Cortoplacismo peligroso

El gobierno buscó dejar rápidamente el impacto de los malos resultados electorales y la feroz pelea interna que la siguió, con un hiperactivismo de los nuevos ministros y el anuncio de una lluvia de dinero que permitiese “llevar platita a los bolsillos de la gente” y revertir el cachetazo de las urnas. Sin embargo, la mayoría de los economistas advierte que la fuerte expansión del gasto público y la emisión que ello implica podría sumar tensiones inflacionarias, cambiarias e incertidumbre que dinamitarían la frágil recuperación de la economía.

En este shock electoralista figuran la suba del salario mínimo y del piso de Ganancias, el perdón fiscal a pequeños deudores y el previaje a jubilados. Y están en carpeta la extensión de los Repro, un nuevo IFE, un bono a pensionados y beneficiarios de planes y la jubilación anticipada de desocupados con 30 años de aportes. Se sumó una catarata de anuncios de obras en municipios, cuando no el liso y llano reparto de electrodomésticos.

Si, como parece, el gobierno acelera la emisión para inyectar 1,3 billones de pesos de acá a fin de año será inevitable el impacto negativo en diversas variables a partir del año próximo

La efectividad de estas acciones es dudosa. Macri apeló a medidas cercanas a las actuales tras el revés en las primarias de 2019 (suba del salario mínimo, alivio en Ganancias, congelamiento de precios) y no eludió la derrota.

Aunque la estrategia aliviara el malhumor social, enfrenta varios problemas. El enojo no es sólo económico. La encuesta de la Universidad Di Tella reveló que el desplome de la confianza en el gobierno incluye una percepción negativa de la eficiencia del gasto público (-21%), en la capacidad del equipo de gobierno para resolver problemas (-18%), entre otras.

Además, aunque no tuvieron el estruendo de la semana pasada, voceros de Cristina Kirchner y Alberto Fernández ratificaron que en la coalición de gobierno hay visiones divergentes sobre el plan económico. Mientras el cristinismo se centra en lo micro y considera que el problema se resuelve dejando de ser “amarrete” y ejecutando más gasto en salarios, planes, subsidios e incentivos para el consumo, el ministro Martín Guzmán le advirtió que sin un equilibrio fiscal mínimo y estabilidad en lo macro (inflación, crecimiento y empleo) no hay futuro. Las diferencias se reflejaron en el Presupuesto 2022, sobre el que Máximo Kirchner advirtió que “todo está en discusión”.

Si, como parece, se impone la visión cortoplacista y el gobierno acelera la emisión para inyectar 1,3 billones de pesos de acá a fin de año será inevitable el impacto negativo en diversas variables a partir del año próximo. Ya se estima un piso de inflación del 40% con mayor impacto en la canasta alimentaria, desabastecimiento de ciertos productos, presión sobre el dólar, falta de crédito y descapitalización de empresas ante el retraso de tarifas. También menos inversión por la distorsión de los precios relativos, la perspectiva de más controles cambiarios y del comercio exterior y las dudas sobre el acuerdo con el FMI, que exige voluntad del país para ordenar las cuentas.

Otros advierten que sumar cada vez más beneficios jubilatorios mientras se reduce la cantidad de quienes aportan al sistema genera un “default intergeneracional” y una bomba fiscal a futuro.

El gobierno no debiera subestimar a los votantes. Según el instituto Idesa, quienes más sufrieron por el parate económico en la pandemia (y castigaron al gobierno en las urnas) fueron los asalariados informales de barrios populares y cuentapropistas no profesionales, a quienes los anuncios afectan poco y nada y son refractarios al asistencialismo: quieren empleo genuino y no planes.

Más que en noviembre, el gobierno debiera pensar en los dos años de gestión que le quedan. No es aumentando el gasto con emisión irresponsable como mejorarán los ingresos reales, sino dejando las disputas, concentrándose en una gestión eficiente y consensuando políticas de largo plazo para ordenar el Estado, reducir el déficit fiscal y sobre todo la inflación, que en los niveles actuales licúa cualquier beneficio y llena de incertidumbre a la actividad pública y privada.


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