Continúa el bloqueo a un oleoducto en Vaca Muerta
La comunidad Campo Maripe denunció que empleados de la empresa Pecom ingresaron a su territorio sin respetar el proceso de consulta previa. Se trata de una obra que involucra el bloque La Calera. Mañana habrá una reunión entre las partes.
El viernes pasado integrantes de la comunidad Campo Maripe denunciaron que trabajadores de la empresa Pecom ingresaron a "suelo comunitario a cavar zanjas". Foto gentileza.
Los integrantes de la comunidad Campo Maripe denunciaron que la empresa Pecom, que presta servicios para YPF, avanzó sobre su territorio e incumplió con la consulta previa e informada, que es un derecho de los pueblos indígenas. Esperan poder reunirse mañana esta tarde con representantes de las firmas para buscar una solución al conflicto.
El viernes pasado la Confederación Mapuche de Neuquén publicó en redes sociales que operarios de Pecom ingresaron “a cavar zanjas y a intentar el trazado de un ducto”. Se trata de una obra que atraviesa el bloque La Calera, operado por Pluspetrol en asociación con YPF, pero que conectaría con otro bloque. Las tareas están paradas desde entonces.
“Estaban las máquinas trabajando, zanjeando y trasladando los caños rumbo al yacimiento La Calera. Es un oleoducto que está siendo cuestionado porque nosotros no vamos a permitir ningún tipo de ejecución de obras si no se cumple con lo que está normado, y lo que está normado es que se debe proceder a realizar la consulta a la comunidad”, afirmaron sus autoridades.
Agregaron: “la raíz del conflicto no es con la empresa sino cuando se entrega la concesión, que no debería hacerse sin el proceso de consulta”.
La Calera es un bloque de 30.000 hectáreas que se emplaza en la zona de meseta, en Añelo, muy cerca del yacimiento estrella del shale gas Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol, y conectado con otros desarrollos de peso en el corazón de Vaca Muerta.
La comunidad ya había manifestado su posición en la audiencia pública que se desarrolló en enero pasado en Añelo. Allí se entregó una nota dirigida al secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara y al gobernador Omar Gutiérrez, con copia al subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli.
“Informamos que si no se procede a cumplir con el proceso de consulta indígena tendiente a obtener el libre consentimiento informado previo, tomaremos las medidas que están establecidas a tal efecto”, señalaron sus integrantes.
La ley 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por un plazo que se fue extendiendo. La última prórroga vence el 23 de noviembre de 2021.
El objetivo es identificar las tierras ocupadas por las comunidades a lo largo del territorio nacional. La mayoría no cuentan con un reconocimiento legal acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional, y eso deriva en una “desposesión histórica”.
Gutiérrez excluyó a Campo Maripe del convenio de co-ejecución del relevamiento con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este acuerdo fue impugnado por la comunidad.
La reunión de mañana está prevista para las 14.
En números
- 300
- millones de dólares es la inversión aproximada que realizaron en La Calera desde que comenzó a desarrollarse.
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