Corrupción y estabilidad
Mientras contaban con el apoyo decidido de la mayoría del electorado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno nacional podían tratar las denuncias de corrupción que llovían sobre sus cabezas como si fueran cuestión de un fenómeno meramente mediático que no les ocasionaba costos políticos. Para amortiguar el impacto, les resultaba suficiente atribuirlas a la mala voluntad de sus adversarios. Aunque de vez en cuando un personaje determinado, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, se ha visto constreñido a comparecer ante la Justicia, los kirchneristas entienden muy bien que es de su interés brindar la impresión de estar tan resueltos como el que más a luchar, cueste lo que costare, contra la corrupción, de suerte que los problemas del “emblemático” de turno no les han motivado mucha preocupación. En cambio, sí les preocupa el cambio de clima que está dándose en el mundillo judicial. Como suele suceder cuando se difunde la sensación de que un ciclo político está por agotarse, las denuncias ya no permanecen aisladas en el ámbito mediático. Algunas ya se han trasladado al judicial, lo que entraña el riesgo de que pronto se pongan en marcha mecanismos que, tarde o temprano, podrían obligar a la mismísima presidenta a enfrentar un juicio político. Como no podía ser de otra manera, los “incondicionales” de Cristina quieren impedir que ello ocurra, de ahí la idea de que sería bueno “democratizar” la Justicia cuanto antes. Aunque dadas las circunstancias aquella iniciativa no tiene posibilidad alguna de prosperar, al gobierno no le queda más alternativa que la de aprovechar el poder que ha sabido acumular para presionar a los jueces, fiscales y otros. Era de prever, pues, que la procuradora general Alejandra Gils Carbó intervendría a fin de frenar al fiscal José María Campagnoli que, para alarma del oficialismo, investigaba las actividades del empresario patagónico Lázaro Báez, que en opinión de muchos es el testaferro principal de la familia Kirchner. Desde el punto de vista de los kirchneristas, lo que hacía Campagnoli plantea un peligro muy grave a la estabilidad política del país, que depende de la voluntad de todos de minimizar la importancia de hechos que, de tomarse al pie de la letra las leyes imperantes, tendrían consecuencias muy graves. Así las cosas, es lógico que Gils Carbó se las haya arreglado para que Campagnoli fuera suspendido por un jury en que los kirchneristas llevan la voz cantante. A su entender, tuvo que hacerlo en defensa del país real que se ve amenazado por el formal. También era previsible que dirigentes opositores, juristas y otros protestarían con vehemencia contra el zarpazo oficialista, atribuyéndolo al deseo del gobierno de intimidar a todos los vinculados con la Justicia. Tienen razón los opositores, claro está, pero los comprometidos con el statu quo podrían advertirles que, en un país como la Argentina que, de acuerdo común, está entre los más corruptos del mundo, las consecuencias serían con toda seguridad revolucionarias si el Poder Judicial se independizara para entonces aplicar la ley con rigor. No sólo la presidenta, sino también muchos otros miembros del gobierno, líderes opositores, empresarios, sindicalistas y, de más está decirlo, policías se encontrarían enseguida en tantos problemas que el país correría el riesgo de precipitarse en el caos. Con todo, aunque es comprensible que, al darse cuenta de la magnitud del problema planteado por la corrupción endémica, muchos hayan optado por resignarse, los perjuicios causados por el mal son tan grandes que convivir con él, conformándose con el sacrificio de algunos “emblemáticos”, no puede considerarse una opción seria. Si bien sería necesaria una especie de amnistía informal, ya que sería poco realista insistir en que sean debidamente juzgados todos los presuntos corruptos y sus cómplices a menudo pasivos, cuando las condiciones políticas lo permitan convendría que los más notorios se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia. Caso contrario, la Argentina continuará siendo un país sin seguridad jurídica, es decir sin ley, dominado por individuos que están mucho más interesados en aprovechar las oportunidades para hacer del poder político una fuente de ingresos personales que en ponerse al servicio del bien común.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 18 de diciembre de 2013
Mientras contaban con el apoyo decidido de la mayoría del electorado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno nacional podían tratar las denuncias de corrupción que llovían sobre sus cabezas como si fueran cuestión de un fenómeno meramente mediático que no les ocasionaba costos políticos. Para amortiguar el impacto, les resultaba suficiente atribuirlas a la mala voluntad de sus adversarios. Aunque de vez en cuando un personaje determinado, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, se ha visto constreñido a comparecer ante la Justicia, los kirchneristas entienden muy bien que es de su interés brindar la impresión de estar tan resueltos como el que más a luchar, cueste lo que costare, contra la corrupción, de suerte que los problemas del “emblemático” de turno no les han motivado mucha preocupación. En cambio, sí les preocupa el cambio de clima que está dándose en el mundillo judicial. Como suele suceder cuando se difunde la sensación de que un ciclo político está por agotarse, las denuncias ya no permanecen aisladas en el ámbito mediático. Algunas ya se han trasladado al judicial, lo que entraña el riesgo de que pronto se pongan en marcha mecanismos que, tarde o temprano, podrían obligar a la mismísima presidenta a enfrentar un juicio político. Como no podía ser de otra manera, los “incondicionales” de Cristina quieren impedir que ello ocurra, de ahí la idea de que sería bueno “democratizar” la Justicia cuanto antes. Aunque dadas las circunstancias aquella iniciativa no tiene posibilidad alguna de prosperar, al gobierno no le queda más alternativa que la de aprovechar el poder que ha sabido acumular para presionar a los jueces, fiscales y otros. Era de prever, pues, que la procuradora general Alejandra Gils Carbó intervendría a fin de frenar al fiscal José María Campagnoli que, para alarma del oficialismo, investigaba las actividades del empresario patagónico Lázaro Báez, que en opinión de muchos es el testaferro principal de la familia Kirchner. Desde el punto de vista de los kirchneristas, lo que hacía Campagnoli plantea un peligro muy grave a la estabilidad política del país, que depende de la voluntad de todos de minimizar la importancia de hechos que, de tomarse al pie de la letra las leyes imperantes, tendrían consecuencias muy graves. Así las cosas, es lógico que Gils Carbó se las haya arreglado para que Campagnoli fuera suspendido por un jury en que los kirchneristas llevan la voz cantante. A su entender, tuvo que hacerlo en defensa del país real que se ve amenazado por el formal. También era previsible que dirigentes opositores, juristas y otros protestarían con vehemencia contra el zarpazo oficialista, atribuyéndolo al deseo del gobierno de intimidar a todos los vinculados con la Justicia. Tienen razón los opositores, claro está, pero los comprometidos con el statu quo podrían advertirles que, en un país como la Argentina que, de acuerdo común, está entre los más corruptos del mundo, las consecuencias serían con toda seguridad revolucionarias si el Poder Judicial se independizara para entonces aplicar la ley con rigor. No sólo la presidenta, sino también muchos otros miembros del gobierno, líderes opositores, empresarios, sindicalistas y, de más está decirlo, policías se encontrarían enseguida en tantos problemas que el país correría el riesgo de precipitarse en el caos. Con todo, aunque es comprensible que, al darse cuenta de la magnitud del problema planteado por la corrupción endémica, muchos hayan optado por resignarse, los perjuicios causados por el mal son tan grandes que convivir con él, conformándose con el sacrificio de algunos “emblemáticos”, no puede considerarse una opción seria. Si bien sería necesaria una especie de amnistía informal, ya que sería poco realista insistir en que sean debidamente juzgados todos los presuntos corruptos y sus cómplices a menudo pasivos, cuando las condiciones políticas lo permitan convendría que los más notorios se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia. Caso contrario, la Argentina continuará siendo un país sin seguridad jurídica, es decir sin ley, dominado por individuos que están mucho más interesados en aprovechar las oportunidades para hacer del poder político una fuente de ingresos personales que en ponerse al servicio del bien común.
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