Cipolletti: desigualdad de recursos entre fiscales y defensores públicos

La igualdad de recursos y de condiciones que promueve la Reforma Procesal Penal no se cumple para nada en Cipolletti. La defensa pública, en cuanto a estructura, se encuentra en una situación de desequilibrio. De un lado dos fiscales jefes, siete fiscales y seis adjuntos. Una camioneta último modelo para el traslado de funcionarios del Ministerio, varios edificios a disposición y un sistema de turno en doble jornada. Es más, en la fiscalía funcionan “unidades operativas”, para la búsqueda de fugados por ejemplo.

Como si eso fuera poco cuentan con personal policial “adscripto”, es decir que cobran el sueldo por Policía pero están a las órdenes de los fiscales para las investigaciones.

Del otro lado cuatro defensores titulares y una adjunta batallan contra un sistema de audiencias permanentes, turnos y una demanda creciente. En la Cuarta Circunscripción la tendencia se mantiene en el resto, muy pocos imputados se defienden con abogados privados. Son dos o tres los que litigan asiduamente en Cipolletti. El resto utiliza el servicio de la defensa pública.

Este diario mantuvo un encuentro con tres de los cuatros defensores quienes confirmaron toda la información que se consigna aquí aunque prefirieron canalizar formalmente los reclamos por la vía institucional.

El cambio de paradigma se produjo con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal el 1 de agosto de 2017. Antes, tanto la defensa como la fiscalía se movían alrededor de la prueba que producía el juez de instrucción, viejo director del proceso. Sin embargo con el actual sistema ambas partes deben “trabajar de cero” la prueba y aquí es donde queda en evidencia la desigualdad de herramientas.

A lo largo de este tiempo, en casos complejos, la parte acusadora se ha presentado a las audiencias con dos, tres y hasta cuatro fiscales. Incluso ubican y empleados en el público. Del otro lado un solo defensor hace malabares entre el asesoramiento de sus clientes y los debates.

“La libertad de una persona depende de que yo asista a esa audiencia, así que si no me dan un cuarto intermedio me voy y que me hagan otro sumario si quieren”, lanzó días atrás el defensor Juan Pablo Piombo cuando le reclamaba al juez Julio Sueldo que suspendiera el debate en el caso de Juan García, acusado de matar a su hermana Dora García. Es que el letrado tenía que asistir en otra audiencia a la misma hora a un detenido y también participaba del complejo juicio fijado en doble jornada. Lo mismo ocurrió en el caso Forno cuyo debate demandó varios meses también con extensas jornadas.Silvana Ayenao fue la defensora pública en ese debate.

“Señor juez me da diez minutos que recién logro encontrarme con mi cliente y necesito entrevistarme con él para diseñar la estrategia de defensa”, son frases comunes que se escuchan al inicio de las audiencias. Un claro ejemplo del escaso tiempo y de los recursos con que cuenta la defensa pública.

Desde que se puso en marcha el nuevo sistema se concursó un solo cargo de defensor titular que ganó Marcelo Caraballo, previo a su designación se desempeñaba como adjunto. En ese mismo tiempo Laura González Vitale obtuvo una banca como jueza de garantías y dejó la defensoría. Hay otros cinco cargos en concursos uno para defensor titular y cuatro suplentes .

La defensoría no cuenta con un vehículo y muchas veces los recorridos que hacen los defensores por los panales, porque además de litigar deben realizar el trabajo de ejecución, lo hacen con sus propios vehículos.

Si bien la Cuarta Circunscripción abarca de Catriel aFernández Oro, los defensores tienen detenidos en todos los penales de la provincia; Roca, Viedma y Barilochem, entre otros.

Otro de los problemas que enfrentan los defensores está relacionado con los secuestros que también afecta a los privados. Afirman que la parte acusadora dispone de los secuestros y que en ocasiones no los pone a disposición de la defensa, pese a los escritos que se presentan en la mesa de entradas de oficina judicial. Este tema también demandó la intervención del juez Julio Sueldo en una de las causas penales promovidas contra el exlegislador Rubén López. El defensor Guillermo Oviedo acusó a la fiscalía de no permitirle revisar un libro de actas de la Obra Social, prueba importante para preparar su defensa. Sueldo les solicitó a la fiscalía que en lo sucesivo tratarán de “ser operativos” para poner los secuestros a disposición de la defensa.