Quince millones de chilenos votarán el 4 de septiembre si aceptan o rechazan un proyecto de nueva Constitución, en un clima de fuerte polarización, desinformación e incertidumbre. El texto incluye varios artículos controversiales, como los referentes a sistemas alternativos de justicia y la plurinacionalidad, mientras la disolución de los tres poderes del Estado quedaron en el camino.
El texto, de 388 artículos y favorecido por el gobierno del presidente Gabriel Boric, busca reemplazar a la Carta Magna legada por la dictadura militar (1973-1990) que instauró en Chile un Estado subsidiario y con fuertes restricciones a la participación, e instaurar uno “democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, con una democracia “inclusiva y paritaria”, según señala en su inicio.
En el plebiscito , el voto es obligatorio.
Según la última encuesta de la empresa privada Cadem, publicado este lunes, el 47% se inclina por la opción “rechazo” a la nueva Constitución; el 39% por apruebo y el 14% no se posiciona. Los datos revelan una importante caída del rechazo, una leve suba del apruebo y un aumento de los indecisos.
Por otra parte, otro sondeo realizada por la firma Mori , “Barómetro del trabajo laboral”, realizada entre el 09 y 24 de junio de 2022, reafirma la tendencia: la opción Rechazo se estaría imponiendo al Apruebo, pero por un margen menor. Un 42% rechazaría la propuesta de texto, mientras que un 38% lo aprobaría.
Algunos de sus artículos de la nueva carta magna desataron controversias y llevaron a que personas que votaron a favor de cambiar la Constitución en un referéndum en 2020 ahora señalen que rechazarán la propuesta.
A tal punto, que fuerzas del gobierno han lanzado propuestas de “aprobar para reformar”, es decir prometen cambios inmediatos al texto , aún si es confirmado. O ya anticipan un nuevo proceso constituyente si fracasa el actual.
Con la campaña en marcha, la desinformación sobre la nueva Carta Magna inunda las redes sociales. Afirmaciones como que el nuevo texto constitucional permitirá abortar hasta los nueve meses, que Carabineros (policía militarizada) no usará armas de fuego o que las casas pasarán a ser propiedad del Estado son discursos divulgados por usuarios en redes sociales y se demostraron hechos falsos.
Según Marta Lagos, fundadora de la consultora Mori y el Latinobarómetro, el voto Rechazo “proviene de los más acomodados, que son los que más votan”. En esa línea argumenta que “el voto obligatorio no termina de convocar a los más pobres. Eso define la elección”. Por tanto, “la menor cantidad de chilenos que no votan de los sectores más vulnerables, son los que le pueden dar el triunfo al Rechazo”.
Lagos señaló que “esta elección está ideologizada, dividida socioeconómicamente, y por clase social”. Y agregó que “el país más rico vota Rechazo, el país mas pobre vota Apruebo”.
Estas son algunas claves de la elección.
• ¿Qué votarán los chilenos en septiembre?
Deberán pronunciarse sobre un texto que propone un sistema nacional de salud en reemplazo del actual, que establece una salud pública y una privada, y que fortalece la educación pública. También otorga amplios derechos a los pueblos originarios, incluidos la autonomía, el autogobierno y su propio sistema de justicia. El principio de paridad de género atraviesa el proyecto y alcanza a los fallos de los tribunales y permite el aborto. También crea nuevos derechos sociales, como a una “vivienda digna y adecuada”, suprime el Senado y el Ejecutivo pierde la exclusividad de iniciar proyectos que impliquen gasto fiscal.
• ¿Cuáles son los artículos más controversiales?
Entre ellos está el que reconoce los sistemas jurídicos indígenas “en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”, aunque no se pronuncia sobre sus alcances y competencias. Sólo precisa que la Corte Suprema decidirá los conflictos de competencia entre ambos sistemas y será el Congreso el que deberá aterrizar el artículo.
Una carta pública firmada por unos 300 abogados critica a la Convención Constituyente por crear “sistemas de justicia paralelos, (que) aumentan la burocratización, control y tamaño del Estado, dividen al país en naciones y en autonomías”. El abogado mapuche y académico Salvador Millaleo dice que “para los pueblos originarios, cuya identidad y cultura han sido negadas, el reconocimiento de sus normas consuetudinarias implica que sus formas de vida se empiezan a mirar como legítimas y no como un resabio del pasado “.
El proyecto constitucional señala que el chileno es un Estado Plurinacional y reconoce 11 etnias, en contraposición a la Constitución vigente, que no menciona ningún pueblo originario en un país en que la población indígena representa el 12,8% de los 19,8 millones de chilenos.
También indica que Chile está formado por entidades territoriales autónomas, y establece la autonomía territorial indígena, que debe ser financiada por el Estado, “para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas”, y establece escaños reservados para los indígenas en el Congreso, cuyo número definirá una ley.
José Rodríguez Elizondo, abogado y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, señala que la plurinacionalidad “puede terminar debilitando el Estado” y que unir plurinacionalidad con autodeterminación de las naciones puede llevar a “una dinámica del poder que impulse hacia el separatismo”. El exfiscal Manuel Guerra cree que se debe reconocer a los pueblos originarios y promover sus culturas, pero fijar un Estado Plurinacional y sistemas paralelos de justicia, “por más que se reconozcan muchos derechos sociales, anima a votar Rechazo”.
El expresidente Ricardo Lagos, (2000-2006), declaró que los escaños especiales “les dan ciertas ventajas a algunos respecto de otros, y este es un tema complejo que hay que debatir ”.
El proyecto crea el Consejo de la Justicia y elimina el Poder Judicial, integrado por 17 personas, entre ellos ocho jueces, dos indígenas y otros cinco miembros nombrados por el Congreso.
El expresidente Eduardo Frei (1994-2000) afirmó que “el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia”.
“Este Consejo debiera estar integrado mayoritariamente por jueces, para resguardar la independencia de los tribunales”, afirmó el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes.
Entre las proposiciones que no encontraron respaldo en la Convención está una que propuso disolver los tres poderes del Estado y reemplazarlos por una asamblea plurinacional de 600 miembros. Tampoco prosperó el “reconocimiento constitucional del reino Fungi (de los hongos)” como equivalente a los reinos animal y vegetal.
• ¿Quiénes redactaron el texto constitucional?
Fue redactado por 154 convencionales, de los cuales el 76%, incluidos 17 de pueblos originarios son izquierdistas o de centroizquierda, y el resto son de derecha o centroderecha. En la Convención hubo grupos que protagonizaron escándalos por sus propuestas, declaraciones o actitudes: uno de ellos votó desde la ducha. Lo anterior, coinciden analistas, favoreció el crecimiento de la opción Rechazo al proyecto.
• ¿Cómo se gestó la convención constitucional?
Chile vivió en octubre de 2019 un estallido social seguido de multitudinarias protestas contra las desigualdades en educación, salud, pensiones, entre otras, que fueron frenadas por el Congreso con la firma de un acuerdo transversal que convocó a un plebiscito para octubre de 2020, en el que el 78% de los chilenos votó por una nueva Constitución, escrita por una Convención paritaria y electa democráticamente.
• ¿Qué pasará si gana el apruebo o el rechazo?
Si gana el Apruebo el proyecto será promulgado por Boric y entrará en vigor diez días después de que el decreto sea promulgado. El gobierno deberá enviar al Congreso alrededor de un centenar de proyectos para crear las nuevas entidades y llevar a la práctica muchos de los artículos.
Si se impone el Rechazo, seguirá vigente la Constitución legada por los militares, aunque tanto en el oficialismo como en la oposición derechista afirman que deberá reformarse. Boric dijo que se deben elegir otros convencionales para que escriban un nuevo texto. Sin embargo, la oposición dijo que es el Congreso el que debe definir una hoja de ruta.
(con informes de AP y AFP)
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