Convergencia y divergencia empresaria

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DARÍO TROPEANO (*)

La irrupción del Foro de Convergencia Empresarial que agrupa a prácticamente a todas las cámaras empresarias (industriales, bancos, agropecuarias, construcción, etcétera) dando a conocer un documento en el que se presenta como grupo y anuncia sus propuestas y necesidades viene a significar la apertura de un debate profundo sobre el futuro de la estructura política, social, económica y cultural de la Argentina. La heterogeneidad de las agrupaciones que lo integran sintetiza la definición de la agenda con los principios fundantes que preocupan a los grupos económicos más poderosos del país (con la particularidad de la incorporación de la Federación Agraria Argentina). Aquel cambio de situación política al que aludimos en estas páginas el 8 de febrero último ha hecho irrupción pública en los grupos empresarios definiendo una agenda no sólo para el futuro gobierno sino para lo que resta del éste. Los años de ganancias extraordinarias que transitaron aquellos (con remisión de utilidades al exterior en abundancia y fuga de capitales) confrontan ahora con nuevas realidades: déficit fiscal y consecuente aumento del gasto público financiado con emisión monetaria, inflación en alza, disminución de la actividad económica, deterioro del empleo y restricciones cambiarias. Este cóctel ha determinado la pérdida de rentabilidad empresaria, es decir, la disminución de ganancias. Y en este punto ya no se dejan pasar –haciendo oídos sordos– “la seguridad jurídica”, “la falta de independencia de la Justicia”, “la corrupción”, “la ley de Medios”, “La Cámpora”, etcétera. En este punto las luces rojas se encienden, alertadas como en la cabina de un avión en peligro. Ahora sí el documento del Foro Empresarial señala la necesidad de aumentar el empleo, terminar con la pobreza y la exclusión social y respetar la libertad de prensa, el sistema republicano y federal y la división de poderes. Pero el acento está en los temas económicos: la baja de la inflación, la estabilidad en las reglas del juego, la libertad de exportación e importación, la reducción de la presión tributaria y la transparencia de los mercados en la formación de los precios a fin de evitar la intervención del Estado. Las reglas de juego claras que respeten la inversión privada y el derecho a la propiedad con libertad del mercado son principios centrales del documento, ya que representan herramientas centrales para la obtención de la ganancia empresaria. La lectura que puede hacerse del documento de estas fuerzas económicas –y por cierto políticas– da marco a dos interpretaciones primarias: la que hicieron funcionarios del gobierno y dirigentes cercanos al proyecto político actual y otro que pueda enderezar su contenido y extraer algunas cuestiones a tener en cuenta. Desde las opiniones cercanas al oficialismo se ha acusado a esta iniciativa como el reagrupamiento de los liberales, que quieren volver a las políticas de los 90. Se dice que la pretensión es que el Estado sólo cumpla un rol pasivo, estableciendo las reglas de juego y haciendo cumplir las leyes, con una presencia sólo subsidiaria que garantice la rentabilidad de las empresas. Pero, además, no puede omitirse analizar otra realidad y es que hay un marco económico y político distinto que ha posibilitado este reagrupamiento, no sólo determinado por las últimas elecciones en las que el gobierno perdió claramente poder. El ciclo de altas ganancias que comenzó en el 2003 se ha agotado, con los superávits que aseguraron al gobierno el disponer de “caja” para hacer política desde lo “estatal-institucional” –sin construir un movimiento político verdaderamente transformador–, y esto pone un freno a todo intento de continuar avanzando con reformas sociales. En lo económico, faltaron medidas centrales que hubiesen permitido mejorar la autonomía –la Junta Nacional de Granos para recuperar soberanía del comercio exterior y la disposición de divisas, la construcción de un mercado más democrático y desmonopolizado y una reforma tributaria que contemple las diferencias entre los pequeños operadores económicos, entre otras– para enfrentar los ciclos económicos contractivos que históricamente en el país han sido aprovechados para irrumpir con la agenda “del mercado”. Algunas de las propuestas del foro son positivas y necesarias –la reforma tributaria para las pymes, el diálogo abierto entre los distintos sectores de la sociedad y el debate del concepto de desarrollo nacional, entre otros–, pero en la universalización de los puntos expuestos se cuelan otros conceptos que apuntan a restringir la participación del Estado en la definición de las reglas de juego. Al decir el Foro que las propuestas de políticas de Estado podrían implementarse con cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país, se saca de todo contexto qué modelo de desarrollo y Nación se pretende y se quita del debate la ideología que sostendrá ese desarrollo. No se trata de ver si se recupera la ganancia, sea con quien sea, imponiendo una agenda al gobierno de turno; se trata de transformar, de ser independientes, de distribuir el ingreso, de lograr toda la autonomía económica y tecnológica posible. Y es la política a través del Estado, que debe dictar las reglas consensuando con los actores económicos que compartan esos principios de un proyecto nacional. No al revés. Éste es el dilema que debe quedar claro: las empresas no deben dictar los modelos y procesos económicos y sociales de un país, sino que la política debe mantener el poder y la conducción. Esto nos lleva a un interrogante: cuando la Sociedad Rural afirmaba ante el primer aniversario de la Junta Militar, en marzo de 1977, “debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante”… ¿a qué proyecto de país se refería? (*) Abogado. Docente de la Facultad de Economía de la UNC