De López a Iud: mujeres en riesgo

Hace más de 14 meses que los delitos penales cometidos en la provincia son investigados y juzgados mediante procedimientos modernos, actualizados, transparentes, sin escritos cosidos a expedientes: todo se expone en audiencias públicas y el registro es electrónico. Hay causas que avanzaron de manera asombrosa y llegaron a condenas en tiempo récord. Las víctimas y sus familiares pudieron acercarse a la sensación de que se hacía justicia en el más amplio de los sentidos. Pero hay casos testigo que muestran un punto débil, tal vez atribuible a la transición, en el desempeño de los fiscales, que pasaron de ser representantes del interés del Estado en los juicios a responsables de la investigación.

Por su trascendencia pública, tal vez el caso del ahora ex hombre fuerte en el Sindicato de la Fruta Rubén López sea el mejor ejemplo de las consecuencias de las fallas en el Ministerio Público Fiscal, desde la instrucción hasta el juicio. Una mujer en alto grado de vulnerabilidad social decidió dos meses antes del juicio retirar la denuncia de abuso sexual contra el sindicalista y así llegó la causa al juicio oral. La absolución era una formalidad, aun en el inicio de las audiencias, porque desde la etapa de instrucción, que se ejecutó con el Código Procesal Penal anterior, el Ministerio Público Fiscal actuó de manera reprochable.

No lo dice la víctima sino el juez de Bariloche Marcos Burgos, que integró la Cámara que juzgó a López y escribió el voto principal del fallo. Advirtió que la víctima “estaba dando señales” desde hace un tiempo de su intención de abandonar el proceso y que la fiscalía no hizo nada para revertir esa situación. Y criticó que no se utilizara el “anticipo jurisdiccional de pruebas”, una medida innovadora del nuevo Código Procesal que permite tomar un testimonio videograbado (que después sirve como prueba en juicio) a víctimas o testigos que por alguna circunstancia no van a estar presentes para declarar.

Pero en las cuatro circunscripciones judiciales hay causas que servirían de muestra.

La Justicia tiene ahora otra denuncia de abuso sexual contra dos dirigentes políticos, el legislador Javier Iud y el intendente de San Antonio Oeste Luis Ojeda. La supuesta víctima es todavía menor de edad y está alojada en uno de los centros de Desarrollo Social de la provincia.

López tomó licencia como legislador de Juntos, el partido del gobernador Alberto Weretilneck, dos días después de que la denuncia por abuso se hiciera pública. Iud y Ojeda salieron obviamente a defenderse y a negar la acusación, y siguen en sus puestos.

El bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura salió rápidamente a advertir, sin mencionar ni al gobierno ni a Juntos, que “la política, aun en el peor de los escenarios, tiene sus límites”. Y enseguida Ojeda declaró: “Espero que no hayan usado la debilidad de una menor para meterla en una cuestión política. Sería gravísimo”.

El oficialismo decidió no pagarle al peronismo con la misma moneda y por ahora no pidió renuncias.

¿Qué tienen en común los casos de López con el de Iud y Ojeda? La situación de vulnerabilidad de las mujeres:

• F. trabajó de moza para un asado de una peña de Boca en Cipolletti y se fue con López y otras personas a un bar, donde bebió en exceso y perdió el conocimiento. Dijo que se despertó en la casa del sindicalista y que estaba siendo violada por López y el exfutbolista Luis Abramovich. F. ni siquiera estuvo en el juicio para contarlo. En cambio, una testigo dijo que fue Damián Garay el que penetró a la denunciante. La fiscalía citó a Garay pero como testigo, no como imputado.

• En el caso de Iud, la denuncia la hizo una operadora del área social que atendió a la víctima, de 17 años, cuando fue rescatada de la prostitución. Dijo que cuando tenía 15 años tuvo encuentros sexuales con mayores, entre ellos el legislador y el intendente. Se trata de “delitos contra la integridad sexual” de una menor que derivaron en un “presunta corrupción de menores”.

Tanto una como otra joven son víctimas. Y viven, ellas y su entorno, en una situación de riesgo permanente.

Una nueva denuncia de abuso sexual de una joven sacude la política provincial, esta vez contra el legislador Javier Iud y Luis Ojeda, ambos del Frente para la Victoria.

Y otra vez queda en evidencia que en la provincia hay muchas más mujeres de las que se cree en situación de vulnerabilidad, algunas casi niñas, como en este último caso.

Panorama de río negro