El 7 de diciembre de 1907 se halló por primera vez crudo en Comodoro. Su explotación, vía YPF, alternó estrategias que fueron desde la intervención estatal nacionalista y desarrollista a la privatización y desregulación de los 90.

07 dic 2018 - 00:00

La política petrolera adquirió mayor fuerza aún con la designación como director de YPF del Coronel Enrique Mosconi y a fines de los años veinte surgió la propuesta de nacionalizar y monopolizar el petróleo. Si bien Mosconi fue desplazado de la dirección de YPF luego del golpe de 1930, no fueron eliminados los sectores mosconitas de la empresa ni los hombres de las Fuerzas Armadas vinculados al “nacionalismo petrolero”. El organismo estatal había adquirido cierta independencia de los vaivenes de la política y permitió que, aún en el contexto de la redefinición de las relaciones internacionales a favor de Gran Bretaña, tanto Uriburu, pero especialmente Justo, continuaron con la política petrolera.

Se organizó la empresa mediante la ley 11668 conocida como ley Orgánica de YPF, a través de la cual se reconoció a la compañía como el órgano del Estado nacional para la política de desarrollo del recurso y se promovió la sanción de la primera legislación petrolera del país (ley 12161): ley nacional del petróleo (1935), que mantuvo el régimen nacional o provincial de los yacimientos en el territorio argentino según donde se hallaran y establecía el porcentaje de regalías para las provincias (12% del producto bruto obtenido).

La incidencia del conflicto mundial (1939) condicionó la expansión de la compañía estatal, situación que continuó durante los primeros años del gobierno peronista, por la escasez de equipos de perforación (el gran proveedor era Estados Unidos); todo esto, en el marco de las conflictivas relaciones político-diplomáticas de Perón con aquel país, que derivó en una importante crisis energética.

El desenvolvimiento del ISI (industrialización por sustitución de importaciones) aceleró las migraciones internas que se orientaron a los centros urbanos con el consiguiente aumento de consumo energético; la guerra redujo la disponibilidad de buques y aprovisionamiento de combustible, encareciendo tanto los precios como los fletes. Los países proveedores de equipos de perforación establecieron prioridades para la asignación de los mismos. La crisis se intentó resolver intensificando la explotación de petróleo nacional, básicamente a través del esfuerzo y la retracción de la capitalización de YPF. Mientras hubo un contexto favorable que permitió continuar con la exportación de productos agropecuarios reasignando ingresos de divisas para la intensificación de la industrialización por sustitución de importaciones, Perón planteó una política que apuntaba a satisfacer a los “grupos nacionalistas” en el marco del Plan Quinquenal. Sin embargo, YPF no pudo mantener el ritmo de una economía que necesitaba cada vez más fuentes energéticas, entre ellas el petróleo, sin que el gobierno definiera una clara política de capitalización de la empresa. La “imposibilidad” de adquirir material de perforación, la burocratización de la empresa, la exigencia –a pesar de todo– de mayores contribuciones como cánones mineros, regalías a las provincias, impuestos a las ventas y provinciales, la obligación de vender al Estado a precios reducidos, etc., obligaron a la petrolera a distraer fondos para convertirse en financiadora de otras reparticiones. Esto no sólo provocó la descapitalización de la compañía, sino también emergió el déficit fiscal, situación que llevó al gobierno a retomar una idea que ya había planteado apenas asumió (1946): la incorporación de capital privado a YPF que derivó en la firma de contratos con la California Argentina de Petróleo (Socal), subsidiaria de la Standard Oil, convenios duramente cuestionados por políticos del partido de gobierno y de la oposición, encabezada por el entonces presidente del radicalismo, Arturo Frondizi.

La “batalla del petróleo”

Lo que sucedió con la empresa estatal entre la caída del peronismo (1955) y el advenimiento de la democracia (1983) merece una serie de consideraciones. Entre las medidas más importantes tomadas durante el gobierno de Frondizi estuvo la denominada “batalla del petróleo”. Su repercusión fue de tal magnitud que dividió a los argentinos en dos partes irreconciliables: detractores y panegiristas.

Aunque la política petrolera adoleció de un problema de origen, en razón de que el Ejecutivo decidió no implementar la previa aprobación de las cámaras ni la discusión pública, teniendo en cuenta que por el número de legisladores ucristas (Unión Cívica Radical Intransigente) la medida se iba aprobar, su accionar llama poderosamente la atención teniendo en cuenta los antecedentes nacionalistas de Frondizi (recordar su “Petróleo y política”, 1954).

No obstante, a fines de 1958 se autorizó la nueva ley de Hidrocarburos (N° 14773) por la cual se modificó la ley 12161 y se estableció el dominio nacional de estos combustibles, delegando la responsabilidad de las actividades petroleras y gasíferas en las dos empresas estatales: YPF y Gas del Estado. Asignó, de este modo, un papel protagónico a las empresas estatales y, por otro, se firmaron contratos con empresas privadas, de hasta 40 años de plazo, que actuarían por cuenta y para YPF. Las elecciones para gobernador de 1962 que legalizaron al partido peronista fueron el detonante de la destitución de Frondizi. Después de un año de gobierno militar y excluido el peronismo nuevamente, en las elecciones de 1963 triunfó la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo) con Arturo Illia, quien hizo del nacionalismo petrolero la piedra angular de su gobierno. Anuló los contratos petroleros porque no habían sido aprobados por el Congreso.

Los gobiernos militares modificaron la situación legal de la exploración y explotación del petróleo, durante años. A YPF, durante la Revolución Argentina (1966-73) pero muy especialmente en el denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-83), se la obligó a ceder a compañías privadas, gratuitamente, yacimientos con reservas descubiertas y con todo el aparato productivo instalado y en funcionamiento, para comprarles luego a esas empresas el crudo mucho más caro que lo que le costaba a la compañía fiscal producirlo. El gobierno democrático que se inició en 1983 recibió a la petrolera con un endeudamiento de 4.300 millones de dólares producto de haberla obligado a cubrir el déficit originado en las bajas tarifas, recurriendo a préstamos internacionales.

La clave de la participación privada en el negocio petrolero pasó por el riesgo minero, ésta fue la principal característica del Plan Houston que tenía como meta ampliar el horizonte de las reservas mediante la concesión de áreas por licitación pública internacional para que el capital local y externo financiara la búsqueda de hidrocarburos. En definitiva, desde el 1983 y hasta el cambio de gobierno, se llevó a cabo una política exploratoria de importancia que permitió mejorar el horizonte de reservas de gas, reconversión de refinerías ypefianas, programa de sustitución de combustibles líquidos por gas natural. Su consumo fue significativo en la matriz de utilización energética que obligaba a construir un gran gasoducto y ampliar otros. El sector privado participó como contratista a través del plan Comodoro Rivadavia-Houston en el que asumió el riesgo minero, aunque el grueso de las inversiones corría por parte de YPF. Con la llegada al gobierno de Carlos Menem (1989) y la denominada Reforma del Estado, se solicitó a Estenssoro que asumiera el control de YPF, quien identificó los factores críticos para el éxito del emprendimiento, fijó condiciones, entre otras, la desregulación del sector, inmunidad de la interferencia política, nuevos convenios laborales y, obviamente, la privatización. La idea que predominó era que nada funcionaba, que la empresa se encontraba “inflada” con 50.000 empleados (15.000 temporarios) y que no tenía sentido mantener la acumulación de activos (escuelas, supermercados, cines, hospitales, aviones y la flota). Estenssoro puso en práctica un estilo de gerenciamiento estadounidense y propuso privatizar la petrolera en etapas, revisando los convenios colectivos de trabajo con el poderoso SUPE, ya que a fines de 1990 consideraba que había “excedentes” de empleados no calificados. Se decidió solicitar el “retiro” de numerosos ypefianos, hecho favorecido por el accionar del dirigente máximo del sindicato, amigo personal del presidente de la Nación. Entre 1991 y 1992, se sacaron 7.000 trabajadores y se vendieron los activos (áreas marginales, centrales y las cuencas, destilerías, oleoductos, etc.) con lo que la empresa redujo su superficie de exploración en un 90%, sus reservas y producción en un 50% y disminuyó en más de 30.000 empleados. La mayor parte de los fondos originados por las privatizaciones fue a gastos corrientes, otra parte se destinó a financiar la reestructuración del sector público y la venta de petróleo entre 1990-1991 fue el principal aporte a la liquidez proveniente del programa de privatizaciones, permitiendo sostener la estabilización macroeconómica.

*Dra. en Historia, investigadora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs) - Conicet, UNC

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Perón apuntó a satisfacer a los “grupos nacionalistas” en su Plan Quinquenal. Pero YPF no pudo mantener el ritmo de una economía que necesitaba cada vez más fuentes energéticas.
En el Proceso se obligó a YPF a ceder a privados, gratuitamente, yacimientos con reservas descubiertas y todo el aparato productivo instalado.

En 1907, en el contexto de una intensa tarea de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología en territorios nacionales como en provincias, se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia (Territorio de Chubut). En forma inmediata, el presidente Figueroa Alcorta procedió a la reserva de los terrenos petrolíferos apelando a una ley de tierras, debido a la inexistencia de legislación vinculada al nuevo recurso descubierto. A su vez, el presidente Roque Sáenz Peña, tres años después, creó el organismo que se convierte en el antecedente de la petrolera fiscal: la Dirección General de Explotación del Petróleo, bajo la responsabilidad del ingeniero Luis A. Huergo.

Con la llegada del radicalismo al gobierno, continuó la política de intervención estatal en la explotación de hidrocarburos; situación que se hizo evidente por un lado, en el intento del presidente Hipólito Yrigoyen de modificar la legislación vigente y, por otro, con la creación de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por decreto del Poder Ejecutivo del 3 de julio de 1922. La política del gobierno, si bien no descartó la presencia del capital privado, proponía ideas diferentes sobre los hidrocarburos. Es que la Guerra Mundial y sus consecuencias, las restricciones en el suministro de combustible, fundamentalmente del carbón, evidenciaron la dependencia del país en materia energética, pero además influían las opiniones de figuras y personajes en el aparato estatal que plantearon ya a comienzos del siglo XX la necesidad de introducir modificaciones a la política económica, observando ciertos límites al modelo agroexportador.

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