Especialista en criminalística estudia el femicidio de Otoño Uriarte

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti incorporó a una profesional para analizar los casos más complejos de la Cuarta Circunscripción. El hecho ocurrió hace 13 años en Fernández Oro y todavía no hay sospechosos del crimen. Los implicados están acusados de encubrimiento agravado.

El recuerdo vivo.  Cada año se realiza una marcha para exigir justicia por la joven orense.

El recuerdo vivo. Cada año se realiza una marcha para exigir justicia por la joven orense.

Pasaron 13 años del femicidio de la joven Otoño Uriarte y hace casi tres que la causa duerme en la Corte Suprema sin definiciones. El año pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro convocó a una especialista en criminalística a estudiar el voluminoso expediente de 43 cuerpos: uno de los más grandes y complejos de la circunscripción. Un caso todavía impune.


El MPF de Cipolletti incorporó a una profesional cuyo primer gran objetivo fue el estudio de los voluminosos cuerpos. Se trata de Cecilia Zeoli, una criminalística que vino de Buenos Aires. Ingresó por concurso y según se explicó interviene en todos los casos graves que ocurrieron con posteridad al cambio de código procesal.

Sin embargo se hizo una excepción con el de Otoño y desde el año pasado la profesional se encuentra estudiando cada una de las fojas judiciales de ese expediente Otoño casi como intentando encontrar un rumbo perdido.


En Cipolletti, y sus alrededores, el listado de femicidios pareciera interminable, sin embargo el de Otoño es paradigmático. En otros casos, como el triple crimen y la masacre del laboratorio, se llegó a una condena penal a pesar de que quedó la sensación de impunidad.


En el triple crimen nunca se pudo descubrir quiénes habían ayudado al condenado Claudio Kielmasz y en la masacre del laboratorio el acusado quedó libre por una cuestión jurídica, aunque se supo que su huella había quedado plasmada en la escena.


En cambio, en la causa Otoño ni siquiera está firme la decisión del Superior Tribunal de Justicia que le dio impulso a la causa en junio de 2017.
El recurso que presentó la defensora general Rita Custet (hoy integrante del Tribunal de Impugnación) busca absolver a los imputados que tienen defensores públicos aunque indefectiblemente beneficiará a todos los involucrados en el femicidio y se cerraría la causa.


“Por la información que tenemos aún falta que se expidan dos de los cinco jueces de la Corte Suprema y cada uno va tardando varios meses”, sostuvo una fuente del Ministerio Público Fiscal. Los seis implicados están acusados por encubrimiento agravado. Ni siquiera se sabe quién o quiénes asesinaron a la joven de Fernández Oro.

Según la fiscalía, todavía existen medidas pendientes a tomar. Entre ellas, se mencionó una pericia genética sobre cabellos hallados en la remera de la víctima; la ampliación del estudio físico de prendas; estudios de física forense y un requerimiento al Cuerpo Médico Forense de la Corte para re analizar con un programa informático los resultados de ADN.


Una gran incógnita es el tema de la conservación del cuerpo de Otoño que se encuentra en una morgue desde hace 13 años. Sus familiares jamás la pudieron despedirla en una ceremonia.

Dato

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lleva en la Corte Suprema de la Nación el recurso que presentó la defensora oficial para sobreseer a los imputados.


Por ahora, la investigación se mantiene en iguales condiciones que en junio de 2017, cuando Custet presentó el recurso ante la Corte. Al frente del caso continúa el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna quien fue el secretario de instrucción durante el primer tiempo de la investigación que comandaba la jueza María del Carmen García. La magistrada tomó una extensa licencia y luego fue destituida.


Otoño Uriarte vivía en Fernández Oro. Tenía 16 años, desapareció el 23 de octubre de 2006 y su cuerpo fue hallado el 24 de abril de 2007 semisumergido en una usina del paraje El Treinta.


Entre otras hipótesis, hubo sospechas de complicidad policial y de secuestro para trata de personas. fallas en la investigación, las pruebas que no se analizaron y los rastros que se perdieron formaron un cóctel perfecto para que el caso todavía quede impune.

El nuevo código procesal evitó que la causa se archive

La implementación del nuevo Código Procesal Penal de Río Negro, en agosto de 2017, evitó que la causa, que ya había agotado todos los plazos jurídicos, quede archivada.


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro falló a favor de un recurso de casación y otorgó más tiempo a la fiscalía para intentar resolver el femicidio.


Poco antes de jubilarse, el exfiscal José Rodríguez Chazarreta presentó la medida apelando los sobreseimientos de los seis imputados que impuso la jueza Sonia Martín por el vencimiento de los plazos.


De esta manera, el máximo órgano judicial de Río Negro le devolvió a la fiscalía la posibilidad de reabrir el expediente. Los seis implicados están acusados por encubrimiento agravado.


Ese mismo año -2017- por entonces la defensora oficial Rita Custet presentó el recurso ante la Corte Suprema que tres años después todavía no resolvió. Esta medida alcanzó a Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.


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