Deuda: a los legisladores de Río Negro y Neuquén

Finalizado el ultimo experimento neoliberal aplicado en la República Argentina (economía financiarizada, destrucción de industrias, desempleo, endeudamiento público y concentración del ingreso) con incluso peores resultados que los anteriores (dada la brevedad en evidenciarse los resultados), resta concluir por lo menos un consenso básico para todos: el endeudamiento externo es una herramienta que nos asegura no ser política y económicamente soberanos, y por cierto subdesarrollados.

Se trata de un dato duro que concluyen los estudios realizados sobre deuda publica en el mundo (salvo los emitidos por el FMI, el Banco Mundial) tanto por instituciones académicas como por estudiosos de la materia.

Por cierto me refiero a la deuda pública en moneda extranjera no destinada a obras de infraestructura o servicios derivados, la cual se direccionaba a proyectos económicos que aumentan las capacidades de generar riqueza (más producción, más recaudación de impuestos, más empleo, etc.) de un país.

Se trata de deuda emitida en moneda extranjera para financiar gastos corrientes, pago de intereses de deuda ya existente, financiamiento de fuga de capitales (deuda en dólares que ingresa y luego es sacada del sistema por particulares fuera del país sin ingresar al sistema productivo); como justamente ocurriera en la recién finalizada administración, así como sucedió durante la última dictadura militar o en las sucesivas gestiones del ministro Cavallo y los intermedios a este.

De esta forma se reinicia el ciclo de endeudamiento-pago, con la conclusión evidente de más pobreza y nuevas décadas de retraso en nuestro crecimiento.

Se trata de una cuestión de Estado que debe abordarse, una política, un motivo que hace a nuestra propia sobrevivencia y a la defensa del patrimonio nacional. La Argentina tiene su moneda, con ella paga la mayoría de sus gastos internos y los externos (importaciones, deuda pública, gastos de turismo), con dólares mayoritariamente. Se trata de una mercadería (el dólar) que no fabrica, que no emite y que por ende es escasa. Solo la podemos obtener en forma genuina a través de superávit de exportaciones sobre importaciones, o a través de inversión extranjera en el país (dólares que se cambian por pesos al entrar). De no contar con esos medios debemos endeudarnos. Lo peor del caso es que durante los últimos 40 años nos hemos endeudado fundamentalmente para ingresar dólares que luego se dirigen a pagar deuda en dólares, o cambiarlos por pesos para cancelar gastos corrientes (en pesos) y esos dólares luego son vendidos (a través del BCRA) a privados para sacarlos del país. Se dirá que se debe a una falta de confianza en la Argentina, a la inflación o al déficit fiscal, argumentos todos ellos atendibles. Pero es imprescindible ponerle un freno legal al endeudamiento externo, un límite.

Los legisladores nacionales de nuestras provincias (entendidas como una zona que debería integrarse aún más) tienen una enorme posibilidad de ingresar en la historia grande de la Argentina impulsando un proyecto de ley de estas características. Por cierto lo óptimo sería una reforma constitucional (como Alemania, Suiza, España), pero una ley especial que limite el porcentaje de deuda externa en moneda extranjera (Nicaragua, Ecuador y República Dominicana tienen legislaciones específicas que con mayor o menor resultado imponen esos límites) sería un primer avance. Se trata de fijar un porcentaje sobre el PBI (producto bruto interno) que no sea superado en su porcentual (entre el 40% y el 50% se considera una ratio razonable), que opere como límite al endeudamiento público en moneda extranjera y que solo pueda ser superado en caso de graves catástrofes nacionales o eventos excepcionales (así lo establece la ley alemana y suiza).

La ley de Administración Financiera nacional (Nº 24156) y su reglamento da algunas directrices sobre el tema, pero no alcanzan especificar un límite y sancionar la violación del mismo. Por cierto la Constitución nacional faculta al Congreso a resolver las cuestiones de endeudamiento público, pero hemos visto durante los últimos años cómo se ha violado sistemáticamente esa disposición. No puedo omitir el loable proyecto de ley presentado en el 2016 por el diputado Guillermo Carmona y un grupo de legisladores nacionales (FpV-PJ) que apuntaba a limitar el endeudamiento público, avizorando el proceso que se estaba desarrollando y se intensificó descabelladamente durante 2017/18/19, desembocando en la situación actual. No existió en los grandes medios de comunicación y tampoco fue aprobado.

La ley que se propone no debe ser ni técnicamente compleja, ni extensa, sino concreta en torno a fijar un porcentaje del PBI como tope al endeudamiento en moneda extranjera, con escasas excepciones para situaciones extraordinarias y sanciones precisas para los funcionarios que la violen.

Es preciso que a través de la ley y la disuasión que la violación de la misma provoca abordemos este flagelo que nos aqueja –con la directa ejecución de funcionarios nacionales– para terminar con las consecuencias que implica el endeudamiento externo en moneda extranjera.

No más deuda a 100 años, no más FMI para pagar a los acreedores extranjeros que prestan sin partida específica para inversión, no más funcionarios que nos condenen al condicionamiento externo histórico que colabora con nuestro fracaso recurrente.