Con una emergencia buscan soluciones habitacionales en Bariloche
Concejales de la oposición impulsan una declaración excepcional por un año con un plan para atender la demanda y el desistimiento de causas judiciales que el oficialismo rechaza.
La Mesa de Tierras recordó que el presidente anterior del IMTV, Javier Giménez, había comprometido un “plan de acciones” con el Consejo Social de Tierras. Foto: archivo
Como capas superpuestas, las ordenanzas y resoluciones que buscan resolver la crisis habitacional de Bariloche -incluidas varias declaraciones de emergencia- se suceden una a otra desde hace 15 años. Aun así las soluciones no aparecen y el déficit de viviendas y de lotes sociales es cada vez mayor.
Cuatro concejales de la oposición, en coordinación con varias organizaciones barriales, impulsan una nueva declaración de “emergencia habitacional”, adosada esta vez a un “programa” para brindar respuestas urgentes, reasignar partidas y gestionar fondos para dotarlo de un presupuesto tangible y verificable, cuya ausencia no haría más que desembocar en nuevas frustraciones.
El proyecto inicial presentado por el Frente de Todos y el Partido Unión y Libertad hablaba de un fondo de 100 millones de pesos, pero ese monto desapareció del texto reformulado que desde el lunes está bajo tratamiento de la comisión de Economía.
En el medio ocurrió la pandemia de covid-19, cuarentena y la crisis resultante, que pusieron en jaque a las finanzas del municipio. Pero al mismo tiempo ese nuevo escenario agravó las condiciones para quienes carecen de un lugar donde vivir.
La emergencia habitacional pretendida por la oposición tendría vigencia por un año y le impone al Ejecutivo Municipal “suspender” por ese lapso cualquier acción “judicial o extrajudicial” que esté orientada a lograr el desalojo de ocupantes de tierras de su propiedad, cuando se trata de personas en estado de “vulnerabilidad social”.
El proyecto surgió justamente a partir de las tomas ocurridas en enero y febrero pasado, que el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas denunció ante la Justicia y que desembocaron en varios llamados a indagatoria, intimaciones de desalojo y hasta el dictado de una prisión preventiva.
La propuesta establece el reemplazo de esa política por la creación de una “mesa de resolución alternativa de conflictos”, integrada por representantes del Ejecutivo, el Concejo, la Defensoría del Pueblo y organizacioines sociales.
Crea además el programa “Emergencia habitacional frente a la pandemia” y le da al Ejecutivo un plazo de 20 días para “reasignar partidas” a fin de dotarlo de presupuesto.
La concejal Julieta Wallace (FdT) dijo que ese dinero podría provenir de la moratoria lanzada en fecha reciente y también de otros gastos prescindibles como “la propaganda política y las gestiones de cobranza”, además de los recursos que dispone la Nación y la provincia para infraestructura básica y soluciones habitacionales.
“Es difícil en el actual contexto, pero hay que empezar por algo”, señaló. Dijo que el plan se propone realizar obras de infraestructura básica y otro de los puntos es el otorgamiento de microcréditos para la mejora de viviendas, a razón de 50 mil pesos por familia. Señaló que no es inabordable y puso el ejemplo del municipio de Roca, que acaba de lanzar una operatoria de ese tipo con un recurso de 12 millones de pesos. Wallace dijo que es mucho menos de lo que emplea Bariloche en subsidiar el transporte.
Sobre la suspensión de las demandas por las tomas admitió que el oficialismo va a tener discrepancias, pero dijo que sería “sólo por un año”, en los que el municipio apostaría a la solución negociada de los conflictos, mientras se ajusta una nueva metodología “que tenga perspectiva de derechos”.
El concejal Gerardo del Río (PUL) se manifestó esperanzado de lo que pueda resultar del trabajo en comisiones, Dijo que el déficit habitacional en la ciudad “tiene un arrastre de muchísimos años”. Reconoció que el Ejecutivo tiene otra mirada y “presentó su propio proyecto para abordar la misma problemática, mediante el plan Reactivar y la venta de lotes fiscales”.
Del Río dijo que del debate deberían surgir los consensos. “Lo que queremos todos es encontrar soluciones”, afirmó. Sobre la suspensión de las acciones penales por las tomas subrayó que “criminalizar la protesta y el reclamo es un retroceso y estanca cualquier política”.
El concejal de Juntos Carlos Sánchez discrepó en ese punto. “Así como está no lo podemos aprobar -adelantó-. Mi opinión es claramente en contra al levantamiento de las demandas. Tenemos que cuidar los bienes del Estado”.
10.000 familias necesitan vivienda
Las cifras que dan cuenta del problema habitacional en Bariloche son demoledoras. El proyecto de ordenanza cita un trabajo del centro de estudio Cietes/UNRN según el cual en Bariloche el déficit alcanza a 10.000 hogares (un 25% del total) y que el 70% de este conjunto viven “en condiciones de hacinamiento”. Esa situación es la que “explota” periódicamente en ocupaciones masivas de terrenos.
A esa demanda se suman “cientos de hogares nuevos que se crean todos los años” y que no pueden acceder a la vivienda en las condiciones del mercado. Es decir que necesitan ayuda estatal.
Desde 2009 se generaron urbanizaciones sociales sobre 120 hectáreas en diferentes operatorias por un total de 2.000 lotes, pero esas operaciones “no terminan de concluirse” -subraya el proyecto- y los adjudicatarios no pueden vivir en su nueva vivienda, en la mayoría de los casos por falta de infraestructura básica de servicios.
Esto presiona sobre los alquileres y encarece aun más los precios inmobiliarios.
Otro dato alarmante son los 3.500 hogares que viven en parcelas sin regularización dominial y que requieren de “una decidida política de integración sociourbana”.
Un lastre de años
En la última década hubo muchos emprendimientos asociativos para agilizar el acceso a la tierra de sectores medios y bajos, mediante cooperativas, consorcios y sindicatos, pero la gran mayoría quedó a medio camino. A eso se suma la deserción del Estado, cuyos planes de vivienda no acompañan ni de mínima el ritmo de la demanda. En Bariloche hace más de cinco años que no se inauguran barrios nuevos de operatoria IPPV, y el plan Techo Digno (promovido por Nación) también quedó trunco y judicializado.
Bibiana Alonso, referente de la fundación Gente Nueva y de la Mesa de Tierras, opinó que “hay una falla de gestión” y que el diálogo entre el Instituto de Tierras y las organizaciones que trabajan en el tema “está roto”.
También dijo que no hay que mirar sólo al municipio, sino que la falta de políticas habitacionales en Bariloche también es responsabilidad de la provincial. Le achacó puntualmente el fracaso de la ley de regularización dominial 3.396, que se sancionó en 2000, se reglamentó quince años después en medio de una gran expectativa y todavía no logró entregar una sola escritura en Bariloche, donde habría unos 8.000 lotes que cumplen las condiciones para postular.
Alonso dijo que en Virgen Misionera y en Villa Llanquihue hay muchas familias con todos sus papeles en regla para acceder a los títulos, pero el trámite está paralizado por trabas que surgen en la parte que le toca al Colegio de Escribanos.
Señaló que “el instrumento está, porque están las leyes, las reglamentaciones, pero no hay avances”. Alonso consideró que lo que falla es el IPPV como organismo de aplicación”.
Otra crítica de los impulsores de la Emergencia Habitacional tiene que ver con el “registro de demandantes” de lotes que administra el Instituto Municipal (IMTV). La propuesta apunta a depurar la nómina, asegurar la publicidad y la “transparencia”, y fija un plazo de 45 días para que el Instituto proponga “un mecanismo de indicadores y puntuación”.
Autoridades del IMTV habían dicho hace ya un año que el registro tenía unos 6.000 inscriptos pero necesitaba una “actualización”. Para esta nota hubo varios intentos de hablar con su presidente José Mella y con el vicepresidente Nicolás Pedernera, pero no atendieron los llamados.
El concejal oficialista Carlos Puente dijo que el IMTV debe remar contra la corriente porque “la demanda supera las respuestas que puede dar el Estado”. Afirmó que los últimos loteos iniciados hace varios años “están demorados y no tuvieron la solución rápida que debieron haber tenido. Hubo algunos avances pero la realidad dijo otra cosa”. Tampoco existen planes de viviendas oficiales y “hay que hacer un trabajo muy fuerte para revertir ese atraso”, consideró Puente.
Viabilidad incierta
La aprobación de la emergencia habitacional está lejos de tener el camino allanado. Los firmantes son concejales de la oposición y necesitan obligadamente el acompañamiento de Juntos.
Julieta Wallace (FdT) dijo que si las políticas de tierra y vivienda han dado poco resultado en la última década es porque “falta voluntad política” y que “no hacer nada potencia la desigualdad que hay en Bariloche”. Aseguró que la nueva declaración de emergencia se diferencia de otras porque incluye “un plan de acción muy detallado” para hacer frente a la crisis.
El Ejecutivo no desconoce la necesidad, pero va por otro lado. Promueve un plan de obras de servicios para nuevos loteos con recursos de la moratoria y de la venta de terrenos fiscales, sin declarar ninguna emergencia. También necesita votos de la oposición.
“Nosotros ya teníamos nuestro proyecto y ellos en lugar de trabajar sobre esa base salen con otra cosa. Nos llamó la atención -dijo Wallace-. Arrancamos mal y así va a ser difícil lograr los consensos”.
El concejal Carlos Sánchez, del oficialismo, dijo que en su caso no está dispuesto a apoyar el desistimiento de las acciones judiciales por las tomas y tampoco un programa de emergencia “que no diga con toda claridad de dónde van a salir los recursos”.
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