“Chau, Carlos”
Con mucha tristeza pienso en Carlos Huentemil, aun sin conocerlo, y me solidarizo con su familia en este momento de extremo dolor. Ante los dichos públicos del ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Ricardo Arroyo, acerca del “despido de dos personas que no trabajaban”, me siento en la obligación de responder, teniendo en cuenta que una de esas personas debo ser yo, asesora legal del Organismo de Protección Integral. No voy a explayarme demasiado en los dichos del ministro porque entiendo que es absurdo refutar afirmaciones mentirosas y porque tengo la certeza de que tales falsedades son la única herramienta de defensa o confrontación que tiene un ignorante. Sin embargo, me interesa recalcar lo bueno de mi paso por ese ministerio. Fui asesora legal desde el 2009 hasta hace una semana. He desarrollado mis capacidades, habilidades y destrezas para desempeñar tareas complejas y, algunas, no tanto; he transmitido mis conocimientos. Fui quien durante casi cinco años asistió, junto a técnicos, a audiencias en los juzgados en representación del Organismo de Protección Integral; quien recepcionó las demandas espontáneas, quien colaboró en la redacción de informes, quien asesoró a un equipo técnico, quien intervino en innumerables situaciones de abuso sexual infantil y de adicciones de adolescentes y maltrato. Fui quien le llevó una palabra de aliento a un joven internado en Buenos Aires, quien abrazó a muchas familias, consoló a una madre y se desgarró con el dolor ajeno y lo hizo propio. Fui quien acompañó a muchas familias a realizar trámites, quien concurrió a las comisarías ante la demora policial de algún menor. Fui quien se reunió con jueces o defensoras por situaciones de algún niño. También fui aquella que le sugirió a una funcionaria que se capacitara y la conminó a trabajar por las necesidades de la gente; fui quien no tuvo miedo ante el accionar patoteril de otros funcionarios y durante el último año observó cómo se iban trabajadores por una puerta e ingresaban ñoquis por otra. Ingresé a trabajar siendo profesional y percibiendo una “beca de capacitación” de 1.500 pesos. Se entenderá que no ingresé por lo abultado de la suma ni por las excelentes condiciones laborales, tampoco porque no haya tenido opción, sino porque creí poder realizar la tarea y me reconforta el saber que lo hice bien. No podrán decir lo mismo el ministro ni la Sra. Fernández, tampoco Clemant ni Moriones. Y, en este sentido, concuerdo en absolutamente todo con Mónica Arburía. Es lamentable ver cómo estos funcionarios que pertenecen a un área tan sensible como el Ministerio de Desarrollo Social son tan irresponsables y desatienden las necesidades de la población más vulnerada. Escuché al ministro decir: “Si en tres meses no cumplo los objetivos, soy el primero en irse”. Supe, al instante, que mentía. No sólo no se cumplió ni uno de los objetivos propuestos sino que cada vez más se evidencia la debacle. Nunca en la historia de Río Negro hubo tanta ineptitud y falta de capacidad en los funcionarios. Jamás se padeció un accionar payasesco y patoteril como el de este ministro y sus funcionarios. Me alegra saber que entre ellos y yo existe un abismo insalvable. Entre ellos y yo hay una gran diferencia. Jamás estuve en lujosos despachos, ni tuve chofer ni me movilicé en autos de alta gama. Esos lujos son necesarios para quienes sólo pueden acceder a ellos a través del Estado. Yo soy una profesional, tengo el conocimiento y la capacidad, y eso nos diferencia gratamente para mí, no así para la sociedad en general de la que soy parte. Por ello, invito al ministro y sus funcionarios a capacitarse y ejercer un control de la ira. Si trabajé o no… lo juzgarán la gente, las actas de audiencias, mi firma en los informes del organismo y las planillas diarias de asistencia. María de los Ángeles Salto, DNI 28.093.382 Cipolletti
María de los Ángeles Salto, DNI 28.093.382 Cipolletti
Con mucha tristeza pienso en Carlos Huentemil, aun sin conocerlo, y me solidarizo con su familia en este momento de extremo dolor. Ante los dichos públicos del ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Ricardo Arroyo, acerca del “despido de dos personas que no trabajaban”, me siento en la obligación de responder, teniendo en cuenta que una de esas personas debo ser yo, asesora legal del Organismo de Protección Integral. No voy a explayarme demasiado en los dichos del ministro porque entiendo que es absurdo refutar afirmaciones mentirosas y porque tengo la certeza de que tales falsedades son la única herramienta de defensa o confrontación que tiene un ignorante. Sin embargo, me interesa recalcar lo bueno de mi paso por ese ministerio. Fui asesora legal desde el 2009 hasta hace una semana. He desarrollado mis capacidades, habilidades y destrezas para desempeñar tareas complejas y, algunas, no tanto; he transmitido mis conocimientos. Fui quien durante casi cinco años asistió, junto a técnicos, a audiencias en los juzgados en representación del Organismo de Protección Integral; quien recepcionó las demandas espontáneas, quien colaboró en la redacción de informes, quien asesoró a un equipo técnico, quien intervino en innumerables situaciones de abuso sexual infantil y de adicciones de adolescentes y maltrato. Fui quien le llevó una palabra de aliento a un joven internado en Buenos Aires, quien abrazó a muchas familias, consoló a una madre y se desgarró con el dolor ajeno y lo hizo propio. Fui quien acompañó a muchas familias a realizar trámites, quien concurrió a las comisarías ante la demora policial de algún menor. Fui quien se reunió con jueces o defensoras por situaciones de algún niño. También fui aquella que le sugirió a una funcionaria que se capacitara y la conminó a trabajar por las necesidades de la gente; fui quien no tuvo miedo ante el accionar patoteril de otros funcionarios y durante el último año observó cómo se iban trabajadores por una puerta e ingresaban ñoquis por otra. Ingresé a trabajar siendo profesional y percibiendo una “beca de capacitación” de 1.500 pesos. Se entenderá que no ingresé por lo abultado de la suma ni por las excelentes condiciones laborales, tampoco porque no haya tenido opción, sino porque creí poder realizar la tarea y me reconforta el saber que lo hice bien. No podrán decir lo mismo el ministro ni la Sra. Fernández, tampoco Clemant ni Moriones. Y, en este sentido, concuerdo en absolutamente todo con Mónica Arburía. Es lamentable ver cómo estos funcionarios que pertenecen a un área tan sensible como el Ministerio de Desarrollo Social son tan irresponsables y desatienden las necesidades de la población más vulnerada. Escuché al ministro decir: “Si en tres meses no cumplo los objetivos, soy el primero en irse”. Supe, al instante, que mentía. No sólo no se cumplió ni uno de los objetivos propuestos sino que cada vez más se evidencia la debacle. Nunca en la historia de Río Negro hubo tanta ineptitud y falta de capacidad en los funcionarios. Jamás se padeció un accionar payasesco y patoteril como el de este ministro y sus funcionarios. Me alegra saber que entre ellos y yo existe un abismo insalvable. Entre ellos y yo hay una gran diferencia. Jamás estuve en lujosos despachos, ni tuve chofer ni me movilicé en autos de alta gama. Esos lujos son necesarios para quienes sólo pueden acceder a ellos a través del Estado. Yo soy una profesional, tengo el conocimiento y la capacidad, y eso nos diferencia gratamente para mí, no así para la sociedad en general de la que soy parte. Por ello, invito al ministro y sus funcionarios a capacitarse y ejercer un control de la ira. Si trabajé o no… lo juzgarán la gente, las actas de audiencias, mi firma en los informes del organismo y las planillas diarias de asistencia. María de los Ángeles Salto, DNI 28.093.382 Cipolletti
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