Convencionales avanzan en la reforma de la Carta Orgánica

El debate más elocuente fue por el funcionamiento del juez de Faltas.



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Marcelo Ochoa

Ferreira y su bloque en la Convención consensuaron varios articulados con la oposición.

VIEDMA (AV)- Mínimas concesiones otorgó el bloque mayoritario de Juntos por Viedma a las propuestas realizadas por las bancadas opositoras en relación a distintos artículos que se trataron ayer en una nueva jornada del plenario que se encamina a aprobar el proyecto final de la nueva Carta Orgánica Municipal. Una de las discusiones más interesantes se dio acerca del funcionamiento del Juez de Faltas y de la Fiscalía Municipal. Los bloques del ARI, Socialismo y PJ rechazaron, entre otros conceptos, la obligación de que las apelaciones a las decisiones del juez deban realizarse a la Justicia Ordinaria. También que el fiscal sea un cargo político, designado por el gobierno que asume. La Convención Municipal Constituyente retomó ayer la sesión que había pasado a cuarto intermedio el martes y trató, en particular, los artículos que hacen a la revisión y reforma de la Carta Orgánica Local. La extensa jornada de trabajo comenzó a las 10 y continuaba anoche, contando con la participación de los convencionales electos. El debate de cada uno de los artículos, aún aquellos que no contaban con dictamen en minoría, generó un rico intercambio de opiniones que se prolongó durante todo el día. El oficialismo destacó que el tratamiento en particular fue habilitado a pesar de que los bloques minoritarios –PJ, ARI y Socialismo- rechazaron el proyecto integral de modificación de la Carta Orgánica. La votación artículo por artículo resultó, en gran parte, con aprobación por unanimidad, en tanto que en varios casos también surgieron modificaciones. Así, fueron aprobados el mecanismo de la doble vuelta para el tratamiento de los proyectos que requieren la mayoría especial, la periodicidad de los cargos de Carta, la inhabilidad para ejercer cargos públicos para deudores de cuotas alimentarias y para quienes hubieran cometido delitos que atenten contra los derechos humanos.


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