Denuncia penal contra el gobernador Schiaretti por incendios en Córdoba
La organización ambientalista Funam consideró que el mandatario actuó con "demora en pedir apoyo urgente". El fuego comenzó en junio y se mantuvo activo ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Una organización ambientalista promovió una denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti. Foto archivo.
La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) presentó hoy una denuncia para que se investigue al gobernador Juan Schiaretti, y funcionarios del Gobierno local, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades penal por no haber actuado de manera temprana en los incendios forestales que, según los datos oficiales preliminares, entre junio y setiembre ya arrasaron con cerca de 200 mil hectáreas en Córdoba.
La denuncia penal fue promovida por el titular de la Funam, Raúl Montenegro, acompañado por el abogado Juan Carlos Smith, y fue ingresada en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 5, de la ciudad de Córdoba, detalla la información suministrada a los medios por la entidad ambiental que es miembro consultivo del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Funam entiende que el gobernador Schiaretti actuó con «demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones» para combatir los incendios, ya que el fuego comenzó en junio y se mantuvo activo ininterrumpidamente hasta la actualidad.
En ese contexto, el escrito de la denuncia, asevera que el mandatario provincial «es el único responsable de decidir el requerimiento de auxilio de otras jurisdicciones en materia de Bomberos Voluntarios y tecnología de extinción de fuegos, previa declaración del estado de emergencia Amarillo o Rojo».
Añade al respecto que el requerimiento de ayuda fue «demorado en forma injustificada implicó», y que consecuentemente esa demora llevó a que «se registraran víctimas y daños incalculables a los bienes naturales de la provincia, y a los bienes particulares de personas afectadas».
En el planteo se pide a la Justicia que investigue al gobernador, y a los funcionarios de su gobierno, por los presuntos delitos del ‘abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos’, contemplados en el artículo 248 del Código Penal y por las infracciones a los artículos 186, 188 y 189, vinculados a los ‘delitos contra la seguridad pública’, particularmente a los ‘incendios y otros estragos’.
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