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Cumplir la Constitución



La intención del gobierno nacional de reducir en un punto la coparticipación de Buenos Aires para financiar necesidades en otros distritos volvió a poner en debate una deuda con la Constitución que cumple un cuarto de siglo: la necesidad de una nueva ley que regule de forma transparente, solidaria y equitativa el reparto de los fondos que recauda el Estado argentino.

La coparticipación federal de impuestos es una institución que viene desde los inicios de nuestra República y se basa en que las provincias son antecesoras a la formación del Estado nacional. Las provincias resignaron aduanas y fronteras interiores, pero decidieron mantener sus autonomías mediante el régimen federal, con derecho a percibir impuestos. Por razones operativas, los distritos delegaron en el estado Nacional su recaudación, con la condición de que, después de financiar las actividades y funciones propias de su representación, redistribuya un porcentaje entre éstas.

Una nueva ley de Coparticipación debiera ser el cimiento del sistema tributario nacional coherente y ordenado que necesita el país.

Hace 85 años se establecieron los primeros criterios de reparto secundario (entre provincias) automático de fondos y en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras arduas negociaciones, una ley “transitoria” fijó porcentajes para cada provincia, según población, territorio, economía, condiciones de vida de sus habitantes, entre otros.

Nunca se pudo aprobar una ley definitiva y se firmaron normas y “pactos fiscales” que la fueron actualizando y modificando de hecho, donde primó la arbitrariedad, la negociación particular y el interés partidario o electoral. La reforma Constitucional de 1994 señaló que durante 1996 se tenía que redactar una nueva ley de Coparticipación. La falta de acuerdo con las provincias y las sucesivas crisis que ha vivido nuestro país han dejado en letra muerta esta intención.

En consecuencia, el sistema ha sufrido “parches” en cada gobierno, de manera poco transparente, atendiendo a necesidades de caja coyunturales y mediante artilugios legales poco participativos, en lugar de su lugar natural, el Congreso. El Estado nacional creó nuevos impuestos y mecanismos para eludir su reparto, generando reclamos judiciales y una maraña impositiva. En los gobiernos kirchneristas, Nación llegó a concentrar un 70% de los fondos, priorizando la distribución discrecional a las provincias. Un fallo de la Corte en 2015, en la antesala del gobierno de Mauricio Macri, ordenó devolver los recursos apropiados, lo que obligó a nuevos acuerdos con las provincias, que mejoraron su situación fiscal hasta el 2018. Sin embargo, esta bonanza y equilibrio fiscal no se tradujeron en mejoras en educación o salud. Más bien engrosaron Rentas Generales y contribuyeron a facilitar la reelección los mandatarios.

Según un informe reciente de Idesa, del total de fondos que se distribuyeron forma automática en el 2019, un 40% fue a la Nación y un 60% para las provincias. Pero el total de fondos tuvo una caída real del 1,4%, debido a la inflación. Además, la distribución fue muy desigual. En el caso de Neuquén, por ejemplo, su porcentaje es bajo porque ingresa regalías petroleras.

En el gobierno de Macri la Capital vio incrementados por decreto sus índices de coparticipación (el argumento fue el traspaso de la policía y las funciones de seguridad, que debía hacerse con fondos), mientras ahora el gobierno de Fernández pretende recortarlos por la misma vía (el argumento es que es un distrito “rico” que puede financiarse de otras fuentes y debe ser solidario con otros en peor situación). Pero mientras le quita con una mano, Nación le vuelve a subsidiar con otra los servicios públicos, cuando ya le financia la Justicia, seguridad e infraestructura.

Una nueva ley de Coparticipación debiera ser el cimiento del sistema tributario nacional coherente y ordenado que necesita el país. Fijar criterios objetivos y mecanismos transparentes de reparto, eliminar las “ayudas” directas (salvo emergencias), ser “equitativa”, “solidaria” y priorizar “un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida a igualdad en todo el territorio nacional”, como señala la ley de Coparticipación Constitucional. No hay excusas para no hacerla cumplir.


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