24 de Marzo: una sociedad argentina disciplinada “desde arriba y desde abajo”

Porque el 24 de marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado que inició la última dictadura militar. Las Fuerzas Armadas derrocaron a un gobierno constitucional y desde ese día, se disolvió el Congreso, se impidió el funcionamiento de los partidos políticos, fue prohibida la actividad sindical, se anuló la libertad de expresión y fueron suspendidas las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Desde 1976 hasta 1983, el Estado argentino se valió de un aparato represivo para llevar adelante una persecución que culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. Para ello se utilizó la fuerza pública estatal de manera ilegal y se instalaron más de 600 centros clandestinos de detención, muchos de los cuales funcionaban en instituciones públicas, como comisarías, escuelas y hospitales, ubicados en zonas urbanas.

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Llamar dictadura militar al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), como dice O’Donnell (2012), es indultar sin razón a los civiles que fueron parte indispensable de la dictadura cívico -militar. Este golpe de Estado no fue el primero, hubo otros: 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966, en todos -en mayor o menor medida- vastos sectores sociales dieron su apoyo, porque los militares siempre necesitaron de un cierto aval y alianza social para llevar a cabo semejantes hechos.

El golpe de 1976 fue la síntesis de todos los golpes que organizó la ruptura del orden institucional y tuvo, entre otras, la firma de entidades empresarias, bancos, grandes medios de comunicación masiva y la jerarquía de la iglesia.

No fueron los únicos: políticos de la mayoría de los partidos nacionales y provinciales también colaboraron, basta recordar quienes se hicieron cargo de las principales intendencias a lo largo y ancho del país. Debemos contabilizar, asimismo, a muchos periodistas, intelectuales y educadores, entre otros, que fueron funcionales al proceso.

La dictadura de Videla- Martínez de Hoz, tuvo un objetivo claramente social: transformar el sistema de relaciones políticas, sociales y económicas, suprimiendo la capacidad de las clases populares de defender sus conquistas (Sidicaro 2004).

Mientras esto sucedía en el ámbito central, en las primeras horas del 24 de marzo de 1976, pocos habitantes de Neuquén estaban enterados del golpe militar. Tampoco sabían que a medianoche, en un helicóptero de la Fuerza Aérea, se había trasladado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, detenida, a la residencia El Mesidor, en Villa La Angostura. En la madrugada se emite el Comunicado N°1 que informaba a la población, a través de la televisión y la cadena de radios, sobre el nuevo gobierno de facto. A las 10 se transmitió la asunción del general Jorge Rafael Videla como presidente. Durante la mañana del 24 de marzo, un grupo de militares se hizo cargo de la gobernación de Neuquén, destituyendo a Felipe Sapag. Un coronel del Ejército asumió la gobernación de manera interina hasta que la ocupó el general José Martínez Waldner, quien gobernaría hasta 1978 para luego ser reemplazado por otro militar, el general Domingo Trimarco.
Las tres armas se repartieron cada una el 33% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales (gobernaciones de provincias, intendencias , ministerios, canales de TV y radios).

Se organizó la tarea sobre lo que la dictadura llamó el “accionar subversivo”, implementando una feroz represión para disciplinar a la sociedad, en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. Como su nombre lo indica, el Proceso de Reorganización Nacional buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, en el plano político, económico, social y cultural y eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilando toda acción que intentara disputar el poder. El diagnóstico era que la sociedad argentina estaba enferma de un germen extraño al ser nacional: bajo el término “subversivo” se englobaba no sólo a las organizaciones armadas, sino también a quienes participaban en un sindicato, militaban en política, decían lo que pensaban y cultivaban el arte, porque desafiaban los valores de la denominada “moral occidental y cristiana”. Por ello, utilizó métodos de una violencia inédita, cuya expresión más extrema fue el plan sistemático de desaparición forzada de personas.

Disciplinar “desde arriba”

Las FF.AA. dividieron el territorio en cinco zonas, subdivididas, a su vez, en subzonas y áreas, cada una bajo el control de los militares; sus directivas establecían hipótesis represivas en distintas zonas, subzonas y áreas de seguridad y estipulaban que el esfuerzo debía realizarse en los principales centros urbanos y los lugares colindantes, como así también en las áreas y zonas montañosas del país.
Ahora bien, en los siete años que duró la dictadura la mayoría de la sociedad pasó por miedo, resignación, indiferencia, apatía, apoyo pasivo y resistencia activa.

Para ese disciplinamiento social , de los primeros tiempos, se necesitó de un proceso de organización ‘desde arriba’, es decir, los militares tuvieron que implementar mecanismos y estrategias, valiéndose de instrumentos e instituciones, para lograr la adhesión de la población, haciendo uso – entre otras – de la falta de valor en que había caído la democracia por la frecuente alternancia de gobiernos civiles y militares desde 1930. Un ejemplo fue el mundial de fútbol de 1978, como eje vertebrador de la política para desviar la atención en el exterior mientras se violaban los DD.HH. en el país. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de la Marina, para contrarrestar la campaña anti argentina, se emitieron directivas a las embajadas del exterior a efectos de intensificar la organización y difusión del Mundial(1).
La Marina creó el Centro Piloto de París, una embajada paralela por la que pasaron agentes para todo servicio -controlada por Massera- para neutralizar lo que se decía en el exterior, frente a las denuncias de los organismos de DD.HH., exiliados y organizaciones políticas (Veiga, 2022).

Un consenso “desde abajo”

Pero también tuvo que organizar un consenso ‘desde abajo’, un permiso para poner a cada uno “en su lugar” a efectos que la dictadura pudiera penetrar, modificando aspectos capilares de la vida cotidiana. Había, de parte de un sector de la sociedad, una demanda de orden, que les confirió a los militares una suerte de carta blanca, aceptando la utilización del terror para desarticular las resistencias, porque el que “por algo será”, encerraba la culpabilidad de los otros, para sostener la legitimación de la represión (O’Donnell, 1987).

De este modo, se intentaba disciplinar el ámbito público y privado, con el accionar coactivo- represivo y existía miedo porque había razones para temer; al decir de Calveiro (2001), se trataba ni más ni menos de la existencia del “poder desaparecedor”.
La sociedad fue víctima y victimaria, padeció y tiene alguna responsabilidad. Hubo cómplices civiles y colaboracionistas que se reciclaron en la democracia, sin exigirles cuentas y aunque con demoras e indultos, la pena la tuvieron las FF.AA. A partir de 1981, sucedieron hechos que fueron mostrando la agonía del régimen, y su último intento para sobrevivir: la guerra de Malvinas (2).

Una falsa creencia: «En Neuquén no pasaba nada»

La Patagonia conformó la zona 5, bajo la coordinación del Quinto Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca y la región Comahue, quedó dentro de la subzona 5. La región no era considerada una “zona caliente”, es decir, donde se registraban mayoritariamente acciones de las organizaciones armadas. Era – para los militares- una zona “potencialmente apta” para ello (Scatizza, 2016). Porque formaba parte de la preocupación sobre ciertas movilizaciones, huelgas y puebladas desarrolladas en el valle en los años 1960/70; entre otras, la huelga de El Chocón, las puebladas de Roca y Cipolletti, las acciones de estudiantes de la UNCo. Además, existía otra inquietud que permite entender por qué centralizarse en algunos centros urbanos de la cordillera: el arribo de inmigrantes chilenos que huían del país trasandino tras el golpe de Pinochet que derrocó al presidente Allende (1973).

En Neuquén, hubo una tarea sistemática desde la Iglesia en la defensa, no sólo de presos políticos años antes, sino durante el gobierno militar a partir de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), creada a mediados de 1976 a iniciativa del obispo Jaime De Nevares. Muchos de los familiares de las víctimas (presos políticos, detenidos, desaparecidos, etc.) pudieron acudir al Obispado buscando ayuda.

Comparada a otras regiones del país, la respuesta neuquina al accionar represivo fue rápida y organizada, sin embargo, la sociedad neuquina no fue muy permeable al discurso y accionar de la APDH. Había un imaginario que provenía de la etapa del Neuquén territoriano (1884-1955), que veía a los militares como proveedores de servicios para la vida cotidiana; de este modo, se fue armando un entramado de relaciones cívicos militares que hacía de ellos y sus familias, vecinos y amigos. Así se construyó una idea que “en Neuquén no pasaba nada”, por ello cuando se denunciaban los DD. HH surgía cierta resistencia (Azconegui, 2020:1266).

Esa falsa creencia se desnuda cuando aparecen los datos.
Según el relevamiento del Observatorio de DD. HH. de Neuquén y publicado en el libro “Terrorismo de Estado: memorias de la Norpatagonia, entre 1974 y 1983 -desde antes de la dictadura y durante la misma se registra que de “…465 personas, 11 son niños, hijos e hijas que estuvieron detenidos por horas acompañando los secuestros de sus padres y hay casos en que nacieron durante el cautiverio. Del total, 54 personas permanecen desaparecidas, 336 recuperaron su libertad”. Además, en otros lugares del país “hay 31 personas que habían residido en nuestra región- Patagonia norte- previo a su detención y que permanecen desaparecidas, mientras que 8 recuperaron su libertad y 25 fueron asesinadas” (Bercovich, et al, 2019).

El cuartel del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, en una antigua construcción de mampostería ubicado en la ciudad de Neuquén, funcionó – desde agosto de 1976- como centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Fue desmantelada entre julio y septiembre de 1978, en tanto, la Unidad Penitenciaria N°9 fue el sector de paso de los detenidos, a disposición del PEN, que luego eran liberados o enviados a otros centros clandestinos de detención, como los de Bahía Blanca. Sin embargo, también funcionó como centro de interrogatorio a víctimas bajo aplicación de tormentos.
En síntesis, se trata de recuperar críticamente un tiempo pasado y situarlo en el presente, reafirmando la idea que la democracia – en una concepción republicana de separación de poderes- debe desarrollarse sin ejercicio de poderes excepcionales, sin personalización del poder, resguardando los derechos inalienables. Va más allá de declamaciones porque contempla también obligaciones. Por ello, de todo esto se debe seguir hablando.
* Doctora en Historia. Investigadora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS)-Conicet-Unco.
Notas:
(1) Contó para ello, con el apoyo de algunos medios de comunicación, como la Editorial Atlántida, El Gráfico, Gente y Somos.
(2) En 1982, sólo Raúl Alfonsín, Arturo Frondizi y Álvaro Alsogaray, se atrevieron a cuestionar el consenso malvinero, objetando que la invasión se justificara por los legítimos reclamos sobre las islas.