Crisis en expansión



Ecuador vive por estas horas una ola de protestas en contra del plan de ajuste económico aplicado por el gobierno, sumando de este modo una nueva crisis a una región en donde las turbulencias políticas y económicas se generalizan y las pobres respuestas de sus dirigencias ponen cada vez más en riesgo la estabilidad de sus sistemas democráticos.

El presidente ecuatoriano Lenin Moreno intenta por estas horas un diálogo con los grupos sociales que por más de una semana han mantenido protestas, sitiando la capital y dejando al país sin transporte, sin clases, reduciendo al mínimo la producción petrolera (motor de su economía), en medio de enfrentamientos callejeros que han dejado al menos cinco muertos, heridos y más de 300 detenidos.

La crisis ecuatoriana se suma a las que viven otros países de la región, de variado signo político, al punto que hoy solo Chile y Uruguay parecen relativamente libres de convulsiones institucionales.

La reacción ha sido en contra de un paquete de medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que incluyen el fin de los subsidios al combustible, que casi ha duplicado los precios; junto a una reforma laboral y recortes del gasto público. La protesta incluye a transportistas, estudiantes y el poderoso movimiento indígena, un 25% de su población, que en las últimas décadas provocó la caída de varios presidentes.

El gobierno asegura que no ha tenido otra alternativa, debido a graves desequilibrios heredados del gobierno de Rafael Correa: un déficit fiscal del 8%, una deuda externa que saltó de 10.000 millones de dólares a casi 64.000 millones y un gasto público que subió del 20 al 40% del PBI, en medio de una fuerte caída de ingresos petroleros, cuyo precio internacional se desplomó en estos años. Con las manos atadas para devaluar o emitir dinero para financiarse debido a la dolarización de la economía desde el 2002, Lenin Moreno acudió al FMI, que a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares le exige el plan de ajuste. La salida no se ve fácil ni cercana, por el cúmulo de presiones contrapuestas.

La crisis ecuatoriana se suma a las que viven otros países de la región, de variado signo político, al punto que hoy solo Chile y Uruguay parecen relativamente libres de convulsiones institucionales.

Perú está complicado por la pulseada política que ha llevado al presidente Martín Vizcarra, asumido tras la destitución por corrupción de su antecesor Kuczynski, a disolver el Congreso y a llamar a elecciones en enero, lo que es resistido por el Parlamento, de mayoría fujimorista. Bolivia irá a elecciones generales el 20 de este mes, donde el presidente Evo Morales buscará su cuarta reelección, en medio de una escalada de conflictos por demandas sectoriales y de quienes consideran ilegal su nueva postulación, ya que un plebiscito en el 2016 le negó tal posibilidad, habilitada luego por el Tribunal Constitucional. Venezuela y Nicaragua están inmersas en un giro autoritario y profundas crisis políticas y sociales. En Colombia se resquebraja el acuerdo de paz, además de lidiar con la crisis humanitaria de Venezuela. Guatemala, Honduras y Haití también sufren turbulencias políticas por escándalos de corrupción y el tema migratorio.

Paraguay y Argentina padecen prolongadas recesiones que se han traducido en inestabilidad. México y Brasil, las economías líderes de la región, están estancadas y el gobierno de Jair Bolsonaro sufre una abrupta caída de apoyo político.

Para colmo de males, organismos internacionales pronostican que la región tendrá un leve crecimiento económico este año y en 2020.

En este contexto, mediciones como las del Latinobarómetro muestran los niveles más bajos de respaldo a la democracia desde 1995. Pero más que un anhelo de autoritarismo, registran gran pesimismo sobre el futuro y desencanto hacia la capacidad de las élites, partidos e instituciones tradicionales para responder a sus demandas, junto a una demanda de orden y estabilidad para el desarrollo, en especial entre las generaciones más jóvenes.

La responsabilidad de sus clases dirigentes, de derecha o izquierda, debiera ser la de renovarse y ofrecer salidas democráticas y viables al pobre crecimiento, el descontento, la polarización y el debilitamiento de las instituciones. De otro modo, la posibilidad de que la población apoye salidas demagógicas y autoritarias será cada vez más cercana.


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