¿Cuántos muertos?

Las calles y autopistas argentinas están entre las más peligrosas del mundo, lo cual quiere decir que también lo son los conductores de vehículos, pero parecería que por conformar éstos un lobby poderosísimo, los demás tendrán que resignarse a suministrarles su cuota diaria de víctimas. Aunque de vez en cuando las autoridades, debidamente alarmadas por las matanzas que se perpetúan en las rutas, se proclaman resueltas a tomar las medidas necesarias para reducir la cantidad de bajas, siempre terminan batiéndose en retirada frente a la alianza de ciudadanos airados, jueces y, por increíble que parezca, defensores de los derechos humanos que en efecto se oponen a cualquier intento de modificar las tradiciones nacionales en la materia.

El revés más reciente que han experimentado los interesados en poner fin a la impunidad de la cual disfrutan tantos asesinos al volante se ha producido en la Capital Federal. Por razones no demasiado claras, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires insistió en que no funcionaba adecuadamente el sistema de control fotográfico de las infracciones de tránsito en su jurisdicción, motivo por el cual, luego de una breve polémica, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, decidió suspender el cobro de las multas correspondientes por sesenta días. Como quiera que el método funciona sin problemas en el resto del mundo, la versión porteña tendría que adolecer de fallas técnicas realmente asombrosas para que, como afirman ciertos jueces, «un setenta por ciento» de las actas labradas en base a él ostentara errores, pero sucede que los jueces y, es de suponer, los presuntos infractores aparte, nadie parece estar en condiciones de explicar en qué consisten. Según el gobierno, las fallas auténticas ni siquiera llegan al uno por ciento del total: dadas las circunstancias, sorprendería que no estuviera en lo cierto.

Por supuesto que la diferencia no tiene nada que ver con la calidad de los equipos fotográficos ni con las eventuales dificultades técnicas para medir la velocidad de un vehículo en un lugar determinado. Es consecuencia de las discrepancias sobre lo que constituye una infracción genuina y sobre lo que, a juicio de los automovilistas y los jueces, debería tomarse por una práctica consagrada por la costumbre o que en buena lógica podría atribuirse a la mala señalización, a la ignorancia de conductores víctimas de la pésima educación vial brindada por el Estado, a lo injusto que sería fotografiar a ciudadanos in fraganti. Es por eso que el gobierno de Buenos Aires dice que aprovechará los dos meses de suspensión para poner en marcha un programa de «prevención, educación y difusión». En otras palabras, se cree obligado a convencer a los porteños y a cualquier visitante que se arriesga en su ciudad de que no siempre es conveniente imaginarse un corredor de la Fórmula Uno, estacionar mal o tratar con desprecio soberano a los semáforos, aparatos que muchos parecen creer son meramente decorativos que esporádicamente se vuelven rojos.

Pocos días transcurren en Buenos Aires sin que por lo menos una persona muera en un accidente de tránsito, provocado casi siempre por el «error humano», es decir, por la irresponsabilidad homicida de un individuo que se niega a entender que un vehículo mal manejado es un arma mortal en manos de un desequilibrado. Pues bien: puesto que el propósito del esquema que depende de las cámaras consiste en salvar vidas, es de suponer que antes de que los porteños hayan sido «educados» hasta tal punto que sea factible reponer el sistema habrá sesenta muertes adicionales o más, de las cuales algunas, quizás muchas, no hubieran sufrido percance alguno de haberse aplicado la ley con la severidad apropiada desde el vamos sin ceder frente a las presiones de los que quieren que el caos habitual se prolongue. ¿Habrán tomado en cuenta este detalle los responsables de frustrar un intento de poner un poco de orden en el tránsito porteño? Es de suponer que no, pero es precisamente la incapacidad así supuesta para entender plenamente que la anarquía vial causa más muertes que la delincuencia común la que ha hecho que la Argentina ocupe un lugar que da vergüenza en el ranking internacional de los accidentes.