Declaró la “testigo clave” del caso Aigo y habló de Salazar Oporto



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Ayer fue intensa la actividad en los tribunales de Junín de los Andes.

JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- La testigo clave en la causa por el crimen del policía José Aigo declaró ayer tras varias postergaciones, para revelar que en octubre del 2011 y siendo empleada de Anses, conoció por la presentación de un formulario a Jorge Salazar Oporto, el ciudadano chileno sindicado como miembro de una célula armada en su país, que el 7 de marzo del 2012 se convertiría en el asesino del sargento. El ahora prófugo había acudido para llenar una solicitud, cuyo contenido la testigo dijo ignorar porque, para su sorpresa, fue apartada del trámite. En aquella oportunidad le llamó la atención que Salazar Oporto no presentó documentos y que fue atendido directamente por la jefa de la oficina, cuando era ella quien se ocupaba de esas tareas. Reconoció más tarde al prófugo con la difusión periodística del crimen. Así lo confirmó a este diario Saúl Castañeda, uno de los abogados de la querella presentes en la testimonial. El letrado anticipó el pedido de una batería de medidas de prueba, entre ellas la convocatoria de nuevos testigos. Por caso, se citaría a la mujer que en el 2011 era la responsable de la “oficina de enlace” de la Anses en Junín de los Andes, que dependía de la delegación de San Martín. Curiosamente, dijo Castañeda, la dependencia local fue cerrada poco tiempo después del asesinato de Aigo. Por primera vez también trascendió la identidad de esta testigo considerada “clave” por la querella, cuya comparecencia sufrió varios aplazamientos hasta que la Cámara ordenó su llamado al juez. El nombre fue mantenido en estricta reserva hasta ayer. Se trata de una vecina de Junín de los Andes, que pasadas las 10 ingresó a los tribunales citada por el juez de Instrucción Penal subrogante, Andrés Luchino, a pedido de la querella que ejerce la viuda Graciela Soto, con patrocinio de Castañeda y su colega Gustavo Lucero. También estuvieron presentes el fiscal Manuel González y el abogado Mariano Laprida, defensor del joven Marcos Fernández (imputado en la misma causa por falso testimonio y encubrimiento agravado). Siempre según el relato de Castañeda, ya que la mujer se fue sin realizar declaraciones a la prensa reunida en tribunales, Salazar Oporto se presentó en Anses Junín para llenar un formulario. Como se indicó, Salazar Oporto, quien posiblemente dio un nombre falso, fue atendido por la responsable de la oficina y jefa de la testigo, según su declaración ante el magistrado. La mujer también habría aportado indicios sobre otros movimientos de Salazar Oporto en la zona, aunque este dato no fue confirmado. La querella sostiene que el asesino de Aigo tenía contactos regulares con vecinos de la región, algunos de ellos de naturaleza política. Salazar Oporto y su compatriota, Alexis Cortés Torres, son buscados desde la madrugada del crimen ocurrido durante un procedimiento rutinario de control de tránsito, a la altura del paraje Pilo Lil y a 40 kilómetros de esta ciudad, camino de Aluminé. El primero disparó a matar cuando Aigo le pidió que exhibiera sus documentos y mostrara el contenido de una mochila. Ambos son sindicados como miembros de organizaciones clandestinas surgidas en su país, que reivindican la lucha política armada. Por su parte, Marcos Fernández es hijo del intendente de San Martín de los Andes y era propietario y conductor de la pick-up en la que se desplazaban ambos prófugos. Este joven alegó en su testimonial y antes de su procesamiento que fue contratado como “fletero” en la localidad de Mallín Ahogado, donde reside junto con su pareja, también imputada por falso testimonio en la causa. Marcos dijo que desconocía toda actividad ilegal de los chilenos. Salazar Oporto era su vecino en Mallín Ahogado, donde vivía bajo otra identidad. Por su parte, Cortés Torres se sumó al viaje en Bariloche, con destino a Aluminé. La causa esta dividida en dos. Una parte contiene las actuaciones respecto del crimen y la situación de los prófugos. Naturalmente está estancada a la espera de que se produzcan las detenciones. La otra parte podría llegar a juicio en breve y se refiere a la situación de Marcos Fernández y su compañera, Analía Godoy.


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