Denunciaron a un director de escuela de Chos Malal por violencia de género
Hay tres denuncias en su contra. El caso está judicializado. El docente tiene prohibición de realizar actos de intimidación pero aún no fue apartado del cargo.
Trabajadoras de la educación de la EPET 13 de Chos Malal denunciaron violencia de género por parte del director del establecimiento Jorge Daniel Blasco, en el marco de la Ley 2785.
El caso está judicializado y el director tiene prohibición de realizar actos de intimidación y perturbación, pero esperan que el Consejo Provincial de Educación –que tiene conocimiento de las denuncias- tome cartas en el asunto dado que todos trabajan en el mismo ámbito laboral.
El hecho tiene como protagonistas a una docente, una preceptora y la vicedirectora de la EPET 13, quienes denunciaron al director de la escuela por hechos de violencia.
Colectiva Feministas Las Peludas responsabilizaron al Consejo Provincial de Educación por no apartar del cargo a Blasco, pese a las tres denuncias de violencia que existen en su contra.
“La inacción del CPE genera un ambiente de continuidad de hostigamiento en la institución, afectando a toda la comunidad educativa y vulnerando el derecho al trabajo de las mujeres” indica el comunicado de Colectiva Feminista Las Peludas.
“Reiteramos la solicitud de apartamiento del cargo mientras se inicia la investigación sumariante” indicaron.
Por su parte Teresa Alarcón, vicedirectora del establecimiento educativo en diálogo con este medio indicó que formalizó la denuncia en la Juzgado Civil de Chos Malal quien dispuso prohibir a Jorge Daniel Blasco “la realización de actos de intimidación y perturbación directa o indirectamente hacia mi persona”.
El director deberá entre otras cosas “no proferir gritos, insultos o amenazas, realizar gestos, constituirse en forma intimidatoria en lugar por donde la víctima deba pasar, el domicilio e la víctima o en su trabajo o lugares de recreación, realizar llamadas telefónicas injustificadas, enviar mensajes de texto o por otros medios de comunicación electrónico” entre otros, todo ello bajo apercibimiento de aplicar astreintes, esto es sanciones valuadas en dinero por el incumplimiento a la orden judicial.
La docente se encuentra con licencia psicológica, pues la orden judicial es de difícil cumplimiento porque trabajan en el mismo ámbito laboral, que es la escuela.
Teresa Alarcón aspira a poder regresar al establecimiento educativo y poder ejercer su profesión al igual que las otras dos mujeres afectadas por los hechos de violencia, por lo que solicitan al CPE tome cartas en el asunto y se resuelva la situación del director.
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