Condenan a la mujer que organizó tomas en Cipolletti y encerró a fiscales
Recibió una pena de tres años pero no irá a prisión. Se resolvió en un juicio abreviado.
En la toma Labraña viven más de 100 familias.
En un juicio abreviado que se hizo el jueves en Cipolletti la mujer acusada de ser la instigadora de las usurpaciones que se concretaron en 2020 aceptó su responsabilidad en cuatro hechos. Como parte del acuerdo, la fiscalía le ofreció una condena de prisión en suspenso. En medio de un allanamiento, la imputada privó de la libertad a dos fiscales, al jefe de la Regional Quinta y a dos oficiales.
Había muchísima tensión a fines de agosto del año pasado en plena pandemia. Las usurpaciones de tierras privadas y del estatales se sucedían por todos los sectores de Cipolletti. La fiscalía y la policía trabajaban a contrarreloj para desactivarlas y el poder político seguía de cerca los acontecimientos.
La dirigente social Natali Fernanda Ranquehue, que había sido candidata a un cargo de concejal suplente, estaba en la mira de los fiscales. Era ella la sindicada como la organizadora de las tomas. Para ese entonces ya se había concretado una usurpación al sur de Cipolletti, propiedad de la familia Kohan.
La jueza de garantías Agustina Bagniole libró una orden de allanamiento para secuestrar dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones. Con esa prueba, la fiscalía luego corroboró el delito de instigación a la usurpación.
El allanamiento fue librado para el 29 de agosto a la mañana, en el barrio Labraña. Ingresó un subcomisario, tres oficiales y una sargento. Pero hubo una situación de extrema tensión. Ranquehue se resistió, atacó a los policías y convocó a familiares y conocidos.
Se formó un grupo de 15 personas que insultaban, amenazaban y apedreaban a los policías. Hubo uniformados heridos. Y mientras que el subcomisario Miguel Elifonso y dos oficiales pudieron retirarse con los teléfonos celulares, otros dos jóvenes policías quedaron encerrados en el domicilio de la mujer. Su madre se interpuso en la puerta, según la acusación.
En esa situación, fueron convocados el jefe de la Regional Quinta Daniel Uribe, el jefe de los fiscales de Cipolletti Gustavo Herrera y el fiscal del caso Matías Stiep. Los tres también estuvieron encerrados en el domicilio allanado. Se exigía la devolución de los celulares.
Las pericias corroboraron que en esos teléfonos había mapas y se indicaban los terrenos que fueron usurpados.
La acusación prosperó por un cúmulo de delitos: resistencia a la autoridad, coacción agravada por uso de arma impropia, lesiones leves, daño, privación de la libertad, incitación a la violencia, instigación a la usurpación. La fiscalía excluyó la coacción agravada contra los funcionarios públicos para recuperar los teléfonos.
La audiencia del jueves estuvo a cargo de la jueza de juicio Florencia Caruso, quien receptó el acuerdo y dictó la sentencia. El fiscal fue Guillermo Merlo y el defensor Juan Pablo Piombo. La mujer admitió que cometió todos esos delitos y aceptó el beneficioso ofrecimiento del fiscal. Tres años de prisión en suspenso y pautas de conducta. Mientras no cometa un nuevo delito no irá a la cárcel por el momento.
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