde cuentas a la sociedad, nunca informó si siguió esa pista. Incluso una hipótesis indicaba que Otoño pudo haber sido víctima de una red de trata y que ante la imposibilidad de sacarla de la región sus captores optaron por asesinarla. Por esos años, y más durante la búsqueda, la fotografía de Otoño invadió todas las vidrieras, paredes, periódicos, noticieros y hasta el último rincón de la provincia. Como su familia era de El Bolsón, la región cordillerana también se plegó a la búsqueda y difusión del caso.

En números

2007
en abril de ese año encontraron el cuerpo de la joven en el paraje El Treinta de Cipolletti.
6
fueron los imputados: Néstor Cau, Germán Antilaf, José Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo.

El criminal de las rutas que también fue sospechoso


Un informe policial conocido en 2012 abrió nuevas líneas de investigación en la causa por el femicidio de Otoño Uriarte. El entonces fiscal José Rodríguez Chazarreta confirmó la existencia de reveladores documentos que vinculaban la desaparición de la joven con una posible participación de José Antonio Zapata, quien está detenido y condenado (en ese momento solo estaba procesado) por una serie de asesinatos cometidos en la región.

Zapata fue condenado en 2015 a prisión perpetua por el crimen del odontólogo Héctor Parlanti, pero también tuvo causas por el asalto y posterior violación de una turista cordobesa.

El informe policial al que aludía Chazarreta sembraba sospechas sobre Zapata con relación a la muerte de Otoño.

Una de ellas tiene que ver con la condena que dictó hace más de diez años la justicia de Roca contra Zapata. Recibió la pena de diez años de prisión como autor del delito de “robo calificado en concurso real con violación”. Ese hecho, del que resultó víctima una pareja de Fernández Oro, ocurrió el 3 de febrero de 2000. En febrero de 2005 Zapata consiguió una reducción de la pena a nueve años, que se agotó en agosto de 2009, aunque el imputado comenzó a gozar de salidas transitorias en diciembre de 2005 y obtuvo la libertad condicional en agosto de 2006.

Otoño desapareció el 23 de octubre de ese año y su cuerpo fue hallado en abril de 2007, en una usina del paraje El Treinta. Quienes avisaron a la Policía sobre la aparición del cadáver fueron dos familiares de Zapata, que viven en esa zona.

Por todos esos datos la Policía llegó a sospechar que Zapata pudo haber tenido vinculaciones con gente de Fernández Oro que conocía algún detalle sobre la joven. También el imputado frecuentaba mucho la zona donde apareció muerta Otoño. Allegados a la causa admitieron que la información policial podía llegar a abrir una línea de investigación, aunque nunca fue “transparentada en el expediente”. Luego de un tiempo no se supo más nada sobre esa pista. Ya jubilado, el fiscal Chazarreta falleció el año pasado en su casa de Fernández Oro.


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