Colombia: el terrorismo “mide” al presidente Santos
ENRIQUE A. aNTONINI (*)
En su discurso inaugural, el flamante presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, trazó los lineamientos de lo que será su gobierno: lucha contra la pobreza, generación de empleo, educación con calidad, innovación y tecnología, desarrollo regional y, sobre todo, respeto por el ambiente y los derechos humanos, elementos básicos de la prosperidad para su país. En cuanto a la consolidación de la seguridad y el combate al terrorismo y el narcotráfico, el mensaje fue contundente pues advirtió que, “mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. ¡Y ustedes, los que me escuchan, saben que somos eficaces!”. No cerró, sin embargo, la posibilidad de negociación: “A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa”, pero advirtió que no permitirá que el país sea engañado nuevamente. “Es posible tener una Colombia en paz, sin guerrilla, ¡y lo vamos a demostrar, por la razón o por la fuerza!” El atentado terrorista contra Radio Caracol es ante todo, la notificación de que el terrorismo sigue al acecho de cualquier oportunidad para causar daño y tratar de amedrentar a los colombianos. Es una respuesta indudable a la oferta del presidente Santos de mantener una puerta abierta para el diálogo con las organizaciones armadas ilegales y a la invitación a que renuncien al terrorismo y otras conductas delictuales como mecanismo político y da una idea real de cuál es la naturaleza criminal de esas organizaciones. Como lo dijo el flamante mandatario, “como todo acto terrorista, lo que quieren es perturbar, es generar miedo en la población, es generar escepticismo de la gente en las autoridades”. Las narcoguerrillas siempre han dado la misma respuesta cuando se les abre la puerta al diálogo en un absurdo intento por mostrarse fuertes y llegar con capacidad de exigir que se acepten sus tesis como requisito para renunciar al método terrorista. Resulta imprescindible que las autoridades encuentren a los autores del atentado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son el principal sospechoso por muchísimas razones, comenzando por su consuetudinario desprecio por la vida humana. Como señaló el presidente Santos, razones hay por montones para sospechar de “los sospechosos de siempre”. Sin embargo, la investigación no puede dejar por fuera ninguna hipótesis. La criminalidad en Colombia comprende un espectro mucho más amplio que el de las FARC y el país ha conocido en los últimos años el nivel insospechado al que llegan los poderosos intereses criminales. Ya son muchas las malas experiencias que ha debido superar Colombia y muchos los intentos por obligarlo a ceder a las pretensiones del terrorismo. Por eso, la seguridad democrática y la defensa del Estado de derecho como garante de la vida y la tranquilidad no tienen vuelta atrás. El único plan de paz que demandan los colombianos pasa por la derrota de los violentos, por la razón o por la fuerza. La solidaridad que ha expresado la comunidad internacional con Colombia debe dar paso a acciones concretas y efectivas para cerrar los pocos espacios que aún les quedan a los terroristas, dentro y fuera del país. Cabe recordar que los narcoterroristas tenían sitiada a Colombia y el Estado había perdido control sobre el territorio; no hace tanto y aún podría volver a suceder. Es una lucha sobre la que no se puede ceder. (*) Abogado
