Crisis frutícola y fondos del Estado

Producción

La grave situación que atraviesan los productores frutícolas exige que se busquen soluciones extraordinarias para sostener el sistema integral de una actividad regional que es motor de la economía.

Es necesario que todas las partes arriben a un acuerdo sobre la forma y las condiciones apropiadas para lograr producción con calidad y rentabilidad. Esto implica el desarrollo de un programa regulado por las exigencias de la propia actividad, donde tanto el gobierno nacional como el provincial aporten los recursos financieros no obtenidos en esta temporada, teniendo en cuenta que las reglas de juego impuestas por el Estado nacional son las que causan el mayor daño.

Por un lado, la continua inflación originada en la emisión monetaria para cubrir el déficit del Estado con control de la moneda extranjera -que resulta ser el ingreso de la fruta exportada- deja al sector productivo-exportador con márgenes de rentabilidad negativos; por otro, las demoras en destrabar el conflicto con Brasil -que tiene más razones en las restricciones impuestas por nuestro país que en las cuestiones propiamente sanitarias- retrasaron las operaciones comerciales, lo que provocó pérdidas millonarias que deben ser absorbidas por el sector frutícola.

Los pequeños y medianos productores perciben desde hace varios años valores que rondan el 60% del costo de producción de sus peras y manzanas, es decir, todos los años pierden rentabilidad. A esto se suman los bajos volúmenes de fruta comercializada este año y la pérdida de miles de kilos en las chacras, además de la falta de transparencia en las operaciones comerciales, que sigue perjudicando a los productores.

En este contexto de falta de políticas públicas que preserven la matriz productiva frutícola, se favoreció un modelo oligopólico caracterizado, entre otras cosas, por la concentración de la tierra productiva y el desplazamiento de los pequeños y medianos productores.

El sistema se enfrenta a una crisis extraordinaria por falta de rentabilidad, con productores que no pueden ser sujetos de crédito aun con tasas subsidiadas ya que este proceso continuo al que se los ha sometido desde hace varios años los fue descapitalizando y es por esta razón que deben ser asistidos.

El quiebre de la actividad frutícola puede provocar un gravísimo problema social, no sólo por la falta de empleo directo sino por todos los actores indirectos involucrados en la cadena de valor que se verían afectados. El Estado debe aportar recursos monetarios para soslayar la situación pero en forma inmediata. No son los productores los que imponen esos tiempos, sino las plantaciones que requieren de trabajos que ya entraron en tiempo de descuento, como la poda, para luego aplicar un programa sanitario sustentable que los haga competitivos en un mercado cada vez más exigente en materia de calidad.

Esta participación estatal debe ser entendida como una inversión, no como un subsidio, ya que en líneas generales da lugar a mayor demanda laboral, consumo de insumos, inversiones en infraestructura y mayores ingresos por producto comercializado. Todos los rubros beneficiados pagan las imposiciones previstas por el fisco nacional, originando ingresos importantes a las arcas del Estado.

Deben delinearse estrategias y legislar en consecuencia, someter a debate las propuestas que presentamos en el Senado nacional: proyecto de creación de un instituto nacional de la pera y la manzana; proyecto para restablecer el reintegro a la exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM); proyecto que establece un plazo máximo de 30 días corridos para la efectivización de los reintegros al impuesto al Valor Agregado, establecido en la resolución general AFIP Nº 2300, y proyecto de régimen de promoción del empaque, conservación e industrialización de la pera y la manzana. Se deben recuperar, además, beneficios perdidos, como los reintegros por puertos patagónicos.

Este acuerdo entre productores y Estado debe trabajarse a conciencia y en el marco de un programa delineado con la participación conjunta de los gobiernos nacional y provincial y todos los sectores involucrados en la cadena productiva para lograr transparencia y rentabilidad, ya que ésta resulta ser la única forma de mantener la actividad y evitar conflictos a futuro.

Por lo tanto, en un total respaldo al sector productivo, creemos que no se puede negar el diálogo y la búsqueda de soluciones. Hay que dejar al margen las hostilidades y desplantes, pensar en el perjuicio a la sociedad rionegrina que esta situación está causando y convocar inmediatamente a todas las partes, siendo el gobierno nacional el que más interés debería mostrar en destrabar la crisis frutícola.

Magdalena Odarda (*) y Jorge Ocampos (**)

(*) Senadora nacional

(**) Legislador de Río Negro

Magdalena Odarda y Jorge Ocampos