Demasiadas preguntas
Según el secretario privado de Carlos Menem, Ramón Hernández, no es suya aquella cuenta bancaria suiza con seis millones de dólares que se le ha atribuido, pero a esta altura muy pocos le creerán. Tampoco merecerá mucha confianza la declaración difundida por el comité de la campaña presidencial de Menem, conforme a la que las versiones sobre «presuntas cuentas suizas» son «infamias» inventadas por sus adversarios en el contexto de una interna sumamente «sucia». Es que nadie ignora que desde hace años el propio Menem y sus allegados más notorios, para no hablar de su hija, disponen de patrimonios multimillonarios que no parecen guardar proporción alguna con sus ingresos oficialmente confesados. De existir una explicación aceptable de su enriquecimiento, ya la hubieran formulado muchas veces. Sin embargo, lo único que han atinado a hacer ha sido cuestionar continuamente detalles menores vinculados con la denuncia de turno y acusar a sus enemigos de querer perjudicarlos, imputándoles motivos siniestros, lo cual podría servir para confundir a los ya resueltos a minimizar la importancia de la corrupción por considerarla un fenómeno «natural» pero que no contribuye en absoluto a asegurar que las fortunas así supuestas son legítimas.
Pues bien: aunque casi todos los políticos, incluyendo a Menem, suelen hablar mucho de «la ética» y a través de las encuestas la ciudadanía se afirma convencida de que la corrupción constituye una de las lacras principales del país, el que tanto Menem como Hernández y muchos otros integrantes del círculo del ex presidente hayan conseguido acumular millones de dólares a partir de 1989 no parece haber incidido mucho en sus perspectivas políticas. Es evidente que la hostilidad de muchos hacia Menem se debe más a motivos ideológicos y al estado lamentable de la economía nacional, que al enriquecimiento vertiginoso de él y de sus íntimos más notorios. Asimismo, a pesar de todo lo ocurrido el ex mandatario sigue desempeñando un papel central en la interna justicialista. Puede que sus perspectivas de erigirse en el candidato presidencial del PJ se hayan reducido últimamente, pero sigue siendo factible que lo logre y que, por falta de alternativas serias, termine triunfando en las próximas elecciones.
Si sólo fuera cuestión de sospechas poco creíbles, podría achacarse la resistencia de sectores influyentes a asumir que la eventual reelección de Menem o incluso su participación en los comicios como candidato del partido principal del país sería un disparate a dudas auténticas en cuanto a la veracidad de las denuncias. Sin embargo, por ser tan manifiesto el contraste entre los costos del tren de vida de los menemistas mejor conocidos y su hipotética capacidad para ganar dinero de forma honesta y de ahorrarlo, es imposible no llegar a la conclusión de que a muchos les tiene sin cuidado la ética, que a su juicio la consigna «roba pero hace» refleja una actitud perfectamente razonable. Los seducidos por dicha tesis, que es tradicional en toda América Latina -y en las partes más pobres de Europa occidental-, suelen creerse realistas, pero la verdad es que son bien ingenuos, bien corruptos ellos mismos, porque ya no cabe duda alguna de que la corrupción sistemática ha contribuido enormemente al atraso trágico de nuestro país y de sus vecinos y que en un mundo cada vez más globalizado los costos que supone propenderán a aumentar. En efecto, aunque Menem realmente fuera, como insiste, víctima de una serie increíble de campañas difamatorias asombrosamente eficaces, el que a juicio del grueso de sus compatriotas haya llegado a simbolizar la corrupción institucionalizada sería de por sí más que suficiente como para descalificarlo. De consolidarse la convicción de que el país está en manos de ladrones, es inevitable que todas sus partes se vean contagiadas por el mal, razón por la que en los años que siguieron al inicio de la larga gestión de Menem, la que desde el vamos se caracterizaba por la sensación de que la corrupción se había hecho ubicua, la ciudadanía tendría motivos de sobra para perder confianza en la Justicia, la Policía, el Congreso, los partidos políticos y el sector privado, deslizándose en consecuencia hacia la desastrosa crisis generalizada actual que tantos perjuicios nos está causando.
