Citarían unos cuatro mil estatales rionegrinos

La provincia se lo solicitó a la Justicia en el marco de la demanda planteada por UPCN por los aportes de futuros jubilados de la adminsitración pública provincial.

Por Redacción

JUDICIALES

La provincia pidió a la Justicia que cite a unos 4.000 estatales para atestiguar en la demanda que UPCN inició por el cumplimiento de la ley de la totalidad de aportes previsionales para próximos jubilados rionegrinos.

Esta pulseada se plantea en la Justicia mientras el gobierno no resolvió todavía cuándo aplicará esa legislación, aprobada en junio del 2011 y destinada al mejoramiento de las jubilaciones de los futuros retirados del Estado rionegrino. Esta situación se derivaría del mayor aporte previsional de los agentes públicos, que ingresen en los últimos 10 años para su edad de retiro, al incorporarse en sus liquidaciones previsionales aquellas sumas actualmente no remunerativas, aún importantes en algunos escalafones.

Su implementación se relaciona con la pretensión del gobierno de acelerar el retiro de empleados en condiciones de jubilarse y que se resisten por la diferencia de sus haberes activos y sus futuras remuneraciones de pasivos. Así, en la búsqueda de su aplicación, Economía abrió el año pasado una negociación con la AFIP para instrumentar una moratoria por unos 180 millones, cancelando las obligaciones del Estado y de los empleados que se acumularon en los dos años y medio de vigencia de la ley 4640. El plazo sería de 12 años y medio. Pero, esa alternativa no fue formalizada.

Además de esas obligaciones pendientes, la cartera de Economía deberá encuadrarse en la ley con las liquidaciones presentes, con los consecuentes desembolsos por los nuevos aportes a la AFIP que alcanzarían a unos 9 millones mensuales, incluyendo aquellos personales de los empleados.

Esta participación constituye el razonamiento de la Fiscalía de Estado para requerirle a la Cámara Laboral que convoque y cite a unos 4.000 estatales que están dentro de los 10 años para retirarse, por lo cual, tendrán descuentos en sus remuneraciones. La representación legal de la provincia entiende que esos empleados son partes del proceso judicial entonces se los debe convocar para conocer su opinión.

En otra parte de su escrito, la Fiscalía también cuestiona la demanda de UPCN por razones formales. La acción de la entidad conducida por Juan Carlos Scalesi se formalizó en junio cuando ya existía un fallo en un caso particular de un empleado del Idevi.

El tribunal planteó -según el expediente 244/2013- un plazo de negociación hasta el 29 de noviembre pero, frente a la falta de una propuesta formal, UPCN ratificó su acción judicial. En diciembre, la representación del Estado cumplió con su respuesta y requirió la citación de esos 4.000 estatales, respondiendo con esta estrategia dilatoria.

En ocasión de su presentación, Scalesi recordó que la demanda se “hizo después del reclamo ante el Poder Ejecutivo, pero esto nunca respondió”. Afirmó que “el gremio ostenta la representación de los intereses colectivos de los afiliados a la UPCN y del conjunto de los empleados públicos” porque el “no cumplimiento de la ley L Nº 4640 vulnera los derechos patrimoniales y previsionales de los agentes públicos en condiciones de jubilarse”.

Aportes para futuros jubilados

La ley 4640 -que se sancionó el 28 de abril del 2011 y se publicó en el Boletin Oficial del 5 de marzo del 2011- establece “la incorporación de todos sus adicionales como sumas remunerativas” para “todo el personal dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, comprendido en las edades de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres”. El segundo artículo preve que el “ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos implementará la presente norma de acuerdo a las partidas presupuestarias correspondientes”.

La gestión radical de Miguel Saiz no la cumplió y, en el 2012, la administración del Frente para la Victoria reabrió el debate cuando intentó un plan de retiros de aquellos ya en condiciones de jubilarse. Apareció entonces la resistencia frente al incumplimiento de los aportes que mejorarían los futuros haberes previsionales y UPCN encabezó esa postura incluyendo la demanda presentada en la Cámara Laboral de Viedma, que preside Eduardo Roumec.