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Cayó la Emergencia Frutícola y ahora buscan alternativas

Ayer vencieron los plazos para su prórroga. Sectores del Gobierno respaldaron los dichos de Hernández. Discrepancias entre los empresarios sobre la definición que tuvo la Ley.



Sin la Ley, el sector deberá cancelar deudas ante AFIP por 3.800 millones de pesos.

Finalmente, el Gobierno Nacional no prorrogó la Ley de Emergencia Frutícola que comenzó a ser aplicada en 2017 y venció ayer. Tal como lo había adelantado Río Negro, la actividad del Valle se quedó sin los beneficios fiscales de las últimas temporadas.

Las tres sucesivas prórrogas incluyeron a los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, al Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con vencimientos fijados entre el 4 junio de 2017 y 31 de mayo de 2020.

Según datos preliminares dados a conocer por la AFIP el stock de pasivos acumulado por la actividad en todo este período alcanza a los 3.800 millones de pesos. Empresas y productores deberán ahora adherirse al plan de pagos que permite el organismo recaudador para este caso.

Datos clave

3.800
son los millones de pesos que la actividad sumó como deuda ante la AFIP en estos tres años que funcionó la Emergencia.
90
son las cuotas -límite- a las que pueden acceder productores y empresarios en el Plan de Pagos que impulsa la AFIP.

Fuentes de los ministerios de Economía y Producción de la Nación aseguraron este fin de semana que están trabajando para continuar con algunos de los beneficios que otorgaba la Ley, pero solo para ciertas pymes y productores que tienen riesgos de quedar fuera del sistema.

Por otra parte, señalaron que pondrán fecha para dar comienzo al pago del stock de duda acumulado -sin dar precisiones a partir de cuándo- y que cada empresa luego negociará un plan de pagos con la AFIP para cancelar sus pasivos ante el organismo recaudador.

Diferencias

Entre los empresarios, que se encuentran nucleados dentro de la CAFI no hay un criterio unificado sobre los pasos a seguir tras la decisión del Gobierno Nacional de no continuar con la Ley de Emergencia.

El ala dura empresarial asegura que se debe presionar para dar continuidad a estos beneficios, teniendo en cuenta la crisis que viene soportando la actividad desde hace décadas. Sin embargo, existe un sector algo más moderado que interpreta que “ya es hora” de comenzar a pagar las deudas previsionales que se vinieron acumulando en estos últimos años y entender “la parálisis que están sufriendo otras actividades” sobre las que el Estado debe tener prioridad.

Las palabras del titular de la Federación de Productores también golpearon de llenó en la central empresaria. “Muchas exportadoras usaron la Emergencia para financiar la compra de activos”, sentenció Sebastián Hernández en medio de las negociaciones de la prórroga con la Nación. Varias fueron as empresas que se sintieron afectadas por estos dichos. “Tiene mucha razón Hernández en lo que señala”, avalaron desde algunos de los despachos de Agricultura y Producción de la Nación.

Agustín Argibay, titular de la CAFI, replicó que “las empresas asumieron el compromiso de seguir con la actividad tomando enormes riesgos para ampliar sus estructuras en un momento crítico para la actividad, ayudando a que mucha gente no quede en la calle sin trabajo. Expofrut, Salentein y otras multinacionales ya no están más entre nosotros. Se fueron porque perdieron millones de dólares intentando invertir en la Argentina”.


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Cayó la Emergencia Frutícola y ahora buscan alternativas