Dejar hacer no es una buena política ante la violencia

Por Osvaldo Pellín

La política de dejar hacer del presidente 'K' en el tema de la violencia política es increíble aun vista desde su propia afinidad personal con ella. ¿Quién puede creer que esta aparente generosidad responde más a una inclinación virtuosa que a un error culposo?

Es que resulta evidente e increíble también para los propios piqueteros, la cesión de escenarios públicos para una representación de la violencia urbana más cerril e irracional de que se tenga memoria.

Por todo ello no se concibe cuál es el rédito que le procura al presidente un modo de actuar que no es apreciado siquiera por los mismos manifestantes. Los que jamás, dicho sea de paso, dan la más mínima señal de reciprocidad política, aun ante una inédita permisividad. Si hasta los supuestos aliados terminaron tomando una comisaría.

Advirtamos que nunca como ahora los manifestantes han tenido tamaña libertad para expresarse. Pero lo que resulta curioso es que invariablemente la característica de esas manifestaciones son la algarabía antisistema que se manifiesta con el destrozo indiscriminado de los bienes emblemáticos y no emblemáticos que pueda exhibir la sociedad.

Se trata, lamentablemente, de un renunciamiento a imaginar nuevas formas operativas que superen las pésimas consecuencias de muchas de las represiones efectuadas hasta hoy por las fuerzas de seguridad.

Pero que no se quiera incurrir en los mismos errores no significa que es lícito renunciar a tener un modo alternativo de actuar. Dejar hacer y dejar pasar, en favor de un descuartizamiento del Estado de derecho, aparece contradictorio y temerario. Alcanza sólo con imaginar qué pasaría si la emulación generalizada de la sociedad decidiera también hacer lo que se le diera la gana. Sin duda, a la luz de estos acontecimientos, tendría sustento.

Por ejemplo, si los millones de monotributistas que hoy están cumpliendo con el complejo y pésimamente instrumentado programa de reempadronamiento en la AFIP, se declararan en desobediencia civil, habría que aceptarlo. ¿Por qué deberían cumplir con un Estado que no retribuye del mismo modo resguardando sus bienes y los que le ayuda a adquirir, mediante el pago de sus impuestos? Se preguntarían con razón, ¿para qué pagar impuestos si los bienes que se adquieren con esos fondos públicos que ayudamos a integrar no son resguardados ni defendidos por las autoridades, cuando son atacados?

De allí la peligrosidad de la política del presidente Kirchner en este asunto. Toda sociedad requiere límites para sentirse que vive con algún orden y con una aspiración de paz y no al imperio de la ley de la selva.

La no respuesta por el temor a una mala respuesta por parte de los organismos de seguridad, no es admisible.

El Estado tiene la obligación de intentar mediante la mediación política caminos alternativos hasta permitir avizorar un acercamiento a la solución del problema. Tanto en sus cuestiones de coyuntura como en las de fondo. No estamos pidiendo que no se manifieste. Estamos solicitando que la manifestación no sea invariablemente la expresión de un caos social. Que, aunque no se reprima, igual se lleva un costo incalculable de heridos y, lo que es peor, de desaliento de la moral colectiva.

Esta no es una sociedad justa, lo sabemos. Pero también sabemos que tenemos los instrumentos para mejorarla. Por bastante menos padecimos la peor de las dictaduras. Tanto sufrimiento merece algo más que la exhibición de una nueva violencia, autoritaria y antidemocrática, que intenta decir que todo lo construido debe caer porque está mal hecho, pregonando un mesianismo delirante e inaceptable.

El señor presidente debe demostrar que le interesa el sistema en que vive él y millones de argentinos que han adherido a muchos de sus gestos políticos. Y tiene que demostrarlo defendiéndolo con las armas legales a su alcance.

Por Osvaldo Pellín